Tegucigalpa, Honduras.
La búsqueda intensa continúa mientras no se esclarece la información sobre cómo se fugaron 23 peligrosos pandilleros de la Penitenciaría Nacional.
La fuga sucedió el jueves, pero fue hasta el sábado que se informó sobre la situación. Los perfiles de los 23 fugados revelan que estos fueron los artífices de masacres, violación, homicidios, asesinatos, robos, tráfico de drogas.
Diez tienen sentencias que van desde los 10 años hasta 86 años de cárcel. Elvin Valentín Macoy, con apenas 31 años de edad, fue sentenciado a 30 años por asesinato, 13 años por asociación ilícita, y otros delitos que suman una pena de 54 años. Mientras Osnin Esteven Rodríguez Medina, alias Escarfer, tiene en su historial delictivo homicidio, intento de homicidios, robo, por lo que un tribunal de sentencia lo condenó a 86 años de prisión.
Yanuario Contreras Canales ingresó en la Penitenciaría en 2003 y después del proceso judicial donde lo acusaron por homicidio agravado y facilitación de los medios para el transporte drogas recibió una condena de 49 años.
Estos delincuentes junto a otros 20 estaban recluidos en la Penitenciaría en donde deben cumplir su condena, pero en un hecho aún no aclarado se fugaron evidenciando el vulnerable sistema carcelario de Honduras.
El Ministerio Público abrirá de oficio una línea de investigación para dar con los responsables de esta fuga. Un grupo de fiscales investigarán cuál fue la dinámica de la escapatoria, por dónde se fugaron, quiénes estarían implicados y hasta la razón por la que la información trascendió 36 horas después de la fuga. Estas y otras preguntas siguen sin ser contestadas.
Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) anunciaron el sábado la suspensión del director de la Penitenciaría, César Nájera Méndez.
| Exite uina alerta internacional para ubicar a los pandilleros prófugos.
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Asimismo, se procedió a suspender a todos los custodios de seguridad que se encontraban en turno al momento del escape. El INP ha comenzado a investigar internamente lo sucedido; sin embargo, son más las especulaciones que surgen al respecto que los resultados concretos.
Entre las versiones que han circulado se menciona que los reos habrían salido por el portón principal y hasta el pago de sobornos; sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado o negado tales versiones.
¿Los responsables? Las cárceles hondureñas dependen del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia y Descentralización, cuyo ministro es Héctor Leonel Ayala.
De esta entidad depende el Instituto Nacional Penitenciario, entidad encargada de ejercer la administración de los centros penales del país.
El INP tiene relación con Gobernación porque se tiene un equipo directivo donde estamos integrados, “obviamente que administrativamente depende de nosotros, pero en materia de seguridad son varias instituciones que se involucran”, explicó el ministro Leonel Ayala.
“En materia de seguridad de los centros penales hay un apoyo sistemático del Estado y en lo administrativo hay una relación directa porque se le asigna el presupuesto y tenemos participación en la junta directiva del INP”, detalló.
Mientras que la Fuerza de Seguridad Nacional Interinstitucional Nacional (Fusina) “se encarga de dar apoyo en materia de seguridad cuando se le solicita”.
Sin embargo, elementos de Fusina desde hace varios años instalaron al menos cinco dispositivos de seguridad donde forzosamente son requeridas todas las personas y vehículos que transitan por el sector. Los pandilleros habrían burlado estos cinco dispositivos de seguridad. Las autoridades confirmaron que aún no se ha concluido el informe sobre la fuga de los 23.
“Estamos a la espera del informe que arroje las razones por las que esa gente salió del centro penal de Támara”, enfatizó Ayala.
Dijo que “en los primeros días de esta semana esperamos que se nos dé un informe detallado sobre esa fuga”.
Tras lo ocurrido, el Gobierno ha puesto a todos los entes de seguridad del Estado a trabajar a fin de recapturar a los 23 reos fugados.
“Todos los equipos de seguridad están trabajando para volver a capturar a estos prófugos”, señaló Ayala.
Al frente del INP se encuentra Rosa Gudiel, quien explicó que hasta este día se darán a conocer los avances de las investigaciones relacionados a la fuga de los privados de libertad. Para obtener información sobre los pandilleros prófugos, la Secretaría de Seguridad ha ofrecido una recompensa de 300,000 lempiras por cada uno de los ahora prófugos de la justicia
Sin visitas.
Ayer no se permitió el ingreso de visitas a la cárcel como ocurría todos los fines de semana.
Los familiares de los privados de libertad permanecieron en las cercanías de la posta del segundo dispositivo de seguridad ocupado por miembros de las Fuerzas Armadas.
Martha Villatoro llegó al principal centro penitenciario del país con el objetivo de ver a su hijo que desde hace varios años se encuentra recluido en Támara. “Traíamos comida y pastel para compartir con nuestros familiares, pero no nos permitieron entrar y esto no es justo, ya que venimos de largo”, dijo en tono molesto en el momento que no se les permitió la visita.
