Tegucigalpa, Honduras.
La solicitud del Congreso Nacional a la Corte Suprema de Justicia encaminada a aclarar los efectos jurídicos de la sentencia que ha generado la polémica de la reelección está basada en ley y solo procura buscarle una solución a este caso, dijo Fernando Anduray, secretario ejecutivo de la Comisión Política del Partido Nacional.
“Es una decisión legislativa que no debe tener dudas, la única que puede decidir jurídicamente que el fallo constituye un pronunciamiento de un poder constituido del Estado sobre el asunto de la reelección es, precisamente, la Corte Suprema de Justicia”, dijo el profesional del Derecho Constitucional.
“El Congreso hace lo correcto para no abrogarse por sí mismo el derecho de decidir sobre este asunto y desde este punto de vista es correcto que se le pregunte a la Corte”.
El Congreso Nacional pidió a la Corte si la sentencia emitida el 22 de abril de 2015 “constituye pronunciamiento de un poder constituido con relación al tema de la reelección presidencial”. El artículo cinco constitucional, que recoge las figuras del plebiscito y del referéndum, precisa que “el plebiscito se convocará solicitando de los ciudadanos un pronunciamiento sobre aspectos constitucionales, legislativos o administrativos, sobre los cuales los poderes constituidos no han tomado ninguna decisión previa”.
Si la Corte dice que la sentencia que alude a la reelección es el resultado de “un poder constituido”, para Anduray el Congreso no podrá darle trámite a ninguna iniciativa que pide el plebiscito. Para el abogado Juan Carlos Barrientos, “es incorrecto que el Congreso Nacional haya pedido una opinión a la Corte”.
La solicitud del Congreso Nacional a la Corte Suprema de Justicia encaminada a aclarar los efectos jurídicos de la sentencia que ha generado la polémica de la reelección está basada en ley y solo procura buscarle una solución a este caso, dijo Fernando Anduray, secretario ejecutivo de la Comisión Política del Partido Nacional.
“Es una decisión legislativa que no debe tener dudas, la única que puede decidir jurídicamente que el fallo constituye un pronunciamiento de un poder constituido del Estado sobre el asunto de la reelección es, precisamente, la Corte Suprema de Justicia”, dijo el profesional del Derecho Constitucional.
“El Congreso hace lo correcto para no abrogarse por sí mismo el derecho de decidir sobre este asunto y desde este punto de vista es correcto que se le pregunte a la Corte”.
El Congreso Nacional pidió a la Corte si la sentencia emitida el 22 de abril de 2015 “constituye pronunciamiento de un poder constituido con relación al tema de la reelección presidencial”. El artículo cinco constitucional, que recoge las figuras del plebiscito y del referéndum, precisa que “el plebiscito se convocará solicitando de los ciudadanos un pronunciamiento sobre aspectos constitucionales, legislativos o administrativos, sobre los cuales los poderes constituidos no han tomado ninguna decisión previa”.
Si la Corte dice que la sentencia que alude a la reelección es el resultado de “un poder constituido”, para Anduray el Congreso no podrá darle trámite a ninguna iniciativa que pide el plebiscito. Para el abogado Juan Carlos Barrientos, “es incorrecto que el Congreso Nacional haya pedido una opinión a la Corte”.
