Cámaras “muertas”: 911 sin rastro de más de 9,000 casos en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

“Buen día, 911, ¿cuál es su emergencia?”, se escuchó del otro lado del teléfono y no hubo tiempo de mencionar lo que recién había pasado cuando de repente se cayó la llamada. Después se volvió a intentar y la comunicación ni siquiera alcanzó la voz de la contestadora, cuando uno de los periodistas de LA PRENSA Premium trató de reportar un accidente de tráfico ocurrido el pasado miércoles en el sector Rivera Hernández entre un motociclista y una rastra, donde una de las víctimas se desangraba sobre el pavimento a raíz del impacto.

Los accidentes viales, el robo de vehículos, los homicidios y asesinatos, los raptos y secuestros, conforman el principal bloque de emergencias suscitadas en la vía pública, donde la ausencia de ojos digitales vulneran en cierta medida la correcta aplicación de justicia e impunidad debido a que desde septiembre de 2022 no se estabiliza el servicio de cámaras de videoprotección del Sistema Nacional de Emergencias 911 en Honduras.

Una de las ciudades más afectadas por la falta de vigilancia de la estatal es San Pedro Sula, considerada como una de las zonas más peligrosas del mundo junto a regiones como Tijuana (México), Acapulco (México) y Caracas (Venezuela), por informes internacionales.

LA PRENSA Premiun, mediante una solicitud SNE-192-2023 hecha a través del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), analizó un reporte histórico de videoprotección del 911, específicamente de esta ciudad y, tras verificar el ritmo de solicitudes de emergencia que llegaron entre los años 2019 y 2022, se detectó una notable caída durante el año anterior, asociado al apagón de las cámaras, con una variación del -22.84% en comparación al resto. Por ejemplo, durante el 2019 se recibieron 18,872 solicitudes y en el caso del 2022 apenas se llegó a 10,507.

Mientras la crisis se avecinaba por una deuda de más de 3,000 millones de lempiras que se venía arrastrando de tiempo atrás con la empresa proveedora del servicio, Dynamic Corporation, el director regional Marco Antonio Castellanos pregonaba en entrevista con LA PRENSA Premium en julio del 2022, un día después de sentarse sobre la silla de dirección, que San Pedro Sula era la ciudad más vigilada del país con al menos 1,872 cámaras activas en barrios, colonias y bulevares, pero tan solo dos meses después estalló lo que tarde o temprano pasaría: un apagón nacional que a futuro imposibilitaría contrarrestar a grupos criminales y apoyar en la investigación de casos abiertos.

Fuentes a lo interno del 911 y que pidieron anonimato por su estabilidad laboral, confiaron a este medio de comunicación que a la fecha ningún dispositivo está funcionando en toda la ciudad, únicamente las que opera la Municipalidad, que son 250.

Los dos informantes expusieron que antes recibían un promedio de 10,000 llamadas diarias y ahora por mucho llegan 100, pero se debe a que la institución, desde que asumió el nuevo gobierno, cuenta con software “pirata” de prueba y con duración de tres meses, ya que no han podido comprar una licencia, esto hace que también el sistema caiga frecuentemente y las comunicaciones se pierdan.

Al respecto, José Morales, gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), institución que ha asumido el servicio del 911, aseguró que el sistema no se cae en lo más mínimo, porque tienen un enlace de redundancia y el servicio está activo (se puede llamar a cualquier hora). “No tenemos ningún problema de licencia ni mucho menos que utilizamos un software gratuito, usamos uno reconocido de talla mundial, que es líder en telefonía IP como se le conoce a este servicio”, declaró.

No obstante, la crisis ha hecho que no se atiendan suficientes requerimientos de los cuerpos de seguridad y Fiscalía que investigan múltiples hechos.

“Ahora lo que se hace es que el usuario llama, el oficial pide que siga en línea tras darle sus datos y trabaja un mapa de calor para responder al evento”, subrayó uno de los trabajadores desde adentro. También se supo que cerca del 50% del personal operador ha sido despedido de la estatal regional en los últimos meses, reduciendo el recurso humano en los turnos de monitoreo.

El 7 de marzo de este año, una comisión interventora encabezada por los comisionados Roberto Reina, Gosset Moncada y Gerardo Antonio Hernández Ochoa asumieron funciones para trabajar en un diagnóstico del 911 y lograr reactivar los servicios de videoprotección y operación de la línea.

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Los funcionarios anunciaron que entre las acciones inmediatas a resolver estaría la situación de pagos atrasados a empleados y que en 90 días (en junio 2023) brindarían su primer informe con recomendaciones a seguir para garantizar la atención de contingencias; sin embargo, las fuentes consultadas del 911 de San Pedro Sula no confirmaron que a la fecha personal de la interventora haya realizado una inspección de campo en la oficina regional para apalear la crisis.

De septiembre pasado hasta marzo de este año, de acuerdo con proyecciones de LA PRENSA Premium, resultó en al menos 9,000 casos sin atender por cámaras apagadas. Para los cálculos de cada mes se sacó el promedio de solicitudes de los tres años anteriores del referido mes; es decir, se comparó septiembre con el mismo mes de 2021, 2020, 2019 y así sucesivamente.

Los hallazgos indicaron que abril, septiembre y octubre fueron los más bajos de reportes, lo que coincide con el inicio del problema. Asimismo, se encontró que los percances viales (43,063) son los casos que más seguimiento necesitan (8 de cada 10), seguido de las investigaciones (5,856).

La mayoría de acontecimientos se dieron en el ´perímetro urbano de San Pedro Sula con 44,818, seguido de El Progreso y Choloma con no menos de 3,000 reportes. Los datos analizados arrojaron que en 54,116 incidencias (99.7%) hubo resultados positivos, por ejemplo, recuperaciones de vehículos y arrestos. Por otro lado, solo en 140 (0.3%) eventos reportados tuvieron resultados desfavorables por debilidades en logística y recurso humano.

Ronald Posada, vocero de la Policía Nacional en San Pedro Sula, aseguró que crisis del 911 no les ha afectado y que han usado otros mecanismos de rastreo por parte de radio patrullas y motorizadas que recepcionan información del afectado y eso permite detenciones flagrantes.

“En los primeros cuatro meses de este año bajaron homicidios en un 21% en la región, se recuperaron carros y evitado privaciones de libertad. Esto significa que lo del 911 no ha sido un dolor de cabeza, porque sin el funcionamiento de las cámaras hubo capturas y evitado que grupos delictivos cometieran múltiples delitos”, destacó.

Si bien es cierto, las cámaras del 911 son importantes en emergencias y procesos de investigación, no son la columna vertebral, así lo considera Denis Díaz, especialista en Criminología y Política Criminal de la Universidad de Barcelona. Para el experto, pese a que los dispositivos son una medida de prevención y reacción ante ciertos delitos como asesinatos, donde se permite identificar carros involucrados, sujetos y rutas, el fortalecimiento va más allá.

“El Estado no es capaz de atender por sí mismo la inseguridad y, aunque sabemos que todo mecanismo representa un gasto publico, tampoco hay voluntad política. Los sampedranos sienten una desprotección que sufrían incluso con cámaras en funcionamiento, no digamos ahora donde el delincuente sabe que tendrá mayor éxito en su delito”.

Entre las avenidas de solución a la problemática que el analista mira posibles están aumentar presencia policial en zonas conflictivas, aunque esto provocaría desplazamiento de criminales a otros puntos; mover vigilancia al sector privado, donde la ciudadanía acceda a cámaras con subsidio del Estado, tomando en cuenta variables como la saturación de dispositivos e invasión de privacidad.

“A mayor presencia de ojos, el delincuente tendrá miedo, la acción saldrá mal y será descubierto”, sentenció el abogado y criminólogo.

Las autoridades han recalcado que ante la ausencia de cámaras del 911 se apoyan de otras técnicas para investigar sobre todo delitos contra la vida. Hasta abril de este año se produjeron nueve masacres y una de ellas fue en un hotel del Distrito Central, donde murieron siete personas.