Pese a denuncias, militares mantendrán “mano dura” en cárceles de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. – Un mes después de que la Policía Militar tomara el mando de los 25 centros penales de Honduras en respuesta a la horrenda matanza que dejó 46 mujeres muertas en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas), se acumulan las denuncias contra la política de “mano dura” implementada en las cárceles -al estilo de Nayib Bukele en El Salvador-, aunque las autoridades advierten de la necesidad de aplicar “medidas drásticas y duras”.

La intervención entró en vigencia desde el pasado 1 de julio por orden de la presidenta Xiomara Castro, quien estipuló 10 cláusulas que también incluyeron la destitución de varios funcionarios de la Secretaría de Seguridad y nuevos controles para los centros penitenciarios.

Desde entonces, los militares irrumpieron con el operativo “Fe y Esperanza” en las cárceles de “El Pozo”, en Ilama, Santa Bárbara; “La Tolva”, en Morocelí, El Paraíso; Támara; El Porvenir “Siria”; y la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas).

Canastas llenas de armas de grueso calibre, municiones, celulares, enrutadores de internet y otros accesorios de uso prohibido valorados en casi 213 millones de lempiras fueron parte de los decomisos.

Para realizar la requisa, mujeres y hombres privados de libertad fueron trasladados hacia el patio del penal con las manos en la nuca, agachados y apilados en un grupo compacto, un estilo visto antes en las cárceles de El Salvador, aunque desde la institución aseguran que es una táctica militar que también había sido aplicada durante su pasada gestión.

Sin embargo, las medidas han sido condenadas por varios sectores debido a los reportes de que a muchos se les ha despojado de sus insumos básicos, han sido expuestos al sol por largas jornadas y en el caso de las mujeres, presuntamente han sido sometidas a inspecciones que vulneran su integridad.

Al respecto, LA PRENSA Premium confirmó con Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, que existen denuncias contra las autoridades de la Policía Militar en los centros penitenciarios, por lo que se está realizando una investigación para comprobar si hubo tortura y tratos crueles e inhumanos en contra de los privados de libertad.

Sobre las denuncias, el capitán José Coello, portavoz de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), respondió que “lo que estamos realizando es para el bien de Honduras. Si no se toman acciones drásticas y duras para corregir lo que se ha perdido que es el control de los centros penales, no va a haber mañana”.

”Donde ha imperado el desorden y el descontrol, y se viene a poner orden es normal que haya fuerzas opositoras. Nosotros somos una institución de puertas abiertas, cualquier investigación que se haga está a la orden del día”, agregó el uniformado sobre las denuncias en mención.

Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de Derechos Humanos (Codeh), reconoció que la intervención de los militares en las cárceles y los operativos montados eran necesarios para recuperar la gobernabilidad, pero lamentan el trato inhumano de los militares contra los reclusos.

”Estamos de acuerdo con las requisas porque es un trabajo que dio sus frutos y da seguridad también afuera, pero ha habido privados de libertad lesionados, los tuvieron desnudos durante dos semanas, eso es inaudito. Todavía hay personas que están golpeados en sus extremidades y con sus hombros quemados por la expuesta al sol”, dijo.

Maldonado mencionó que otros de los reportes indican que los militares despojaron a los reos de sus colchonetas, sábanas, ropa, zapatos y toallas de baño, una medida que no era necesaria, pero que responde al estigma existente hacia los privados de libertad como si todos fueran parte de la guerra entre maras y pandillas.

Ante su postura, Coello argumentó que “el recluso se sacó para extraer las amenazas y el hecho de que se hayan asoleado una mañana no significa que se le violaron sus derechos humanos, las misiones no van orientadas a castigar a nadie. Son procedimientos que se tienen que realizar. El privado de libertad se asoleó, pero también se asolearon todos, es decir, inclusive los agentes”.

Por su parte, el criminólogo Gonzalo Sánchez equilibró ambas posturas al exponer que los militares tienen una gran oportunidad para reivindicarse ya que, en el pasado, durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández tuvieron el mando de los centros penales y no hubo buenos resultados.

“La Policía Militar ya había tenido bajo su tutela los centros penitenciarios y hablémoslo claro: fracasaron, la primera vez fracasaron. Ahora la presidenta volvió a confiar en ellos y les retornó nuevamente la custodia de los presidios y parece que están haciendo un buen trabajo”, expresó.

”A mí me parece que esta vez sería el colmo que fracasen, ya no pueden fracasar, pero deben actuar siempre dentro del marco de los derechos humanos porque a los privados de libertad hay que tratarlos con dignidad”, agregó.

Hasta la fecha, han sido reubicados en diferentes centros penitenciarios más de dos mil reclusos. De hecho, una de las medidas de la Policía Militar fue trasladar a los miembros de la pandilla Barrio 18 a la cárcel de “La Tolva” en Morocelí, El Paraíso, y a los integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) a Ilama, Santa Bárbara.

Aunque para algunos expertos esta medida no es recomendable por el control que pueda tener una determinada banda criminal en un recinto, autoridades de la Policía Militar la consideran una estrategia efectiva para evitar caos, especialmente durante las visitas.

El capitán Coello explicó que también ha sido controlado el sistema de ingresos, pues se aumentaron los anillos de seguridad y ahora para ingresar a los centros penales es necesario pasar por varios filtros.

”Ha cambiado el orden y el control y se está retomando la gobernabilidad porque anteriormente los privados de libertad tenían el control, ellos no se salían porque no querían y hoy en día han sido testigos de las operaciones de extracción y traslado”, mencionó.

Por otro lado, se desmantelaron torres con antenas para bajar señal de internet y redireccionarla al centro penal a través de ondas, una inversión millonaria por bandas criminales que salpicó a una empresa de telefonía celular que ahora debe responder ante la justicia.

La ampliación del estado de excepción emitido en el PCM-24-2023 fue de las primeras disposiciones de la presidenta Castro y el pasado 5 de julio fue extendido 45 días más, es decir, hasta el 19 de agosto.

Esta medida está vigente en 123 municipios del territorio hondureño en un horario de 6:00 am a 6:00 pm, a excepción de Choloma y San Pedro Sula, donde se aplicó un toque de queda más estricto tras registrarse crímenes dantescos. Sin embargo, la medida fue suspendida a mediados de julio.

Otra de las disposiciones de la mandataria menciona que las Fuerzas Armadas de Honduras (FAH) deben asumir varias acciones de seguridad junto con la Policía Nacional en los 18 departamentos del país, una medida que ha sido cumplida, según explicó a este rotativo el subcomisario de la Policía Nacional, Edgardo Barahona.

“Sí, ellos -los agentes de la Policía Militar- nos colaboran con algunas operaciones enmarcadas en el estado de excepción parcial como la Operación Candado. Como son operaciones conjuntas tenemos más talento humano y logístico para contrarrestar la delincuencia”, mencionó.

La quinta medida, donde el gobierno regresa el control de los centros penales a los militares durante un año desde la fecha en mención, también menciona que en este tiempo deberán reclutar, capacitar y formar al menos dos mil custodios para los centros penales.

Al respecto, Digna Aguilar, relacionista pública del Instituto Nacional Penitenciario (INP), declaró que 30 días después de la estipulación ya está listo el primer grupo de 140 aspirantes y “se tiene una captación de unos 1,200 jóvenes”.

La sexta disposición solicita al Poder Judicial conceder las medidas sustitutivas de prisión preventiva a las mujeres de Pnfas que no están condenadas y sufren enfermedades terminales.

Hasta la fecha, no hay registros de ningún caso para responder a la medida dictada hace un mes.

Sin embargo, el miércoles la Corte Suprema de Justicia (CSJ) firmó un Convenio Interinstitucional con el Instituto Nacional Penitenciario (INP) para llevar a cabo el descongestionamiento de los centros penales a nivel nacional y reducir el hacinamiento carcelario.

Los privados de libertad que padezcan de enfermedades graves-crónicas y enfermos terminales serán beneficiados con preliberación y libertad condicional, de acuerdo a la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y el Reglamento General de la Ley, así como en el Código Penal Vigente.

Bajo este convenio, también se estipularon los juzgados virtuales, una novedad que evitará que los reclusos se desplacen hacia la corte o juzgados para presentarse en la audiencia y pueda realizarse el proceso en línea.

La séptima y una de las medidas más polémicas impuestas por la presidenta Castro Sarmiento ordena a las Fuerzas Armadas de Honduras (FAH) habilitar las Islas del Cisne para construir una cárcel de máxima seguridad donde serán trasladados los cabecillas más peligrosos de las estructuras criminales que estén privados de libertad o sean capturados y procesados.

La medida de invadir una zona protegida del mar Caribe con una granja penal fue rechazada por varios expertos ambientales, por el Colegio de Biólogos de Honduras (CBH), el Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras y el claustro de profesores de la Escuela de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), debido a que por siglos ha sido el hogar de cientos de aves, reptiles y especies marinas.

Sánchez estuvo de acuerdo con la postura de los biólogos por el daño causado al ambiente, pues considera que las Islas del Cisne son un lugar donde el turismo puede implementarse, en lugar de una mega cárcel.

“Yo comparto con los ambientalistas porque ¿qué va a pasar con las aguas negras?, van a tirarse al mar. Imagínese, ahí hay corales, flora y fauna, a mí me parece que puede haber otro lugar en Honduras donde construir esta cárcel”, expresó.

Sin embargo, desde el gobierno aseguran que no tendrá un impacto nocivo si se cumplen con los requisitos ambientales adecuados, por lo que previo a la construcción realizarán un estudio del impacto ambiental.

“Ya se habían delimitado 37 hectáreas para el uso militar y una zona recreativa, por tanto, son suficientes elementos de que hay factibilidad para la construcción de la cárcel en las Islas del Cisne, para que así los cabecillas del crimen organizado sean alejados de la población hondureña”, dijo para Radio América Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.

La octava, novena y décima medidas anunciadas por la presidencia tras la cruel matanza en PNFAS fueron una especie de homenaje a las víctimas, pues mencionaban la suspensión de actos festivos para el 28 de junio, aniversario del golpe de Estado, tres días de duelo y la izada del Pabellón Nacional a media asta.