Tegucigalpa, Honduras.
Hasta ayer por la tarde, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) no había recibido ninguna orden de captura en contra de las 38 personas implicadas en el caso Pandora.
El vocero de la Atic, Jorge Galindo, reiteró que hasta ayer por la tarde no se había recibido ninguna notificación o solicitud de apoyo para realizar acciones relacionadas con este requerimiento fiscal emprendido por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) en el marco del convenio con la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).
“Estamos anuentes a apoyar cualquier acción que se emprenda en contra de la lucha contra la corrupción o en otras áreas como el crimen organizado y derecho a la vida”, agregó Galindo.
El Ministerio Público presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acusación en contra de 38 personas, entre ellas, exfuncionarios y diputados, a quienes las implica en el desvío de más de 282 millones de lempiras.
El portavoz aclaró que el procedimiento que se sigue para ejecutar una orden de captura en contra de implicados en casos emblemáticos es el mismo que para el resto de los arrestados.
“Salvo en aquellos altos cargos que amerita otro tipo de procedimiento a través de un juez natural nombrado por la Corte Suprema de Justicia”, observó el funcionario.
Ya salieron a luz los nombres de los principales implicados en este escándalo, que salpica a los dos principales partidos políticos del país.
En la lista aparecen reconocidos miembros del Congreso Nacional, alcaldes, funcionarios y exfuncionarios y particulares que supuestamente recibieron grandes sumas de dinero de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) por medio de las fundaciones Dibattista y Todos somos Honduras.
Entre los acusados figuran los diputados José Celín Discua Elvir, Elden Vásquez, Elvin Santos Ordóñez, Rodolfo Irías Navas, Miguel Edgardo Martínez, y los exministros de Finanzas y de Agricultura, William Chong Wong y Jacobo Regalado Weizenblut, respectivamente.
A estos se suman el actual director del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Antonio Lara Buezo; Arnaldo Urbina Soto, exalcalde de Yoro (condenado); el gobernador de Lempira, Wilson Rolando Pineda; Arnold Gustavo Castro, esposo de la diputada Gladys Aurora López; Carlos Pineda Fasquelle, viceministro de Ambiente, y Jean Francois de Peyrecave.
Varios diputados han salido al paso aduciendo que desconocían la procedencia de los fondos y que esos dineros estaban dirigidos a la organización de las elecciones en sus respectivos departamentos.
Liberales
El Consejo del Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) debe rendir cuentas claras y por lo menos autorizar una auditoría de 2010 a la fecha, demandó José Luis Moncada, secretario de relaciones internacionales del CCEPL, luego de conocer las repercusiones del caso Pandora, que salpica con 99 millones de lempiras a varios dirigentes de ese instituto político. Moncada recordó que él propuso antes de la conferencia de prensa dirigida por el presidente del CCEPL, Luis Zelaya, que lo procedente era una rendición de cuentas por parte de las actuales autoridades de ese partido.
“Soy un liberal de 39 años que quiero a mi partido, y si hay que buscar culpables, pues se debe hacer a la brevedad posible”, demandó el dirigente en un foro televisivo.
“Aunque no somos corresponsables de esta situación tenemos que responder ante el pueblo hondureño y ante la militancia sobre qué sucedió con ese dinero, remarcó Moncada.
Hasta ayer por la tarde, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) no había recibido ninguna orden de captura en contra de las 38 personas implicadas en el caso Pandora.
El vocero de la Atic, Jorge Galindo, reiteró que hasta ayer por la tarde no se había recibido ninguna notificación o solicitud de apoyo para realizar acciones relacionadas con este requerimiento fiscal emprendido por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) en el marco del convenio con la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).
“Estamos anuentes a apoyar cualquier acción que se emprenda en contra de la lucha contra la corrupción o en otras áreas como el crimen organizado y derecho a la vida”, agregó Galindo.
El Ministerio Público presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acusación en contra de 38 personas, entre ellas, exfuncionarios y diputados, a quienes las implica en el desvío de más de 282 millones de lempiras.
El portavoz aclaró que el procedimiento que se sigue para ejecutar una orden de captura en contra de implicados en casos emblemáticos es el mismo que para el resto de los arrestados.
“Salvo en aquellos altos cargos que amerita otro tipo de procedimiento a través de un juez natural nombrado por la Corte Suprema de Justicia”, observó el funcionario.
Ya salieron a luz los nombres de los principales implicados en este escándalo, que salpica a los dos principales partidos políticos del país.
En la lista aparecen reconocidos miembros del Congreso Nacional, alcaldes, funcionarios y exfuncionarios y particulares que supuestamente recibieron grandes sumas de dinero de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) por medio de las fundaciones Dibattista y Todos somos Honduras.
Entre los acusados figuran los diputados José Celín Discua Elvir, Elden Vásquez, Elvin Santos Ordóñez, Rodolfo Irías Navas, Miguel Edgardo Martínez, y los exministros de Finanzas y de Agricultura, William Chong Wong y Jacobo Regalado Weizenblut, respectivamente.
A estos se suman el actual director del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Antonio Lara Buezo; Arnaldo Urbina Soto, exalcalde de Yoro (condenado); el gobernador de Lempira, Wilson Rolando Pineda; Arnold Gustavo Castro, esposo de la diputada Gladys Aurora López; Carlos Pineda Fasquelle, viceministro de Ambiente, y Jean Francois de Peyrecave.
Varios diputados han salido al paso aduciendo que desconocían la procedencia de los fondos y que esos dineros estaban dirigidos a la organización de las elecciones en sus respectivos departamentos.
Liberales
El Consejo del Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) debe rendir cuentas claras y por lo menos autorizar una auditoría de 2010 a la fecha, demandó José Luis Moncada, secretario de relaciones internacionales del CCEPL, luego de conocer las repercusiones del caso Pandora, que salpica con 99 millones de lempiras a varios dirigentes de ese instituto político. Moncada recordó que él propuso antes de la conferencia de prensa dirigida por el presidente del CCEPL, Luis Zelaya, que lo procedente era una rendición de cuentas por parte de las actuales autoridades de ese partido.
“Soy un liberal de 39 años que quiero a mi partido, y si hay que buscar culpables, pues se debe hacer a la brevedad posible”, demandó el dirigente en un foro televisivo.
“Aunque no somos corresponsables de esta situación tenemos que responder ante el pueblo hondureño y ante la militancia sobre qué sucedió con ese dinero, remarcó Moncada.
