Tegucigalpa, Honduras.
La galopante corrupción en los gobiernos municipales ha tenido un alto y grave impacto en las finanzas del Estado, pero fundamentalmente en la calidad de vida de miles de familias pobres de Honduras que no reciben los beneficios de los dineros públicos.
Lo anterior se desprende de un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el que se detalla que en los últimos cuatro años y medio se malversaron más de 520.9 millones de lempiras en alrededor de un centenar de alcaldías del país.
El dato proviene de unas 334 auditorías especiales efectuadas entre los años 2010 y 2015 en varias municipalidades del país, que a su vez indicaron 2,905 responsabilidades civiles, 1,165 administrativas y 13 responsabilidades de índole penal contra funcionarios y empleados municipales.
En ese sentido, el valor de lo defraudado al Estado y que no encuentra sustento legal ascendió a 520,903,565 lempiras, una cifra estratosférica con la cual pudieron construirse varias escuelas y centros de salud en el interior del país.
Las investigaciones demuestran que en 2010 se detectó una defraudación por un valor de 41.9 millones de lempiras, en 2011, 142.6 millones, en 2012, 135.6 millones, en 2013 , 94.1 millones y en 2014, 106.5 millones para redondear la cantidad antes mencionada.
A partir de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), los niveles de latrocinio y apropiación indebida de fondos públicos en los gobiernos municipales del país es altamente alarmante y ha llamado a preocupación a sus autoridades.
El TSC detalla que entre 2004 y 2015 se efectuaron 773 auditorías en los 18 departamentos del país, que dejaron datos preocupantes en torno al destino de los fondos aportados por la ciudadanía por medio de sus impuestos.
Las anomalías
Entre los principales hallazgos del TSC se encontraron el pago de obras no ejecutadas, erogaciones sin soporte documental, la no existencia de controles adecuados para el manejo del efectivo, el uso inadecuado de los recursos de la Estrategia para Reducción de la Pobreza.
Asimismo, erogaciones irregulares para la ejecución de obras y proyectos, como compra de materiales y suministros, que carecen de documentación de respaldo legal ni cuentan con presupuesto aprobado.
También se detectaron casos de funcionarios y empleados municipales que no liquidaron los viáticos, horas extras, abuso y excesos en uso de teléfonos celulares, pago de dietas y ayudas y pago de salarios a “paracaidistas”.
Otras inconsistencias se relacionan a cálculos de impuestos, retenciones del Impuestos Sobre la Renta (ISR), otorgamiento de dominios plenos, intereses bancarios no registrados en forma oportuna en los informes financieros, desembolsos en concepto de alimentación y ayudas sociales no documentados adecuadamente, e inexistencia de registros de cuentas por pagar.
También se encontraron violaciones a las leyes de Municipalidades y otras normas.
La galopante corrupción en los gobiernos municipales ha tenido un alto y grave impacto en las finanzas del Estado, pero fundamentalmente en la calidad de vida de miles de familias pobres de Honduras que no reciben los beneficios de los dineros públicos.
Lo anterior se desprende de un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el que se detalla que en los últimos cuatro años y medio se malversaron más de 520.9 millones de lempiras en alrededor de un centenar de alcaldías del país.
El dato proviene de unas 334 auditorías especiales efectuadas entre los años 2010 y 2015 en varias municipalidades del país, que a su vez indicaron 2,905 responsabilidades civiles, 1,165 administrativas y 13 responsabilidades de índole penal contra funcionarios y empleados municipales.
En ese sentido, el valor de lo defraudado al Estado y que no encuentra sustento legal ascendió a 520,903,565 lempiras, una cifra estratosférica con la cual pudieron construirse varias escuelas y centros de salud en el interior del país.
Las investigaciones demuestran que en 2010 se detectó una defraudación por un valor de 41.9 millones de lempiras, en 2011, 142.6 millones, en 2012, 135.6 millones, en 2013 , 94.1 millones y en 2014, 106.5 millones para redondear la cantidad antes mencionada.
A partir de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), los niveles de latrocinio y apropiación indebida de fondos públicos en los gobiernos municipales del país es altamente alarmante y ha llamado a preocupación a sus autoridades.
El TSC detalla que entre 2004 y 2015 se efectuaron 773 auditorías en los 18 departamentos del país, que dejaron datos preocupantes en torno al destino de los fondos aportados por la ciudadanía por medio de sus impuestos.
Las anomalías
Entre los principales hallazgos del TSC se encontraron el pago de obras no ejecutadas, erogaciones sin soporte documental, la no existencia de controles adecuados para el manejo del efectivo, el uso inadecuado de los recursos de la Estrategia para Reducción de la Pobreza.
Asimismo, erogaciones irregulares para la ejecución de obras y proyectos, como compra de materiales y suministros, que carecen de documentación de respaldo legal ni cuentan con presupuesto aprobado.
También se detectaron casos de funcionarios y empleados municipales que no liquidaron los viáticos, horas extras, abuso y excesos en uso de teléfonos celulares, pago de dietas y ayudas y pago de salarios a “paracaidistas”.
Otras inconsistencias se relacionan a cálculos de impuestos, retenciones del Impuestos Sobre la Renta (ISR), otorgamiento de dominios plenos, intereses bancarios no registrados en forma oportuna en los informes financieros, desembolsos en concepto de alimentación y ayudas sociales no documentados adecuadamente, e inexistencia de registros de cuentas por pagar.
También se encontraron violaciones a las leyes de Municipalidades y otras normas.
