Tegucigalpa, Honduras.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó ayer en firme, por unanimidad, el impuesto del 1.5% sobre las ventas brutas al rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el sector privado hondureño.
Melvin Duarte, portavoz de la CSJ, dijo que “el 1.5% queda firme y debe ser pagado tal y como ha sido establecido”, a la vez que agrega que “si existe algún tipo de inconformidad en el sistema de cobros de parte de algunos empresarios, pueden acudir a la instancia administrativa e interponer lo pertinente conforme a derecho, situación que ya les había sido negada”.
El primer punto del recurso interpuesto por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) argumenta que hay una infracción directa a los artículos 31 y 61 de la Constitución de la República, que se refieren a los tratados internacionales y al derecho de los extranjeros, lo que fue declarado inconstitucional.
Los otros cinco puntos argumentan una violación a los artículos 60, 109, 35 y 363 de la Constitución, que protegen la igualdad de derechos, la no aprobación de impuestos confiscatorios y que todos los ingresos fiscales constituyan un solo fondo.
Trasfondo legal
El impuesto del 1.5% fue aprobado por el Congreso Nacional como parte de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de Exoneraciones y Medidas Antievasión, publicada en el diario oficial La Gaceta el 21 de diciembre de 2013, entrando en vigor el 1 de enero de 2014. Según la legislación, están sujetas a este cobro las empresas que reportan ventas netas arriba de los 10 millones de lempiras y exonera de esta obligación a las que reportan menos de la cifra anterior y también a las compañías nuevas en sus dos primeros años tras su constitución.
En junio de 2014, el Cohep interpuso el recurso por considerar que dicho impuesto distorsiona la economía del país.
Además, el gremio empresarial considera el cobro como algo confiscatorio para las empresas y potencialmente nocivo para la inversión extranjera.
Reacción
Aline Flores, presidenta del Cohep, afirmó que “hay que evaluar el criterio jurídico (del fallo)” y negó que el reglamento aprobado para el cobro del impuesto haya sido consensuado con el sector privado. Flores agregó que “el efecto en las empresas es alto”.
La presidenta del gremio empresarial se lamentó sobre lo que llamó una justicia “empantanada”, señalando el hecho de que la Corte tardase un año en resolver el recurso, cuando en otros casos de tipo político “los resuelve enseguida”.
Emín Jorge Abufele, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), dijo que “en el caso del 1.5% viene a crear una dificultad” en momentos en los que lo que el país necesita es un sistema tributario que sea más “competitivo”.
Fernando García, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), dijo que los representantes legales de los empresarios estudiarán el fallo para definir cómo procederá ahora el sector privado.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó ayer en firme, por unanimidad, el impuesto del 1.5% sobre las ventas brutas al rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el sector privado hondureño.
Melvin Duarte, portavoz de la CSJ, dijo que “el 1.5% queda firme y debe ser pagado tal y como ha sido establecido”, a la vez que agrega que “si existe algún tipo de inconformidad en el sistema de cobros de parte de algunos empresarios, pueden acudir a la instancia administrativa e interponer lo pertinente conforme a derecho, situación que ya les había sido negada”.
El primer punto del recurso interpuesto por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) argumenta que hay una infracción directa a los artículos 31 y 61 de la Constitución de la República, que se refieren a los tratados internacionales y al derecho de los extranjeros, lo que fue declarado inconstitucional.
Los otros cinco puntos argumentan una violación a los artículos 60, 109, 35 y 363 de la Constitución, que protegen la igualdad de derechos, la no aprobación de impuestos confiscatorios y que todos los ingresos fiscales constituyan un solo fondo.
Trasfondo legal
El impuesto del 1.5% fue aprobado por el Congreso Nacional como parte de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de Exoneraciones y Medidas Antievasión, publicada en el diario oficial La Gaceta el 21 de diciembre de 2013, entrando en vigor el 1 de enero de 2014. Según la legislación, están sujetas a este cobro las empresas que reportan ventas netas arriba de los 10 millones de lempiras y exonera de esta obligación a las que reportan menos de la cifra anterior y también a las compañías nuevas en sus dos primeros años tras su constitución.
En junio de 2014, el Cohep interpuso el recurso por considerar que dicho impuesto distorsiona la economía del país.
Además, el gremio empresarial considera el cobro como algo confiscatorio para las empresas y potencialmente nocivo para la inversión extranjera.
Reacción
Aline Flores, presidenta del Cohep, afirmó que “hay que evaluar el criterio jurídico (del fallo)” y negó que el reglamento aprobado para el cobro del impuesto haya sido consensuado con el sector privado. Flores agregó que “el efecto en las empresas es alto”.
La presidenta del gremio empresarial se lamentó sobre lo que llamó una justicia “empantanada”, señalando el hecho de que la Corte tardase un año en resolver el recurso, cuando en otros casos de tipo político “los resuelve enseguida”.
Emín Jorge Abufele, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), dijo que “en el caso del 1.5% viene a crear una dificultad” en momentos en los que lo que el país necesita es un sistema tributario que sea más “competitivo”.
Fernando García, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), dijo que los representantes legales de los empresarios estudiarán el fallo para definir cómo procederá ahora el sector privado.
