San Pedro Sula, Honduras.
Una resolución de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó dejar en libertad a ocho miembros de la Policía Militar acusados del asesinato de un hombre que apareció muerto en la orilla del río Chamelecón el 26 de agosto de 2014. Los ocho militares acusados porque supuestamente participaron en la muerte de Marco Tulio Medrano Lemus, desde ayer gozan de medidas sustitutivas a la prisión.
La resolución judicial dejó a los fiscales asombrados porque el artículo 184 del Código Procesal Penal prohíbe estrictamente las medidas alternas a la prisión para 21 delitos entre ellos el asesinato. Pero la resolución de los magistrados se deriva de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el abogado defensor de los militares en el que señala la violación a los derechos de los imputados, porque prescribió el término para la audiencia preliminar, pues la Fiscalía no hizo uso del momento procesal en el tiempo que estaba estipulado.
El defensor alegó en junio de 2015 en el amparo que la Fiscalía no se apersonó en los 60 días que señala la ley para la audiencia preliminar, la cual debe celebrarse después de que decretaran el auto de formal procesamiento. Es por ello que debido a la violación de las garantías constitucionales la Corte resolvió a favor de los policías que deberán defenderse en libertad cumpliendo con llegar a firmar en el juzgado cada 15 días y no podrán salir del país.
Según abogados consultados, la resolución de la Sala Constitucional sentará un precedente, pues los términos señalados para audiencias en muchos casos no son cumplidos y los defensores recurrirán a los amparos para lograr que sus representados se defiendan en libertad de delitos hasta de crimen organizado.
Los militares Saíd Edgardo Maradiaga Andino, Roger Arnulfo Cálix Matute, Jorge René Lobo Andrade, Breinny Alexander Flores Núñez, Elmilson Anael Osorio Flores, César Anudis Méndez Madrid, Milton Savier Urbina Almendárez y César Josué Agurcia Espinoza, según la acusación el 26 de agosto de 2014, a eso de las 10:30 pm llegaron a la 3 calle de Flores de Oriente, en La Lima, en busca de Marco Tulio Medrano Lemus, a quien encontraron en una pulpería. El hombre quiso correr, pero fue alcanzado por los militares que andaban con pasamontañas.
Los uniformados le preguntaron si era el jefe de la mara y él lo negó, pero le pusieron una bolsa en la cabeza y ante la presencia de los vecinos le indicaban que lo irían a matar. Los policías subieron a Medrano Lemus en una patrulla de la Policía Militar y se lo llevaron. El 27 de agosto el cuerpo de la víctima fue encontrado en la orilla del río Chamelecón cerca del puente plateado y en la escena encontraron una boina militar con una insignia de “comando”.
La víctima tenía 10 impactos de arma de fuego. Durante el proceso acusatorio, la Fiscalía ha hecho pruebas de balística a las armas de los militares, actas de decomisos, declaraciones de testigos que son parte de las pruebas que serán utilizadas en el debate.
Los miembros de la Policía Militar al inicio del proceso fueron acusados por homicidio simple y torturas; pero con los resultados de la autopsia, la Fiscalía modificó el delito a asesinato, por el que habían estado en prisión.
El expediente que tenía el número 846-14 en el Juzgado Unificado de lo Penal desde el año pasado ingresó al Tribunal de Sentencia con el número 523-15, en ese expediente que tiene fijada fecha de debate para el 16 de junio de 2015 no está la resolución de la Sala Constitucional ni la decisión que siguió la jueza de lo penal para pronunciarse sobre las medidas a favor de los militares.
Según se informó, el expediente original con la resolución de la Sala Constitucional llegó a la Corte de Apelaciones de lo Penal que lo envió al juez de lo Penal que anteriomente llevaba la causa y así resolvió.
En el Tribunal de Sentencia, el expediente que está con el número 523-15 es el testamento (copia) en el cual la Fiscalía se apersonó el 7 de diciembre solicitado otra audiencia del proceso.
La juez de lo penal se pronunció cuando el expediente ya estaba en el Tribunal de Sentencia, por lo que los jueces aún creen que están en prisión.
Una resolución de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó dejar en libertad a ocho miembros de la Policía Militar acusados del asesinato de un hombre que apareció muerto en la orilla del río Chamelecón el 26 de agosto de 2014. Los ocho militares acusados porque supuestamente participaron en la muerte de Marco Tulio Medrano Lemus, desde ayer gozan de medidas sustitutivas a la prisión.
La resolución judicial dejó a los fiscales asombrados porque el artículo 184 del Código Procesal Penal prohíbe estrictamente las medidas alternas a la prisión para 21 delitos entre ellos el asesinato. Pero la resolución de los magistrados se deriva de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el abogado defensor de los militares en el que señala la violación a los derechos de los imputados, porque prescribió el término para la audiencia preliminar, pues la Fiscalía no hizo uso del momento procesal en el tiempo que estaba estipulado.
El defensor alegó en junio de 2015 en el amparo que la Fiscalía no se apersonó en los 60 días que señala la ley para la audiencia preliminar, la cual debe celebrarse después de que decretaran el auto de formal procesamiento. Es por ello que debido a la violación de las garantías constitucionales la Corte resolvió a favor de los policías que deberán defenderse en libertad cumpliendo con llegar a firmar en el juzgado cada 15 días y no podrán salir del país.
 Los ocho miembros de la Policía Militar son acusados del asesinato de un hombre que apareció muerto en la orilla del río Chamelecón el 26 de agosto de 2014.
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Los militares Saíd Edgardo Maradiaga Andino, Roger Arnulfo Cálix Matute, Jorge René Lobo Andrade, Breinny Alexander Flores Núñez, Elmilson Anael Osorio Flores, César Anudis Méndez Madrid, Milton Savier Urbina Almendárez y César Josué Agurcia Espinoza, según la acusación el 26 de agosto de 2014, a eso de las 10:30 pm llegaron a la 3 calle de Flores de Oriente, en La Lima, en busca de Marco Tulio Medrano Lemus, a quien encontraron en una pulpería. El hombre quiso correr, pero fue alcanzado por los militares que andaban con pasamontañas.
Los uniformados le preguntaron si era el jefe de la mara y él lo negó, pero le pusieron una bolsa en la cabeza y ante la presencia de los vecinos le indicaban que lo irían a matar. Los policías subieron a Medrano Lemus en una patrulla de la Policía Militar y se lo llevaron. El 27 de agosto el cuerpo de la víctima fue encontrado en la orilla del río Chamelecón cerca del puente plateado y en la escena encontraron una boina militar con una insignia de “comando”.
La víctima tenía 10 impactos de arma de fuego. Durante el proceso acusatorio, la Fiscalía ha hecho pruebas de balística a las armas de los militares, actas de decomisos, declaraciones de testigos que son parte de las pruebas que serán utilizadas en el debate.
 AUDIENCIAS.
1. El 2 de septiembre de 2014 se realiza la audiencia inicial y el juez decreta el auto de prisión.
2. El 16 de junio de 2015 defensor recurre a amparo de inconstitucionalidad a favor de los militares. 3. El 3 de febrero 2016 los sospechosos son dejados en libertad con medidas sustitutivas. |
El expediente que tenía el número 846-14 en el Juzgado Unificado de lo Penal desde el año pasado ingresó al Tribunal de Sentencia con el número 523-15, en ese expediente que tiene fijada fecha de debate para el 16 de junio de 2015 no está la resolución de la Sala Constitucional ni la decisión que siguió la jueza de lo penal para pronunciarse sobre las medidas a favor de los militares.
Según se informó, el expediente original con la resolución de la Sala Constitucional llegó a la Corte de Apelaciones de lo Penal que lo envió al juez de lo Penal que anteriomente llevaba la causa y así resolvió.
En el Tribunal de Sentencia, el expediente que está con el número 523-15 es el testamento (copia) en el cual la Fiscalía se apersonó el 7 de diciembre solicitado otra audiencia del proceso.
La juez de lo penal se pronunció cuando el expediente ya estaba en el Tribunal de Sentencia, por lo que los jueces aún creen que están en prisión.
