Por ser sospechosos de al menos seis delitos, una jueza dictó ayer la medida cautelar de detención judicial contra siete agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Los acusados son los subinspectores Emerson Gabriel Castillo Martínez y Brayan Emmanuel Mejía Vásquez, y los agentes Omar Daniel Paguaga Sevilla, Luis Gustavo Martínez Estrada, Rigoberto Ramos Ramos, Félix Manuel Hernández Bonilla y Enar Moisés Ramos Ochoa.
Los siete ingresaron a los juzgados ayer por la mañana protegidos por docenas de agentes de Fuerzas Especiales, los que agredieron a los periodistas que cubrían la información.
Ruy Barahona, portavoz del Poder Judicial en San Pedro Sula, informó que a los policías los acusan de los delitos de robo con violencia e intimidación, allanamiento de morada por funcionario público, asociación para delinquir, falsificación de documentos públicos, falso testimonio y abuso de autoridad en perjuicio de un testigo protegido, contra la inviolabilidad domiciliaria, los derechos fundamentales de la sociedad, la fe pública y la administración pública del Estado de Honduras.
Barahona explicó que en la audiencia de declaración de imputado la Fiscalía solicitó privar del derecho de la libre locomoción a los imputados, mientras la defensa consideró mantener el estado de inocencia y pidió medidas alternas a la prisión.
La jueza con jurisdicción nacional, ante la gama de delitos planteados, la gravedad de las posibles penas a imponer, la capacidad que tienen para interferir en el proceso o atentar contra las víctimas o autoridades, consideró que deben cumplir el término de ley para inquirir en el Centro Penitenciario de Támara.
A solicitud de la Fiscalía, el caso pasa a secretividad. La audiencia inicial es el martes 30 de enero.
El allanamiento
Según el Ministerio Público, los acusados sin orden judicial ni administrativa, el 29 de diciembre de 2023, ingresaron a una vivienda en residencial Los Alpes, rompieron el portón y se dirigieron directamente al dormitorio donde se encontraba una caja fuerte, en la que guardaban más de 14 millones de lempiras y 240 tarjetas de débito pertenecientes a clientes de una empresa.
Además, acusan a los policías de llevarse relojes, lociones, joyas y un maletín con 460,000 lempiras en efectivo. Hasta el momento, el paradero de la caja fuerte y lo robado es desconocido.
El denunciante, en un medio de comunicación, relató que su casa fue allanada el 29 de diciembre a las 5:40 am, “me requirieron a dos colaboradores de la empresa, yo soy un prestamista no bancario constituido con todos mis permisos de operaciones en regla, pago mis impuestos al Estado. Todos los días salgo a las 5:00 am para Choloma, porque yo atiendo lo que son maquilas, para justificar mi dinero tengo documentación de sobra. Los tenemos identificados en los videos”.
El ofendido ha pedido protección a los Derechos Humanos para su familia y colaboradores, quienes fueron acusados, pero luego quedaron libres en audiencia inicial porque las pruebas acusatorias eran falsas.
