El problema financiero en la alcaldía, en parte, se debe a la pérdida de varias demandas millonarias por la negligencia del departamento legal liderado por el procurador Rubén Mendoza, denunciaron los regidores de la comuna sampedrana.
Casos como el de Sulambiente que llevó a la alcaldía a pagar alrededor de 100 millones de lempiras, además de varias demandas civiles y laborales que han sacudido las arcas del municipio, son algunos ejemplos, según el regidor Aníbal Kelly.Lo que más preocupa a los regidores es que peligra la construcción del mercado periférico por el problema legal en que se encuentra. Igualmente desconocen el estado de los casos que maneja la Procuraduría Municipal.
“Para nadie es desconocido que la Procuraduría ha sido el dolor de cabeza de la administración, hay deficiencias en el marco legal y es uno de los grandes problemas que han originado el tema financiero”, dice el regidor Wilfredo Flores.
“No sabemos si esas lagunas legales han sido provocadas a propósito o coludidos porque en esa dependencia han perdido demandas laborales y de carácter civil”, agregó.El comisionado de Finanzas dice que esa dependencia con más de 25 procuradores absorbe casi 1.5 millones de lempiras y no se ven los resultados del trabajo porque ya han recibido quejas de que no delegan casos a los licenciados en derecho que allí laboran y todo se centraliza, lo que empantana los casos.
“Consideramos que allí debe de nombrarse a alguien con experiencia y que asumiera el reto con responsabilidad, pero no que solo lo nombren y llegue una vez a la semana o una vez cada quince días, que tengan despachos jurídicos privados y que no le dediquen tiempo a su función como servidores públicos”.
Flores dijo que ya se perdió la cuenta de cuántas veces se han pedido los informes sobre los casos legales de la alcaldía y en la penúltima sesión corporativa se le plantearon varios reclamos administrativos, pero no tuvieron respuesta.Señaló que lo lamentable es que se conoció que el cobro municipal de la explotación del agua industrial ya no se puede hacer en el municipio por una sentencia de la Corte y ni siquiera eso fue informado por la Procuraduría sino que abogados externos a la Municipalidad tuvieron que comunicarlo.La inconformidad de los corporativos por el papel de la Procuraduría es unánime.
El regidor Diógenes Aguilar detalló que la Corporación Municipal está en estado de indefensión porque el procurador Rubén Mendoza no llega ni siquiera a trabajar.“Tenemos varios casos a los que no se les ha dado el debido seguimiento e importancia y por eso se condena al pueblo a pagar grandes sumas de dinero”, indicó Aguilar.
La Corporación empezó a tomar decisiones y el nombramiento del procurador es potestad del alcalde, pero pedimos que exija cambios porque la ciudad
puede ser condenada a pagar grandes sumas de dinero.
El regidor José Antonio Rivera dijo que ha existido problemas porque hay desinterés de la Procuraduría acerca de los juicios de la alcaldía.
La Prensa buscó al procurador Rubén Mendoza en su oficina por la tarde y mañana, pero no llegó a la oficina; igual llegaron otros funcionarios a buscarlo y no lo encontraron. Tampoco contestó su teléfono celular.
