Tegucigalpa, Honduras.
El pago de la publicidad en algunos medios de comunicación para incentivar a los hondureños a que apoyaran la cuarta urna impulsada por el exmandatario Manuel Zelaya Rosales fue a costillas de fondos destinados para reducir la pobreza en el país.
Así lo reveló el informe de la comisión multipartidaria del Congreso Nacional (CN), quien tuvo como finalidad revisar los avances de 11 casos emblemáticos de corrupción y dos crímenes de alto impacto, entre ellos el proyecto de la cuarta urna, en el cual se investigan seis casos donde se derrocharon casi 100 millones de lempiras.
En este tema, se investiga la erogación por casi 30 millones de lempiras a diferentes agencias publicitarias y medios de comunicación; fondos que eran provenientes del convenio con China-Taiwán.
Hechos
De acuerdo al documento, el 18 de diciembre del 2008, Rebeca Santos, quien fungía en ese momento como titular de la Secretaría de Finanzas, “autorizó de forma ilegal la transferencia de los 30 millones de lempiras”.
Lo anterior obedeció a que el expresidente Zelaya y Enrique Flores Lanza, en ese entonces ministro de la Presidencia, emitieron para esa propuesta dos acuerdos. Uno ordenaba transferir el dinero al Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis) y el otro a la Secretaría de la Presidencia, publicándose solo el primero en el Diario Oficial La Gaceta.
No obstante, el dinero se transfirió, beneficiando según el informe a José Antonio Borjas Massis, quien se desempeñaba como viceministro de Finanzas y provocó una ampliación del Presupuesto sin autorización del Congreso.
Asimismo, César Arnulfo Salgado Sauceda, ministro director del Fhis en ese entonces, ejecutó dichos fondos sin cumplir con los requisitos y procedimientos exigidos en materia administrativa y de auditoría.
Proceso
A dos implicados en este caso se les presentó requerimiento fiscal en contra por los delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la Administración Pública; contra Salgado Sauceda, se le acusa del delito de uso de documentos públicos falsos en perjuicio de la fe pública.
En cambio, a Zelaya se le imputó el delito de falsificación de documento público en perjuicio de la fe pública, en concurso real con dos delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la Administración Pública.
El requerimiento fiscal se presentó el 5 de julio del 2009, pero judicialmente se ordenó sobreseimiento definitivo a todos los imputados por el delito de abuso de autoridad, con fundamento en el Decreto de Amnistía decretado por el CN derivado de los Acuerdos de Cartagena.
Otras investigaciones
También el informe apunta que han transcurrido más de cinco años y no hay grandes avances en el caso denominado el “carretillazo”, porque en la misma administración de Zelaya se realizó ilegalmente el retiro en efectivo por 40 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras.
Este monto fue sustraído en una carretilla por Flores Lanza, a quien se le libró orden de captura, pero no se ha presentado ante las autoridades.
El año pasado la Fiscalía Especial contra la Corrupción abrió de oficio una denuncia que se relaciona con la supuesta declaración de Flores Lanza que admitía y reveló a quiénes fueron entregados los fondos para la conclusión del proyecto de la cuarta urna; por lo que se pide en el informe que se termine la auditoría forense y evacuar las declaraciones administrativas a los implicados.
Entre ellos están: Rixi Moncada, José Raúl Valladares, Fredys Alonso Cerrato, Rafael Edgardo Barahona, Julio César Quintanilla y Doris Yolanda García.
De igual manera, se destaca el atraso en otra línea de investigación, que es el retiro irregular de 10 millones de lempiras del BCH, a través de un cheque librado por la Tesorería General de la República a favor de Casa Presidencial.
El pago de la publicidad en algunos medios de comunicación para incentivar a los hondureños a que apoyaran la cuarta urna impulsada por el exmandatario Manuel Zelaya Rosales fue a costillas de fondos destinados para reducir la pobreza en el país.
Así lo reveló el informe de la comisión multipartidaria del Congreso Nacional (CN), quien tuvo como finalidad revisar los avances de 11 casos emblemáticos de corrupción y dos crímenes de alto impacto, entre ellos el proyecto de la cuarta urna, en el cual se investigan seis casos donde se derrocharon casi 100 millones de lempiras.
En este tema, se investiga la erogación por casi 30 millones de lempiras a diferentes agencias publicitarias y medios de comunicación; fondos que eran provenientes del convenio con China-Taiwán.
Hechos
De acuerdo al documento, el 18 de diciembre del 2008, Rebeca Santos, quien fungía en ese momento como titular de la Secretaría de Finanzas, “autorizó de forma ilegal la transferencia de los 30 millones de lempiras”.
Lo anterior obedeció a que el expresidente Zelaya y Enrique Flores Lanza, en ese entonces ministro de la Presidencia, emitieron para esa propuesta dos acuerdos. Uno ordenaba transferir el dinero al Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis) y el otro a la Secretaría de la Presidencia, publicándose solo el primero en el Diario Oficial La Gaceta.
No obstante, el dinero se transfirió, beneficiando según el informe a José Antonio Borjas Massis, quien se desempeñaba como viceministro de Finanzas y provocó una ampliación del Presupuesto sin autorización del Congreso.
Asimismo, César Arnulfo Salgado Sauceda, ministro director del Fhis en ese entonces, ejecutó dichos fondos sin cumplir con los requisitos y procedimientos exigidos en materia administrativa y de auditoría.
| EnriqueFlores Lanza, exministro de la Presidencia en el gobierno de Zelaya es el principal señalado en el informe de la comisión multipartidaria.
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A dos implicados en este caso se les presentó requerimiento fiscal en contra por los delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la Administración Pública; contra Salgado Sauceda, se le acusa del delito de uso de documentos públicos falsos en perjuicio de la fe pública.
En cambio, a Zelaya se le imputó el delito de falsificación de documento público en perjuicio de la fe pública, en concurso real con dos delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la Administración Pública.
El requerimiento fiscal se presentó el 5 de julio del 2009, pero judicialmente se ordenó sobreseimiento definitivo a todos los imputados por el delito de abuso de autoridad, con fundamento en el Decreto de Amnistía decretado por el CN derivado de los Acuerdos de Cartagena.
Otras investigaciones
También el informe apunta que han transcurrido más de cinco años y no hay grandes avances en el caso denominado el “carretillazo”, porque en la misma administración de Zelaya se realizó ilegalmente el retiro en efectivo por 40 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras.
Este monto fue sustraído en una carretilla por Flores Lanza, a quien se le libró orden de captura, pero no se ha presentado ante las autoridades.
El año pasado la Fiscalía Especial contra la Corrupción abrió de oficio una denuncia que se relaciona con la supuesta declaración de Flores Lanza que admitía y reveló a quiénes fueron entregados los fondos para la conclusión del proyecto de la cuarta urna; por lo que se pide en el informe que se termine la auditoría forense y evacuar las declaraciones administrativas a los implicados.
Entre ellos están: Rixi Moncada, José Raúl Valladares, Fredys Alonso Cerrato, Rafael Edgardo Barahona, Julio César Quintanilla y Doris Yolanda García.
De igual manera, se destaca el atraso en otra línea de investigación, que es el retiro irregular de 10 millones de lempiras del BCH, a través de un cheque librado por la Tesorería General de la República a favor de Casa Presidencial.
El dinero fue recogido por un ciudadano integrante de la Guardia de Honor Presidencial de ese momento.
Además, se confirmó que se realizó la investigación contra exfuncionarios del Poder Ejecutivo por los supuestos delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la Administración Pública por un monto de 450 mil lempiras.
Entre las pruebas que hasta ahora se ha revisado se encontraron documentos en los cuales de forma manuscrita se estableció que “dichos apoyos son para la cuarta urna”.
Asimismo, la Fiscalía Especial contra la Corrupción encontró por medio de una auditoría a Casa Presidencial irregularidades y afectación del objeto del gasto, sueldos básicos y ayudas económicas, de donde se realizaron pagos a diversas personas que están siendo investigadas. De este caso, una fuerte suma fue dada a la Asociación de Taxistas, a un periodista, al Partido Liberal, entre otros involucrados.
Igualmente, otra línea indagada es a funcionarios de Zelaya por fondos manejados de manera irregular; entre los que sobresalen un millón de lempiras por una noche en un hotel capitalino, en donde nunca llagaron a hospedarse.
Aparte del alquiler de vehículos con millonarias erogaciones por este concepto.
Finalmente, se señala en el escrito la adquisición de un vehículo de lujo que hasta la fecha se desconoce su paradero, de acuerdo a lo manifestado el jueves pasado por los miembros de la Comisión Multipartidaria.
