San Pedro Sula, Honduras.
Los enemigos están en casa. Más de 3,000 personas que a diario llegan al hospital Mario Rivas corren el riesgo de ser víctimas de una red de estafadores formada por un grupo de empleados que se aprovechan de la necesidad y el dolor de los enfermos para lucrarse.
Primero fue la banda de Los Zopilotes, que se dedicaba a desconectar pacientes para provocarles la muerte y vender ataúdes a sus familiares. La comisión interventora y la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) desbarataron sus operaciones en julio pasado.
El Rivas está resguardado permanentemente por 35 agentes de la Policía Militar que se ubican de forma estratégica en los accesos, pero esto no ha sido impedimento para que continúen los hechos delictivos.
Infiltrados
LA PRENSA constató las denuncias de ciudadanos que afirman que empleados del hospital piden dinero por agilizar los trámites.
“Hemos identificado a cinco trabajadores de áreas importantes que extorsionan pidiendo dinero a cambio de trámites, constancias o medicinas.
Tenemos nombres y estamos investigando a profundidad”, asegura el coronel Saúl Carrillo, integrante de la comisión interventora y jefe de Seguridad del Rivas.
Carrillo agrega que aunque hacen una amplia vigilancia en las áreas para constatar que no hay personas ajenas a la institución, no pueden asegurar ni descartar que la banda de Los Zopilotes tenga infiltrados o alianzas con trabajadores del nosocomio sampedrano.
Cobros
Algunos pacientes han notificado que les han exigido entre 500 y 1,000 lempiras cuando piden con urgencia un expediente clínico que en ocasiones es solicitado por la Fiscalía para algún juicio.
Normalmente, este documento cuesta L100 y solo se paga en la caja del centro hospitalario.
Una afectada hizo una denuncia por escrito a las autoridades del Rivas en la que notifica que una enfermera le pedía 1,600 lempiras diarios por dar atención preferencial y personalizada para su madre. Se negó a pagar esa cantidad y dejaron de atender a la enferma como método de presión para que accediera al pago.
La enfermera fue destituida.
Otro caso fue el de Dolores, quien no quiso dar sus apellidos por seguridad y entregó dinero por una camilla para su progenitora.
“Me pidieron 700 lempiras por conseguirme una camilla cuando tenía a mi mamá en Emergencia y los di porque me pareció que no tenía otra opción”, indica.
Merlin Fernández, presidente de la interventora, dice que quienes cometan estos delitos serán puestos a la orden de la justicia. “Quienes no tienen recursos para pagar los trámites son enviados a la oficina de Servicio Social y allí se hace un estudio.
Si se comprueba que la persona no tiene dinero, no paga nada por el documento requerido”.
Credenciales
Los agentes de seguridad detectaron también a algunos estudiantes de la carrera de Medicina que hacen el internado en el Rivas y pagaban entre 250 y 300 lempiras para duplicar las credenciales con el fin de hacerse pasar por colaboradores y estacionar sus vehículos en el parqueo de empleados.
Además se ha identificado a una señora que finge ser familiar de algunos pacientes y entra a robar celulares. Las autoridades del hospital piden a los ciudadanos que no formen parte del problema ni se dejen embaucar por los estafadores. Así también llaman a los afectados a denunciar los hechos.
Los enemigos están en casa. Más de 3,000 personas que a diario llegan al hospital Mario Rivas corren el riesgo de ser víctimas de una red de estafadores formada por un grupo de empleados que se aprovechan de la necesidad y el dolor de los enfermos para lucrarse.
Primero fue la banda de Los Zopilotes, que se dedicaba a desconectar pacientes para provocarles la muerte y vender ataúdes a sus familiares. La comisión interventora y la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) desbarataron sus operaciones en julio pasado.
El Rivas está resguardado permanentemente por 35 agentes de la Policía Militar que se ubican de forma estratégica en los accesos, pero esto no ha sido impedimento para que continúen los hechos delictivos.
Infiltrados
LA PRENSA constató las denuncias de ciudadanos que afirman que empleados del hospital piden dinero por agilizar los trámites.
“Hemos identificado a cinco trabajadores de áreas importantes que extorsionan pidiendo dinero a cambio de trámites, constancias o medicinas.
Tenemos nombres y estamos investigando a profundidad”, asegura el coronel Saúl Carrillo, integrante de la comisión interventora y jefe de Seguridad del Rivas.
Carrillo agrega que aunque hacen una amplia vigilancia en las áreas para constatar que no hay personas ajenas a la institución, no pueden asegurar ni descartar que la banda de Los Zopilotes tenga infiltrados o alianzas con trabajadores del nosocomio sampedrano.
 Este documento es una denuncia oficial que personas afectadas enviaron a las autoridades del hospital Mario Rivas, en la que explican que les cobraban 1,600 lempiras al día por dar trato personalizado a la interna. En la nota, los familiares explican que tomaron la decisión de sacar a la paciente del hospital porque se sentían presionados a pagar.
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Algunos pacientes han notificado que les han exigido entre 500 y 1,000 lempiras cuando piden con urgencia un expediente clínico que en ocasiones es solicitado por la Fiscalía para algún juicio.
Normalmente, este documento cuesta L100 y solo se paga en la caja del centro hospitalario.
Una afectada hizo una denuncia por escrito a las autoridades del Rivas en la que notifica que una enfermera le pedía 1,600 lempiras diarios por dar atención preferencial y personalizada para su madre. Se negó a pagar esa cantidad y dejaron de atender a la enferma como método de presión para que accediera al pago.
La enfermera fue destituida.
Otro caso fue el de Dolores, quien no quiso dar sus apellidos por seguridad y entregó dinero por una camilla para su progenitora.
“Me pidieron 700 lempiras por conseguirme una camilla cuando tenía a mi mamá en Emergencia y los di porque me pareció que no tenía otra opción”, indica.
Merlin Fernández, presidente de la interventora, dice que quienes cometan estos delitos serán puestos a la orden de la justicia. “Quienes no tienen recursos para pagar los trámites son enviados a la oficina de Servicio Social y allí se hace un estudio.
Si se comprueba que la persona no tiene dinero, no paga nada por el documento requerido”.
 Familiares pagan hasta 700 lempiras por una camilla.
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Los agentes de seguridad detectaron también a algunos estudiantes de la carrera de Medicina que hacen el internado en el Rivas y pagaban entre 250 y 300 lempiras para duplicar las credenciales con el fin de hacerse pasar por colaboradores y estacionar sus vehículos en el parqueo de empleados.
Además se ha identificado a una señora que finge ser familiar de algunos pacientes y entra a robar celulares. Las autoridades del hospital piden a los ciudadanos que no formen parte del problema ni se dejen embaucar por los estafadores. Así también llaman a los afectados a denunciar los hechos.
