Tegucigalpa, Honduras.
La Secretaría de Finanzas ordenó por instrucciones del presidente Juan Orlando Hernández no iniciar ningún trámite ni desembolso de solicitudes del Fondo de Desarrollo Departamental al que tienen acceso los diputados.
Esto ante la polémica que ha generado el manejo de recursos públicos por parte de los congresistas.
Los parlamentarios del actual Congreso Nacional no podrán solicitar recursos estatales para promover la construcción de obras sociales en cada uno de sus departamentos.
El memorando con fecha 31 de enero fue enviado por la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, a la Dirección General del Presupuesto, Dirección General de Inversión Pública, Dirección de Transparencia, Tesorería General de la República, Contaduría General de la República, Gerencia Administrativa y Auditoría Interna.
La nueva orden es “hasta que los procedimientos y reglamentos de gestión y liquidación del Fondo de Desarrollo Departamental estén completados”.
El memorando añade que “estos procedimientos y reglamentos fortalecerán la transparencia y rendición de cuentas, bajo mecanismos claros, ágiles con normativas que garanticen el manejo eficiente de los recursos, a fin de medir y certificar el impacto económico social del gasto público en las comunidades beneficiadas”.
Este fondo es utilizado por los diputados del Congreso Nacional para ejecutar proyectos comunitarios, inversión en obras y equipamiento o ayudas en las áreas sociales en los diferentes departamentos del país.
El Congreso Nacional anterior había aprobado un presupuesto de 400 millones de lempiras para darle continuidad al Fondo de Desarrollo Departamental.
Pero con la medida de la Secretaría de Finanzas estos recursos económicos estatales quedaron congelados.
El memorándum no establece el tiempo en que se mantendrán suspendidos estos recursos. La Secretaría de Finanzas comenzará a hacer un análisis exhaustivo sobre el uso de estos fondos gubernamentales.
Conflicto
La asignación a los diputados ha sido cuestionada por diversos sectores de la sociedad. El mes pasado, un equipo del Ministerio Público y la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, Maccih, denunció a una red de cinco diputados por mal manejo de fondos públicos destinados a programas sociales que fueron supuestamente desviados para uso personal.
Según la Maccih, también están salpicados cerca de 60 exdiputados y diputados que habrían malversado fondos públicos utilizando una red de ONG. Las pesquisas de la Maccih indican que esta red se apropió de más de 1,300 millones de lempiras entre 2011 y 2015.
Los exdiputados Augusto Cruz Asensio, Héctor Padilla, Audelia Rodríguez, Eleázar Juárez y Dennys Sánchez fueron acusados de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
Sin embargo, la acusación no prosperó, pues una jueza archivó el caso hasta que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) culmine una auditoría del capital asignado a los ahora exparlamentarios. El TSC tiene ahora la potestad de investigar sobre los fondos departamentales asignados a 750 exdiputados de tres administraciones.
Esta facultad fue otorgada por el Congreso Nacional pasado tras una polémica reforma a Ley de Presupuesto. El TSC tendrá tres años para investigar y de encontrar irregularidades administrativas notificará a la Procuraduría General de la República y en caso de anomalías de carácter penal notificará al Ministerio Público.
La reforma fue considerada por la Maccih como un freno al combate a la corrupción.
La Secretaría de Finanzas ordenó por instrucciones del presidente Juan Orlando Hernández no iniciar ningún trámite ni desembolso de solicitudes del Fondo de Desarrollo Departamental al que tienen acceso los diputados.
Esto ante la polémica que ha generado el manejo de recursos públicos por parte de los congresistas.
Los parlamentarios del actual Congreso Nacional no podrán solicitar recursos estatales para promover la construcción de obras sociales en cada uno de sus departamentos.
El memorando con fecha 31 de enero fue enviado por la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, a la Dirección General del Presupuesto, Dirección General de Inversión Pública, Dirección de Transparencia, Tesorería General de la República, Contaduría General de la República, Gerencia Administrativa y Auditoría Interna.
La nueva orden es “hasta que los procedimientos y reglamentos de gestión y liquidación del Fondo de Desarrollo Departamental estén completados”.
El memorando añade que “estos procedimientos y reglamentos fortalecerán la transparencia y rendición de cuentas, bajo mecanismos claros, ágiles con normativas que garanticen el manejo eficiente de los recursos, a fin de medir y certificar el impacto económico social del gasto público en las comunidades beneficiadas”.
Este fondo es utilizado por los diputados del Congreso Nacional para ejecutar proyectos comunitarios, inversión en obras y equipamiento o ayudas en las áreas sociales en los diferentes departamentos del país.
El Congreso Nacional anterior había aprobado un presupuesto de 400 millones de lempiras para darle continuidad al Fondo de Desarrollo Departamental.
Pero con la medida de la Secretaría de Finanzas estos recursos económicos estatales quedaron congelados.
El memorándum no establece el tiempo en que se mantendrán suspendidos estos recursos. La Secretaría de Finanzas comenzará a hacer un análisis exhaustivo sobre el uso de estos fondos gubernamentales.
 El memorándum DM-013-2018 de la Secretaría de Finanzas gira las instrucciones para congelar el Fondo Departamental de 2018.
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La asignación a los diputados ha sido cuestionada por diversos sectores de la sociedad. El mes pasado, un equipo del Ministerio Público y la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, Maccih, denunció a una red de cinco diputados por mal manejo de fondos públicos destinados a programas sociales que fueron supuestamente desviados para uso personal.
Según la Maccih, también están salpicados cerca de 60 exdiputados y diputados que habrían malversado fondos públicos utilizando una red de ONG. Las pesquisas de la Maccih indican que esta red se apropió de más de 1,300 millones de lempiras entre 2011 y 2015.
Los exdiputados Augusto Cruz Asensio, Héctor Padilla, Audelia Rodríguez, Eleázar Juárez y Dennys Sánchez fueron acusados de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
Sin embargo, la acusación no prosperó, pues una jueza archivó el caso hasta que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) culmine una auditoría del capital asignado a los ahora exparlamentarios. El TSC tiene ahora la potestad de investigar sobre los fondos departamentales asignados a 750 exdiputados de tres administraciones.
Esta facultad fue otorgada por el Congreso Nacional pasado tras una polémica reforma a Ley de Presupuesto. El TSC tendrá tres años para investigar y de encontrar irregularidades administrativas notificará a la Procuraduría General de la República y en caso de anomalías de carácter penal notificará al Ministerio Público.
La reforma fue considerada por la Maccih como un freno al combate a la corrupción.
