Dictan detención judicial para José Miguel Handal

Detención judicial le dictó ayer un juez con jurisdicción nacional a José Miguel Handal Larach acusado del delito de lavado de activos en perjuicio de la administración pública.

El juez se trasladó de Tegucigalpa a San Pedro Sula para celebrar la audiencia de declaración de imputado a Handal Larach en una clínica en la que este permanece hospitalizado desde el sábado.

Tras una hora y media que duró el proceso se dictó la medida; sin embargo, el juez resolvió que Handal Larach siguiera hospitalizado, debido al dictamen de Medicina Forense, que recomendó que este no puede ser trasladado a un penal.

José Antonio Coello, vocero de Fusina, explicó que el traslado del empresario sampedrano a Tegucigalpa depende de la evolución de su salud.

Handal Larach fue capturado el pasado sábado por la tarde en un operativo en la colonia Potosí de San Pedro Sula

Ese mismo día, en horas de la mañana, fue arrestada en Tegucigalpa su nuera Ena Elizabeth Hernández Amaya, cuando visitaba a su esposo José Miguel (Chepito) Handal Pérez, recluido en el Primer Batallón de Infantería. José Miguel Handal Larach, su hijo José Miguel Handal Pérez y su nuera Ena Elizabeth Hernández Amaya fueron señalados como narcotraficantes por la Oficina para el Control de Bienes en el Extranjero (Ofac), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Nueva acusación

Unas horas antes de que a su padre le dictaran detención judicial, la misma medida imponía un juez a Chepito Handal, luego que el Ministerio Público le presentara una nueva acusación en su contra por lavado de activos.

René Altamirano, abogado de Handal, explicó que la Fiscalía contra el Crimen Organizado fundamentó la acusación con la determinación hecha por la Ofac. Chepito Handal fue detenido el 12 de marzo mientras visitaba a su padre en una clínica de SPS. La detención fue en ejecución a una orden de captura emitida en 2009 por los juzgados de Roatán y la cual fue actualizada en 2014.

Por esa acusación, Handal ya tiene auto de formal procesamiento con prisión preventiva por el delito de facilitación de los medios del transporte para el tráfico ilegal de drogas, por lo que deberá esperar 60 días para que se efectúe la audiencia preliminar y se decida si su caso es elevado a juicio oral y público.

Altamirano sostuvo que a pesar de que el Ministerio Público le incautó los bienes a su cliente en 2013, todavía no han podido comprobar que los mismos fueron adquiridos con dinero producto de actividades relacionadas con el crimen organizado y es por eso “que se decide acusarlo” junto con sus parientes por lavado de activos.

Explicó que el próximo 18 de abril se vence el plazo de dos años para que la Fiscalía acredite la procedencia ilegal de los bienes.