Temen que medidas sobre escaneo faciliten ingreso de droga a cárceles de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-

La preocupante fragilidad del sistema penitenciario hondureño se hace evidente tras el caso de Anny Jackelyne García Cruz, señalada por la Policía Militar de utilizar a su hijo de dos años para introducir drogas dentro de la cárcel de máxima seguridad de ‘La Tolva’, en Morocelí, El Paraíso.

La denuncia de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) sobre el uso de un niño de dos años como ‘mula’ para el contrabando de drogas en una de las prisiones más seguras del país ha encendido las alarmas entre los expertos en seguridad. El grito de alerta es claro: ¿qué tan vulnerables están las cárceles del país frente a la astucia criminal?

Desde mediados de 2020, las autoridades suspendieron las visitas de mujeres embarazadas, niños menores de 5 años y adultos mayores como parte de un protocolo establecido por la Secretaría de Seguridad y el Sistema Nacional de Emergencias (Sinager) para prevenir la propagación del covid-19.

Sin embargo, esta medida fue levantada el 14 de febrero de 2023, cuando la mayoría de la población ya estaba vacunada. “En el caso de las mujeres embarazadas, se realizarán los procedimientos de registro físico establecido en la ley; con las excepciones de exponerlas a dispositivos eléctricos o tecnológicos de inspección, es decir que no serán revisadas a través del body scan (escáner corporal)”, informaron las autoridades.

Los menores de cinco años tampoco pasan por la máquina de escaneo corporal por “motivos de seguridad”. De lo contrario, hubiese sido posible detectar el alijo de marihuana que supuestamente Anny García le colocó a su hijo en sus partes íntimas para entregárselo a su pareja sentimental, que guarda prisión, como dijeron las autoridades de la PMOP.

Expertos consultados creen que la decisión de las autoridades sobre eximir a mujeres embarazadas y niños menores de cinco años de los escaneos corporales, bajo el argumento de proteger su salud por las radiaciones de las máquinas (que de hecho son muy bajas), podría ser una brecha para que criminales hagan sus fechorías a través de estos grupos vulnerables.

A pesar de que la medida fue implementada en 2020 y suspendida en 2023, se estima que incluso antes del inicio de la pandemia, cuando aún estaba en vigencia la excepción de menores y mujeres embarazadas del escaneo corporal, esta práctica era utilizada por bandas criminales en los centros penales.

En cuanto al mecanismo de detección utilizado, LA PRENSA Premium investigó que el escáner utilizado en las cárceles de máxima seguridad del país es el Spectro BodyScan, de la marca VMI, el cual cuenta con una dosis de radiación extremadamente baja, según detallan las especificaciones en su página oficial.

”Debido a su extremadamente baja dosis de radiación, es la única tecnología que se puede aplicar para el personal de inspección constantes con la capacidad de detectar objetos ocultos en el interior del cuerpo”, menciona.

Por su parte, Omar Ramos, inspector del Instituto Nacional Penitenciario (INP), dijo en una ocasión que “la radiación que tiene este equipo es mínima, no tiene ningún daño corporal ni tampoco afecta en el futuro”.

Aun así, las autoridades penitenciarias determinaron que ni menores de cinco años ni mujeres en estado de gestación ingresaran por estas máquinas.

Desde que las autoridades de la PMOP tomaron el control de los centros penitenciarios en Honduras, han sido detenidas más de 30 féminas por intentar introducir droga a los penales, informó José Coello, portavoz de la POMP.

De mujeres en estado de gestión y de menores de cinco años, quienes no pasan por la máquina sino por una revisión superficial, no se registra ninguna detención por este delito.

En apenas siete segundos, Spectro BodyScan puede detectar situaciones de peligro y objetos ilegales en el cuerpo de una persona tanto interna como superficialmente. Estos sistemas de control son manejados por miembros de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios (FNCCP).

De acuerdo con el abogado penalista Marlon Duarte, este punto de control es el más importante de los centros penales, pues “es donde ingresa desde un alfiler hasta un saco de harina”.

”Las aduanas deberían ser, inclusive, manejadas no por el INP sino por alguna compañía extranjera que se encargue de este tipo de situaciones para tener un mejor control y no tener contacto ni con privados de libertad ni con empleados del INP, es decir, que las aduanas tengan una independencia total”, expresó.

LA PRENSA Premium conversó con algunos expertos en temas de seguridad, quienes sugirieron medidas que deberían implementar las autoridades para evitar el ingreso de drogas a las cárceles.

El criminólogo Gonzalo Sánchez consideró que las autoridades penitenciarias deben implementar medidas consistentes a menos privilegios para los reclusos con el objetivo de evitar el ingreso de drogas a través de grupos vulnerables.

”Mire, en otros países los privados de libertad no tienen contacto físico con las visitas para evitar lo que pasó en ‘La Tolva’, usan vidrio blindado y un teléfono para comunicarse, así no hay forma de introducir drogas ni otros objetos. Los delincuentes siempre están revolucionando sus fechorías”, expresó.

Sánchez consideró que otra medida puede ser prohibir el ingreso de bebés y niños a los centros penales. “Recuerde que en el país no existe una verdadera reinserción de los privados de libertad”.

Para Nelson Castañeda, director de Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la situación actual en los centros penales de Honduras plantea un dilema complejo en términos de seguridad, protección de derechos y prevención del crimen.

”Es preocupante porque existe el riesgo real de que esta medida -de que las mujeres embarazadas y menores no pasen por el body scanner- pueda ser explotada por bandas criminales para introducir drogas y otros materiales ilícitos a los centros penales como se ha evidenciado recientemente”, expresó.

Castañeda subrayó la necesidad de abordar este riesgo sin comprometer la seguridad y la salud de los visitantes, instando a las autoridades a buscar un equilibrio efectivo entre seguridad y derechos humanos.

”Podrían implementar medidas alternativas de seguridad, el uso de nuevas tecnologías y escaneo más seguros, fortalecer la capacitación de personal para detectar y prevenir a menores o embarazadas como mulas para el contrabando de drogas”, externó.

En Honduras, hay máquinas de escáneres corporales solamente en las cárceles de máxima seguridad, es decir en 3 de los 25 centros a nivel nacional: El Pozo en Ilama, Santa Bárbara; La Tolva, en Morocelí, El Paraíso; y un módulo de máxima seguridad en la cárcel de Támara.

Estos recintos albergan a los delincuentes más peligrosos del país, capaces de encontrar vacíos legales para cometer crímenes. Sin embargo, la falta de máquinas especiales en las demás 22 cárceles también implica un reto para las autoridades.

Sobre el caso de Anny García y su hijo de dos años, en un reciente comunicado, las autoridades del Ministerio Público descartaron que el niño haya sido utilizado para introducir droga, mientras que la Policía Militar -quienes están a cargo de las cárceles en el país desde julio de 2023- alegan que esa es la única forma de que la droga haya llegado a los reclusos.

Por lo pronto, las autoridades determinaron suspender las visitas de menores de edad temporamente en los centros a nivel nacional. Este medio intentó comunicarse con el coronel de infantería, Ramiro Fernando Muñóz, director del INP, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.