A las 2:25 de la tarde del miércoles 13 de diciembre la abogada Diana Gissela Zelaya Banegas llegó a la primera aduana o estación de registro de la cárcel de máxima seguridad de La Tolva, en Morocelí, El Paraíso, con un motivo especial en esa visita al centro penal.
En su bolso de mano llevaba una bolsa blanca y en esta, otra de color negra en la que guardaba 445,000 lempiras en billetes.
La profesional del derecho se sometió a la revisión de rutina del militar, que funge como agente penitenciario, y le hizo saber que llevaba el dinero y la cantidad que portaba.
En ese momento el coronel José Rodimiro Arita Otoniel, director de La Tolva, tuvo contacto visual con la togada Diana Zelaya, le levantó la mano en señal de saludo y la invitó a que siguiera su recorrido sin más atraso hacia el segundo puesto de control.
Luis Romero, defensor legal de Luis Antonio Rodríguez Alvarado, asesor legal del Instituto Nacional Penitenciario (INP), acusado en este caso, es el que narra esta versión. “En la primera aduana de ingreso a La Tolva se documenta en el libro de novedades que ella va ingresando con ese dinero y cuando los guardias le preguntan ¿para qué es ese dinero?, ella les dice que es para una comida”, aseguró.
El guardia vio el dinero e hizo el procedimiento de registro e inspección de la visitante para que siguiera su camino con la fuerte suma de dinero.
Romero dijo que en ese instante “el coronel (José Arita) como que estaba por allí, haciendo su trabajo normal y ella solo le dijo: ‘coronel’, él la quedó viendo y ella dijo que iba a ver a unos privados de libertad y a Legal (área legal de La Tolva)”.
Zelaya Banegas llegó al segundo puesto de control, previo a que los primeros guardias comunicaran por radio a la siguiente aduana que esta portaba ese dinero.
En la segunda guardia nuevamente es requisada y apuntada en otro libro de novedades, específicamente que está ingresando al penal con 445,000 lempiras. La guardia llamó a su superior, un oficial de rango subteniente, para hacerle saber que Diana Zelaya lleva ese dinero y él dio el visto bueno para que siguiera adelante.
La abogada Zelaya siguió hacia el área legal de La Tolva y en unos pocos minutos que duró el proceso de ingreso a esa cárcel, entregó el efectivo a una persona en asesoría legal.
Trámite aprobado
El abogado Luis Romero contó que el 7 de diciembre el Comité Técnico Interdisciplinario de La Tolva aprobó la celebración de Navidad (domingo 24) y Año Nuevo (domingo 31), y que ese dinero fue aportado por los familiares de todos los reos de La Tolva y que iba a ser utilizado para ese fin.
“Esto ya venía aprobado en (por) el Comité Interinstitucional; ella sale, va a ver a sus clientes y la actividad se realiza con completa normalidad. El punto medular de esto es que está documentado que el dinero era para la cena del 24 y 31”, asegura el abogado defensor.
Requerimiento
Sin embargo, lo descrito por el abogado Romero, que el coronel Arita no intervino para que la abogada Diana Zelaya cruzara sin ser revisada, más que la dejaran pasar por “humanidad” sometiéndose al procedimiento normal, es contrario al requerimiento fiscal emitido por el Ministerio Público (MP). Este reza textualmente que el coronel Arita “ordenó al personal de servicio que la dejaran pasar y que no comunicaran por radio de la situación porque no quería que nadie escuchara”.
Al siguiente día, el coronel José Arita y el asesor legal del INP, Luis Rodríguez, viajaron a Tegucigalpa, a las oficinas del INP para enterar que han recibido el dinero de parte de la abogada Diana Zelaya para la celebración de las cenas para toda la población de ese reclusorio y no solo de la Pandilla 18.
En ese momento el coronel José Arita y el asesor legal del INP fueron arrestados por elementos de la Policía Militar.
Establecido en ley
Romero, defensor de Luis Rodríguez, asegura que el dinero no fue decomisado en el centro penal en manos de José Arita, sino en las instalaciones del INP cuando estos hacían el reporte en Tegucigalpa.
El profesional argumenta como parte de su defensoría de los imputados que todo está establecido en las actas del Comité Interinstitucional donde aprobaron las celebraciones.
Según Romero, esto ha sido así históricamente, que la Ley del Sistema Penitenciario lo permite y además, “las reglas de Mandela establecen el derecho que los convictos tienen para recrearse en estas fechas”.
