Tegucigalpa, Honduras.
Tras 14 años de haber entrado en vigencia el Código Procesal Penal, la justicia en Honduras sigue siendo tardía y las cárceles continúan atestadas de presos, incumpliéndose los principios de presunción de inocencia y celeridad en la impartición de justicia.
El sistema judicial hondureño sufrió un cambio radical a partir de febrero de 2002, cuando entró en vigor el nuevo proceso penal y quedó derogado el obsoleto sistema inquisitivo, escrito y secreto que por años primó en los tribunales de justicia. Sin embargo, expertos en la materia consultados por LA PRENSA coincidieron en que los resultados no han sido alentadores porque todavía hay una enorme deuda y brecha que saldar por parte de los operadores judiciales con los hondureños que demandan justicia oportuna.
El Código Procesal Penal incorporó como sus principales innovaciones los principios de criterio de oportunidad, el juicio abreviado, la concepción de la prisión preventiva -ya no como regla general, sino con carácter excepcional dentro de un abanico de medidas sustitutivas a la misma- y la preeminencia de los juicios orales a los escritos.
Con lo anterior se buscaba descongestionar de miles de procesados por delitos bagatela y sin sentencia las cárceles, así como darle celeridad al sistema y reducir la enorme mora judicial acumulada por décadas.
Reos y juicios
Quince años después, la sobrepoblación en los presidios ha empeorado, lejos de mejorar, y muchos juicios siguen estancados. Muestra de ello es que de 2009 al 17 de agosto de 2016 la población penitenciaria aumentó de 11,197 a 17,316 privados de libertad, de los que 435 son mujeres, según datos del Comité de Prevención Contra la Tortura (Conaprev).
De ese total, 8,525 reos estaban procesados o con prisión preventiva y solo 7,742 reclusos habían recibido condena.
Por otro lado, entre 2003 (un año después de la vigencia del Código) y 2015, las diferentes instancias del Poder Judicial tramitaron 366,855 juicios de índole penal, de los cuales se resolvieron 292,623 y quedaron un total de 74,232 casos pendientes de resolver, conforme a un informe del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (Cedij).
Frente a esas cifras, el Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad en su diagnóstico del sistema de administración de justicia penal de Honduras concluyó que la eficiencia de las instituciones de impartición de justicia presentan resultados muy bajos según la tasa de resolución y el número de asuntos pendientes.
Agrega que si bien hay toda una estructura para facilitar el acceso a la justicia, su nivel de respuesta es limitada y se traduce en una negación de este derecho a la mayoría de la población. Por otro lado, la política criminal que se sigue privilegia la judicialización de casos, la sanción privativa de libertad y la aplicación excesiva de las medidas de prisión preventiva.
La reforma
Félix ávila, exjuez y experto en derecho procesal penal, opinó que tras 15 años de vigencia plena, el Código ha contribuido positivamente al Estado de derecho y a que Honduras tenga un sistema procesal penal respetuoso de las garantías y libertades de la persona. No obstante, objetó que se puede tener una buena ley, pero si su implementación no responde a esos principios, de nada servirá.
Detalló que en 15 años los tribunales de sentencia y la contratación de jueces profesionales no han crecido y ejemplificó que solo Tegucigalpa debería tener por lo menos 10 o 12 salas de juicios orales. Asimismo, deploró que hoy en día muchos juicios se están señalando para un año, lo cual es demasiado retraso. Además, que no se están respetando las medidas cautelares a la prisión preventiva.
El jurista consideró que a raíz de la política de seguridad de los últimos Gobiernos esas garantías han venido disminuyendo, y producto de ello es la reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal, que amplió el catálogo de delitos a los que los jueces y magistrados no pueden aplicar medidas sustitutivas a la prisión.
Tras 14 años de haber entrado en vigencia el Código Procesal Penal, la justicia en Honduras sigue siendo tardía y las cárceles continúan atestadas de presos, incumpliéndose los principios de presunción de inocencia y celeridad en la impartición de justicia.
El sistema judicial hondureño sufrió un cambio radical a partir de febrero de 2002, cuando entró en vigor el nuevo proceso penal y quedó derogado el obsoleto sistema inquisitivo, escrito y secreto que por años primó en los tribunales de justicia. Sin embargo, expertos en la materia consultados por LA PRENSA coincidieron en que los resultados no han sido alentadores porque todavía hay una enorme deuda y brecha que saldar por parte de los operadores judiciales con los hondureños que demandan justicia oportuna.
| 8,525
Personas
Se encuentran guardando prisión preventiva en las diferentes cárceles del país, lo cual causa hacinamiento
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Con lo anterior se buscaba descongestionar de miles de procesados por delitos bagatela y sin sentencia las cárceles, así como darle celeridad al sistema y reducir la enorme mora judicial acumulada por décadas.
Reos y juicios
Quince años después, la sobrepoblación en los presidios ha empeorado, lejos de mejorar, y muchos juicios siguen estancados. Muestra de ello es que de 2009 al 17 de agosto de 2016 la población penitenciaria aumentó de 11,197 a 17,316 privados de libertad, de los que 435 son mujeres, según datos del Comité de Prevención Contra la Tortura (Conaprev).
De ese total, 8,525 reos estaban procesados o con prisión preventiva y solo 7,742 reclusos habían recibido condena.
| 7,742
Presos
Que están en los presidios del país ya fueron condenados por los delitos cometidos
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Frente a esas cifras, el Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad en su diagnóstico del sistema de administración de justicia penal de Honduras concluyó que la eficiencia de las instituciones de impartición de justicia presentan resultados muy bajos según la tasa de resolución y el número de asuntos pendientes.
Agrega que si bien hay toda una estructura para facilitar el acceso a la justicia, su nivel de respuesta es limitada y se traduce en una negación de este derecho a la mayoría de la población. Por otro lado, la política criminal que se sigue privilegia la judicialización de casos, la sanción privativa de libertad y la aplicación excesiva de las medidas de prisión preventiva.
La reforma
Félix ávila, exjuez y experto en derecho procesal penal, opinó que tras 15 años de vigencia plena, el Código ha contribuido positivamente al Estado de derecho y a que Honduras tenga un sistema procesal penal respetuoso de las garantías y libertades de la persona. No obstante, objetó que se puede tener una buena ley, pero si su implementación no responde a esos principios, de nada servirá.
Detalló que en 15 años los tribunales de sentencia y la contratación de jueces profesionales no han crecido y ejemplificó que solo Tegucigalpa debería tener por lo menos 10 o 12 salas de juicios orales. Asimismo, deploró que hoy en día muchos juicios se están señalando para un año, lo cual es demasiado retraso. Además, que no se están respetando las medidas cautelares a la prisión preventiva.
El jurista consideró que a raíz de la política de seguridad de los últimos Gobiernos esas garantías han venido disminuyendo, y producto de ello es la reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal, que amplió el catálogo de delitos a los que los jueces y magistrados no pueden aplicar medidas sustitutivas a la prisión.
