San Pedro Sula, Honduras.
Las cárceles de Honduras, escenarios de hechos macabros, albergan a más de 16,000 reclusos, una cantidad desbordante y sin precedentes, reflejo de las enormes fallas que presenta el sistema judicial.
En los últimos siete años (entre 2009 y 2015), la población penitenciaria creció una cantidad similar (cinco mil reclusos) a la observada en un período de 18 años (entre 1991 y 2008). Estos números no son precisamente un equivalente de que todos los operadores son eficientes, según exfuncionarios, abogados y exacusados consultados por diario LA PRENSA.
El Diagnóstico Sobre el Funcionamiento del Sistema de Administración de Justicia Penal del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, señala que más del 53% de esa población no está condenada, mas es tratada como culpable, pues permanece recluida hasta dos años.
El artículo 89 de la Constitución reza que “toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”; pero los jueces, basados en el artículo 184 del Código Procesal Penal, dictan prisión preventiva a los encausados.
En la última semana, periodistas de LA PRENSA conocieron casos de varios hondureños que tuvieron que esperar dos años dentro de un presidio para que el Tribunal de Sentencia les dijera que son inocentes.
Sin embargo, este panorama podría cambiar si la Corte Suprema de Justicia logra, en los próximos meses, detectar las debilidades y presentar reformas al esquema jurídico.
La Corte Suprema ha creado la Unidad Técnica de Revisión del Sistema Jurídico Nacional que tendrá como objetivo revisar los procedimientos y la normativa en todos los ámbitos: penal, civil, laboral, niñez, familia, contencioso-administrativo. Con el acuerdo N° PCSJ 7-2016, la Corte plantea que la unidad se encargará de identificar “los aspectos legales que dilaten, obstaculicen o dificulten el normal desarrollo de los procesos jurisdiccionales”.
Esa unidad le presentará la propuesta a la presidencia de la Corte y esta llevará el planteamiento al seno de la institución, desde donde impulsarán las reformas para que “la justicia (...) actúe con rapidez, eficacia y calidad, con métodos más modernos (...)”, indica el acuerdo.
Julio Orellana, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) en el norte, está seguro que “el sistema judicial está presentando muchas fallas” y es necerario que la Corte Suprema actué con celeridad. “Hay jueces que no están actuando como debe ser, la Fiscalía está fallando, no está investigando. Hay personas inocentes en los centros penales. Eso es injusto, es incorrecto”, dijo.
Las cárceles de Honduras, escenarios de hechos macabros, albergan a más de 16,000 reclusos, una cantidad desbordante y sin precedentes, reflejo de las enormes fallas que presenta el sistema judicial.
En los últimos siete años (entre 2009 y 2015), la población penitenciaria creció una cantidad similar (cinco mil reclusos) a la observada en un período de 18 años (entre 1991 y 2008). Estos números no son precisamente un equivalente de que todos los operadores son eficientes, según exfuncionarios, abogados y exacusados consultados por diario LA PRENSA.
El Diagnóstico Sobre el Funcionamiento del Sistema de Administración de Justicia Penal del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, señala que más del 53% de esa población no está condenada, mas es tratada como culpable, pues permanece recluida hasta dos años.
| Unidad técnica
1. Creación de una nueva unidad de revisión
La Corte Suprema de Justicia creó el 2 de agosto la Unidad Técnica de Revisión del Sistema Jurídico Nacional con el fin de modernizar el sistema.
2. Será un órgano de apoyo para la Corte
Revisará y analizará la normativa en todas las materias para identificar aspectos legales que dilaten, obstaculicen o dificulten el normal desarrollo de los procesos jurisdiccionales y proponga a la Presidencia, y esta a su vez al pleno de la Corte Suprema de Justicia, anteproyectos de reforma legislativa que solucionen los problemas.
3. 3Contará con especialistas
La nueva unidad contará con un coordinador, equipo de especialistas legales y personal técnico y administrativo.
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En la última semana, periodistas de LA PRENSA conocieron casos de varios hondureños que tuvieron que esperar dos años dentro de un presidio para que el Tribunal de Sentencia les dijera que son inocentes.
Sin embargo, este panorama podría cambiar si la Corte Suprema de Justicia logra, en los próximos meses, detectar las debilidades y presentar reformas al esquema jurídico.
La Corte Suprema ha creado la Unidad Técnica de Revisión del Sistema Jurídico Nacional que tendrá como objetivo revisar los procedimientos y la normativa en todos los ámbitos: penal, civil, laboral, niñez, familia, contencioso-administrativo. Con el acuerdo N° PCSJ 7-2016, la Corte plantea que la unidad se encargará de identificar “los aspectos legales que dilaten, obstaculicen o dificulten el normal desarrollo de los procesos jurisdiccionales”.
Esa unidad le presentará la propuesta a la presidencia de la Corte y esta llevará el planteamiento al seno de la institución, desde donde impulsarán las reformas para que “la justicia (...) actúe con rapidez, eficacia y calidad, con métodos más modernos (...)”, indica el acuerdo.
Julio Orellana, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) en el norte, está seguro que “el sistema judicial está presentando muchas fallas” y es necerario que la Corte Suprema actué con celeridad. “Hay jueces que no están actuando como debe ser, la Fiscalía está fallando, no está investigando. Hay personas inocentes en los centros penales. Eso es injusto, es incorrecto”, dijo.
| Denuncias
El Colegio de Abogados de Honduras recibe constantemente denuncias contra jueces en materia penal, civil, laboral, por retrasar los juicios.
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Ramón Enrique Barrios, exjuez de sentencia en San Pedro Sula, es del criterio que “en Honduras hay unas leyes que se les aplica a los pobres, otras a los ricos y otras a funcionarios del Gobierno (de todos los tiempos)”. Barrios cree que un caso de materia penal no debería superar los nueve meses . Para él “es injusto que una persona permanezca dos años para llegar a juicio”. Como juez observó los errores que desembocan en injusticia y, ahora, como abogado privado debe soportar las fallas del sistema.
La semana anterior, el Tribunal de Sentencia le programó una audiencia de juicio oral y público para noviembre de 2017. Mientras tanto, su cliente deberá sufrir en el presidio.
“Esto no es culpa del Tribunal de Sentencia, no es un capricho del juez. El juez tiene su agenda llena. Se necesitan más tribunales de sentencia”, dijo. Adán Guillermo López, exjuez del Tribunal de Sentencia y miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), cree que la Unidad Técnica de Revisión del Sistema Jurídico, recién creada por la Corte, “podría ayudar a ver los problemas que están pasando la justicia laboral, civil, penal, familia, para buscar soluciones”. Pero “la justicia prevalecerá cuando no haya injerencia de los políticos y de grupos poderosos”.
