Tegucigalpa, Honduras.
'El
costo para la extensión de estos documentos es totalmente elevado y de dichos pagos solo se encuentra un reducido número de hondureños', sostuvo el diputado.
Para el diputado es una propuesta legislativa satisfactoria y para garantizar el derecho al trabajo de manera libre y equitativa. A su vez, dijo reconocer que para la realización de ciertas actividades como los
permisos de portar armas, el uso de vehículos blindados, algunos trámites migratorios y otros procedimientos de particular naturaleza,
debe exigirse la presentación de antecedentes.
-Sépalo-
Oswaldo Ramos Soto, diputado del Partido Nacional por Franciso Morazán, presentó en las últimas horas un proyecto de ley con relación a prohibir la exigencia de antecedentes penales y policiales como requisito para optar por un trabajo en empresas privadas o instituciones públicas, sin perjuicio a las investigaciones que por propia iniciativa desee realizar un patrono.
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'Se observan enormes filas de ciudadanos demandantes en las oficinas del Poder Judicial, Ministerio Público (MP) o dependencias policiales para que se les extienda un documento que haga constar que no tienen condenas, procesos pendientes o investigaciones en curso', pronunció el legislador.
| Propuesta Para la eliminación de los antecedentes o su consideración en situación de pasivo, las autoridades requerirán únicamente las cartas de libertad o el sobreseimiento definitivo a favor del solicitante, quien puede actuar directa o personalmente sin necesidad de procurador.
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Ramos Soto considera que tal solicitud por cada una de las empresas en el país es un 'agobio para la economía personal y el tiempo de los usuarios en muchos casos, personas que ya cumplieron su pena o que fueron favorecidas con un indulto y que necesitan hacer un trámite especial para eliminar tal informacion de anturaleza estrictamente personal'.
| Ejemplo de ilustración de antecedentes penales y policiales que se otorgan a un ciuadano que busca empleo.
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Para concluir, el diputado recalcó que la solicitud de estos documentos debe ser prohibida y sancionada porque provoca exclusión. De lograr esto, adujo, se evitará que la gente gaste su dinero y ahorre tiempo en largas filas para obtener un papel.
 Muchos ciudadanos realizan largas filas para solicitar a las autoridades la hoja de antecedentes penales o policiales.
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El valor de la hoja de antecedentes policiales es de 200 lempiras, pero los menores de 25 años no pagan, ya que por lo general es para estudiar o trabajar por primera vez. Mientras que la de antecedentes penales tiene un costo de 50 lempiras si es para constancias de estudio, 150 lempiras para contraer matrimonio o para trabajar y 200 lempiras para otros usos locales o en el extranjero.
