24/04/2024
10:25 PM

Gobierno debió invertir desde 2015 para garantizar agua al 2022

Operadores en varios municipios observan una baja inversión Desde 2015 debieron destinarse $314.1 millones para garantizar un servicio continuo, pero los montos han sido deficitarios.

    SAN PEDRO SULA.

    Para proveerle agua potable de forma continua por lo menos al 95% de la población en 2022, el Gobierno tuvo que haber comenzado a invertir $314.1 millones desde 2015, sin embargo, las cantidades que ha destinado a este sector son sumamente deficitarias.

    El Segundo informe de monitoreo de los avances de país en agua potable y saneamiento, del Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (Conasa), indicó a finales de 2016 que para alcanzar las metas de cobertura en 2022 la inversión requerida era en ese entonces de $314.1 millones, de los cuales únicamente $78 millones estaban planificados con fondos del Gobierno, cooperación externa y contribución de los usuarios.

    Esa organización estimó en ese momento un déficit anual de $236.06 millones: $123.92 millones para saneamiento y $112.15 millones para agua potable.

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    Honduras debe asegurar la sostenibilidad.De 2015 a 2030, Honduras debe aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez del preciado líquido y reducir considerablemente el número de personas que sufren por falta de agua.
    Considerando esas cifras y de cara a los desafíos del cambio climático, Jorge Aguilera, presidente de la Asociación Hondureña de Prestadores de Servicios de Agua y Saneamiento (Ahpsas), plantea que “ este tema debe estar en la agenda del Gobierno porque estamos en un punto de no retorno”.

    Pareciera que en el escalafón de prioridades aparecemos en la posición número 10 en asignación de recursos. Un dato muy interesante es que en 2018, a través de Indecoas (Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento), solo invirtió L250 millones (unos $10.2 millones) en proyectos de agua en distintos municipios”, ejemplifica la poca importancia que la administración central le da al agua.

    Grave: Escasez de agua afecta a 240 municipios de Honduras

    El servicio es administrado y proveído en Honduras por diferentes entidades, entre ellas, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa), juntas comunales, municipalidades, empresas municipales desconcentradas y empresas privadas por medio de concesiones. Pero independientemente del módulo que administre el servicio en aldeas y ciudades, el Gobierno por medio de Conasa debe “desarrollar estrategias y planes nacionales de agua potable y saneamiento”, además de otras atribuciones, según la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento (2003). La escasa importancia que el Gobierno le da al agua no solo se ve reflejada en las inversiones, también en el desempeño de las instituciones públicas involucradas.

    Hay muchas entidades que están vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible, pero cada quien vela por sus propios intereses, llámese ICF, MiAmbiente, Sanaa, los distintos ministerios relacionados con Conasa. Son una serie de actores que no tienen una agenda en común (...). Cuando tenemos reuniones no están los representantes de las instituciones que toman decisiones (...)”, asegura. Para Aguilera “es preocupante que a esta fecha, 2019, no esté clara la ruta de las inversiones que realizará (el Gobierno) en los próximos tres años, no hay nada preparado, más que documentos y diagnósticos que no tienen resultados tan efectivos”.

    En 2015 Honduras se comprometió ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a cumplir una agenda para lograr en 2030 los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

    Fernando Villalvir, gerente de Aguas de Siguatepeque, le sugiere al Gobierno, además de invertir más en el sector, “parar la ingobernabilidad ambiental que prevalece en el país”.

    A nivel nacional hay un problema serio: el cambio climático de la mano con un alto índice de deforestación, de tala ilegal, que hay en las fuentes productoras de agua, la ingobernabilidad ambiental más el problema que tuvimos con el gorgojo”, dice.

    Desde el punto de vista de Villalvir, Siguatepeque, Puerto Cortés, Danlí y otros municipios han mejorado las redes de distribución y la instauración de nuevos modelos de administración del agua, pero a la postre, resultará improductivo si las autoridades no dan protección a las fuentes hídricas.

    El país necesita un proceso de recuperación de fuentes productoras y más inversión, pero no tenemos apoyo del Gobierno. Se nos ha dicho que no hay tanto espacio fiscal”, critica.