San Pedro Sula, Honduras.
El principal administrador de Los Cachiros, así como abogados que hacían transiciones con propiedades a testaferros y dueños de empresas utilizadas para lavar activos, son parte de los 20 acusados en la operación Apolo, de los cuales hay once personas prófugas.
A nueve de los acusados capturados la semana pasada un juez les decretó ayer el auto de formal procesamiento después de más 40 horas de audiencia.
La investigación comenzó desde el 22 de julio de 2016 cuando en el aeropuerto Ramón Villeda Morales apresaron con 11,000 dólares a Enwis Yamil Varela Santos y Miguel Garín Tejada, pero luego los liberaron porque justificaron el dinero con documentos.
El dos de agosto de ese mismo año, la Fiscalía contra el Crimen Organizado comenzó las investigaciones por lavado de activos en contra de Yamil Varela y Garín Tejada.
En un informe de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) del 20 de febrero de 2018 se logra verificar que Enwins Yamil está casado con Yuri Stefany Rivera Hernández, quien desde 2010 invirtió en diez bienes inmuebles, dos vehículos y se constituyó como comerciante individual, pero las utilidades no concuerdan con lo que posee.
De igual manera detectaron adquisición de seis bienes y seis vehículos a Enwins Yamil, quien también se había constituido como comerciante individual, y a su hermano Johny Varela Santos le encuentran un patrimonio de diez millones de lempiras, así como traspasos sospechosos de propiedades.
A través de la compra y venta millonarias de propiedades logran vincular a Celi Asmery Pasos Galo, considerado el administrador principal de los hermanos Rivera Maradiaga, con Johny Hilson Varela Santos.
Los agentes identificaron una amplia red de colaboradores y testaferros de la estructura criminal Los Cachiros, quienes compraban, vendían y daban en donación bienes para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
En esas transacciones hallaron vínculos entre Celi Asmery Pasos Galo, el abogado Francisco Arturo Mejía, Javier Hernández Mejía, conocido como Consul, Irza Fany Pacheco Murillo y Roger David Portillo Ramírez.
Celi Asmery Pasos Galo, supuesto administrador y testaferro de Los Cachiros, aumentó su patrimonio en más de 14 millones de lempiras siendo socio de la empresa Constructora Honduras Universal y constituyéndose como comerciante bajo la denominación Brisas del Mar.
En el transcurso de las investigaciones también identificaron irregularidades e inconsistencias en transacciones financieras de Devis Leonel Rivera Maradiaga, quien adquirió una propiedad entre 2010 y 2011 por diez millones de lempiras y en 2012 la vendió por tres millones a Celi Asmery Pasos Galo, más los impuestos que eran de ocho millones.
Otra de esas irregularidades, según la acusación, es la del abogado Francisco Arturo Mejía, quien en 2006-2007 hipotecó una propiedad en la aldea La Venada por 2,150,000.00 y en 2009 la vendió a Celi Asmery Pasos por un millón lempiras.
En 2011, el abogado se la regresó en donación a Celi Asmery Pasos.
Después de las transiciones, Devis Leonel Rivera Maradiaga le da un poder general al abogado Francisco Arturo Mejía para manejar la empresa Inversiones Rivera Maradiaga (Inrimar) y otras empresas ligadas a Los Cachiros, las cuales participaron en licitaciones con el Estado.
Al abogado Francisco Arturo Mejía, quien tiene orden de captura, también le descubren que le confiere poder legal a su hijo Roberto Arturo Mejía Salgado para la administración de todos los bienes de Devis Leonel Rivera Maradiaga.
En la operación Apolo, ejecutada por la Atic, Roberto Arturo Mejía era otro de los objetivos buscados, al igual que su madre Waldina Lisseth Salgado Pérez, quien en 2015 compró dos carros de lujos valorados en 2.8 millones de lempiras.
El abogado Francisco Arturo Mejía, su hijo Roberto Arturo y su esposa Waldina Lissteh también constituyeron varias empresas, como Energía Solar del Sur, Inversiones Oikos y corporación de Consultorías y Mantenimientos.
Otra de las familias vinculadas con Los Cachiros es la de Nohelia Mercedes Pacheco Murillo y su hermana Irza Fany Pacheco Murilo, quien, según la acusación de la Fiscalía, es socia en todas las empresas y sociedades que participaron en licitaciones y contratos de la desaparecida Soptravi y la Enee en 2011, 2012 y 2013.
Otros de los testaferros de Los Cachiros se prestaron para ser parte de la empresa Inversiones Turística Joya Grande.
El principal administrador de Los Cachiros, así como abogados que hacían transiciones con propiedades a testaferros y dueños de empresas utilizadas para lavar activos, son parte de los 20 acusados en la operación Apolo, de los cuales hay once personas prófugas.
A nueve de los acusados capturados la semana pasada un juez les decretó ayer el auto de formal procesamiento después de más 40 horas de audiencia.
La investigación comenzó desde el 22 de julio de 2016 cuando en el aeropuerto Ramón Villeda Morales apresaron con 11,000 dólares a Enwis Yamil Varela Santos y Miguel Garín Tejada, pero luego los liberaron porque justificaron el dinero con documentos.
El dos de agosto de ese mismo año, la Fiscalía contra el Crimen Organizado comenzó las investigaciones por lavado de activos en contra de Yamil Varela y Garín Tejada.
En un informe de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) del 20 de febrero de 2018 se logra verificar que Enwins Yamil está casado con Yuri Stefany Rivera Hernández, quien desde 2010 invirtió en diez bienes inmuebles, dos vehículos y se constituyó como comerciante individual, pero las utilidades no concuerdan con lo que posee.
De igual manera detectaron adquisición de seis bienes y seis vehículos a Enwins Yamil, quien también se había constituido como comerciante individual, y a su hermano Johny Varela Santos le encuentran un patrimonio de diez millones de lempiras, así como traspasos sospechosos de propiedades.
A través de la compra y venta millonarias de propiedades logran vincular a Celi Asmery Pasos Galo, considerado el administrador principal de los hermanos Rivera Maradiaga, con Johny Hilson Varela Santos.
Los agentes identificaron una amplia red de colaboradores y testaferros de la estructura criminal Los Cachiros, quienes compraban, vendían y daban en donación bienes para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
En esas transacciones hallaron vínculos entre Celi Asmery Pasos Galo, el abogado Francisco Arturo Mejía, Javier Hernández Mejía, conocido como Consul, Irza Fany Pacheco Murillo y Roger David Portillo Ramírez.
Celi Asmery Pasos Galo, supuesto administrador y testaferro de Los Cachiros, aumentó su patrimonio en más de 14 millones de lempiras siendo socio de la empresa Constructora Honduras Universal y constituyéndose como comerciante bajo la denominación Brisas del Mar.
En el transcurso de las investigaciones también identificaron irregularidades e inconsistencias en transacciones financieras de Devis Leonel Rivera Maradiaga, quien adquirió una propiedad entre 2010 y 2011 por diez millones de lempiras y en 2012 la vendió por tres millones a Celi Asmery Pasos Galo, más los impuestos que eran de ocho millones.
Otra de esas irregularidades, según la acusación, es la del abogado Francisco Arturo Mejía, quien en 2006-2007 hipotecó una propiedad en la aldea La Venada por 2,150,000.00 y en 2009 la vendió a Celi Asmery Pasos por un millón lempiras.
En 2011, el abogado se la regresó en donación a Celi Asmery Pasos.
Después de las transiciones, Devis Leonel Rivera Maradiaga le da un poder general al abogado Francisco Arturo Mejía para manejar la empresa Inversiones Rivera Maradiaga (Inrimar) y otras empresas ligadas a Los Cachiros, las cuales participaron en licitaciones con el Estado.
Al abogado Francisco Arturo Mejía, quien tiene orden de captura, también le descubren que le confiere poder legal a su hijo Roberto Arturo Mejía Salgado para la administración de todos los bienes de Devis Leonel Rivera Maradiaga.
En la operación Apolo, ejecutada por la Atic, Roberto Arturo Mejía era otro de los objetivos buscados, al igual que su madre Waldina Lisseth Salgado Pérez, quien en 2015 compró dos carros de lujos valorados en 2.8 millones de lempiras.
El abogado Francisco Arturo Mejía, su hijo Roberto Arturo y su esposa Waldina Lissteh también constituyeron varias empresas, como Energía Solar del Sur, Inversiones Oikos y corporación de Consultorías y Mantenimientos.
Otra de las familias vinculadas con Los Cachiros es la de Nohelia Mercedes Pacheco Murillo y su hermana Irza Fany Pacheco Murilo, quien, según la acusación de la Fiscalía, es socia en todas las empresas y sociedades que participaron en licitaciones y contratos de la desaparecida Soptravi y la Enee en 2011, 2012 y 2013.
Otros de los testaferros de Los Cachiros se prestaron para ser parte de la empresa Inversiones Turística Joya Grande.
