Consumaron 52 abusos sexuales en escuelas y colegios de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

El abuso sexual a menudo se mantiene en secreto debido al miedo, la vergüenza y la falta de confianza en el sistema de denuncia. Actos inaceptables y que van en contra de los derechos humanos fundamentales ocurren frente a las narices de las mismas autoridades educativas de Honduras, quienes no han podido frenar el ciclo de impunidad.

Estos actos atroces no solo tienen un impacto devastador en la vida de las víctimas, sino que también plantean serias preguntas sobre la seguridad y la responsabilidad dentro de los entornos educativos.

LA PRENSA Premium conoció una serie de reportes oficiales asociados a violaciones y agresiones sexuales suscitadas en los últimos seis años y medio dentro de centros educativos públicos y privados de Honduras. Estos espacios que deberían ser seguros para nuestros niños y jóvenes se han convertido en escenarios de dolor y trauma para numerosos estudiantes.

Entre enero de 2017 y mayo de 2023, el Ministerio Público (MP) contabilizó en total 52 delitos sexuales consumados en los mismos centros educativos, cuya designación individual de casos por parte de los investigadores concluyó en abuso sexual, violación y violación especial, con sus características particulares y de tipo penal según correspondía.

El órgano fiscal también hizo referencia a una ola de casos de hostigamiento sexual y actos de lujuria que involucraron incluso a directores de institución y vigilantes de estas entidades, con lo cual se supera los 150 hechos en dicho período de tiempo.

Los eventos se produjeron principalmente en los municipios del Distrito Central (Francisco Morazán) y San Pedro Sula (Cortés), las ciudades más grandes de Honduras y con mayor concentración de escolares y colegiales.

Del total de reportes que maneja la Fiscalía en sus archivos, en 24 expedientes no se consignó el oficio de la víctima al momento de procesar la denuncia, pero sí se supo que de estos, 20 eran estudiantes activos.

Lo mismo pasó con la ocupación de los agresores, donde en 31 hechos se desconoce el dato puesto que no se colocó al recepcionar, pero en nueve de ellos participaron docentes, según señalan documentos.

Relacionada: El 95% de los abusos sexuales los cometen familiares

Los denunciados por delitos sexuales han sido principalmente hombres, 45 exactamente consignados, mientras que 28 de las víctimas eran mujeres, lo que denota su alto nivel de exposición y vulnerabilidad en posiciones de poder y superioridad.

Si bien es cierto, el Ministerio Público es el órgano encargado de acusar, la Policía, a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) también trabaja de cerca atendiendo denuncias de este tipo y ejecutando múltiples capturas.

Una base de datos que proporcionó la institución policial detalla que entre el 12 de julio de 2015 y el 15 de abril de 2023 recibieron 33 denuncias por delitos sexuales, incluyendo estupro (relaciones con menores valiéndose de engaño o superioridad) en 28 centros educativos públicos y cinco privados.

Entre los señalados destacaron 12 estudiantes y seis abogados, que pudieran ser catedráticos o personal administrativo u operativo de estos establecimientos.

En un apartado independiente, la Policía informó que han sido detenidos por delitos sexuales en diferentes centros educativos al menos 52 maestros de educación primaria, 35 docentes de otros niveles académicos y 18 estudiantes, todos hombres.

Autoridades de la Secretaría de Educación dicen ser conscientes de este problema que ocurre frecuentemente en sus escuelas y colegios centrales y regionales, pero reconocen que frenar el delito es difícil, ya que se denuncia poco y eso complica el curso de la investigaciones.

Belkis Pérez, coordinadora del departamento de orientación del emblemático instituto sampedrano José Trinidad Reyes, contextualizó que muchos de estos casos se desprenden de problemas de desintegración familiar, migración e incluso algunos de los estudiantes conviven con terceras personas en sus hogares.

“Normalmente el estudiante dice cuando un maestro le insinúa algo y nos solemos enterar a través de sus compañeros, puesto que los padres es muy poco común que hablen. Cuando ocurre algo como esto, los protocolos indican que se le debe llamar al docente, exponerle la situación, lo analiza el consejo directivo y se le instruye al mismo sospechoso que tiene derecho a presentar sus medios de defensa”, explicó.

La facilitadora comentó también que en el historial del JTR se han dado traslados de catedráticos por situaciones similares, así como sanciones administrativas y hasta despidos.

“El abuso sexual es algo grave, en ese caso mejor interviene la Fiscalía, aunque es habitual sentir miedo de sostener una denuncia por represalias, es por eso que ha bajado el número de reportes”, aceptó la académica.

Desde la sección de denuncias en la Departamental de Cortés, su coordinador Sergio Sabillón analiza a diario múltiples actas asociadas a acoso escolar, discriminación y otros eventos, pero menos de abuso sexual. No es que no suceda, sino más bien, se calla. “Cuando aquí cae la denuncia, la documentamos y una vez que tenemos los reportes emitimos un oficio para el director distrital. En ocasiones allá mismo se arregla todo y concluye, pero cuando hay delito sexual de por medio ya es con el Ministerio Público”, refrendó el funcionario.

Sabillón expresó escuetamente que cuando se producen violaciones en centros educativos todo se maneja con discrecionalidad por la “deshonra” que representa para los padres y la identidad del menor “la protegemos en todo sentido”, enfatizó.

“Sabemos que es algo que ocurre mucho, pero existe poca cultura de la denuncia. Los afectados pueden confiar en nosotros y, aunque no somos un filtro perfecto, hacemos lo mejor posible”, aseguró.

El también docente de secundaria en el norte del país informó que se puede denunciar yendo personalmente a las departamentales de educación a través de los encargados de denuncias, así como a ventanilla única o mediante la plataforma web de la Secretaría.

LA PRENSA Premium conoció un informe de 15 denuncias archivadas solo durante el año 2022 en la Secretaría de Educación en torno a acoso y abuso sexual. De estas, seis fueron desestimadas y nueve resueltas.

En una de ellas se indica que “un maestro de educación primaria acosó a alumnos de la escuela X (se omite nombre) y que ante el temor de tomar represalias por parte del denunciado se hizo la denuncia anónima”.

Otra señala que “alumnas (...) denuncian al director X (se omite nombre) porque tocaba decir el Himno Nacional y él pasaba a las alumnas una por una, las encerraba y las metía en el área de su oficina hasta el fondo. Les tocaba las piernas, les daba masajes en la parte de la espalda argumentado que era para evitar tensión y les hacía preguntas de la vida privada”.

Una tercera denuncia refiere que “se reporta al profesor X (se omite nombre) por mejorar calificaciones a una alumna a cambio de sostener una relación amorosa”.

Un cuarto registro señala que “comienzo denunciándolo porque enamora a mi hija de sexto grado, no la nombro por miedo a que nos haga daño, ya que es muy violento y ya tiene denuncia judicial por violación. No sé por qué las autoridades permiten que un enfermo sexual esté dirigiendo una escuela”.

Parte de las denuncias que tiene enumeradas la Secretaría de Educación es de personal de centros ubicados en Vado Ancho, El Paraíso; San Pedro Sula, Cortés; Valle de Ángeles, Francisco Morazán; San Antonio de Cortés, Cortés; La Esperanza, Intibucá; Nueva Armenia, Francisco Morazán; y Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

A través de un oficio, la Secretaría de Educación contestó a este medio de comunicación que a estos casos les dieron trámite administrativo y penal, por lo cual los remitieron al Ministerio Público, nombraron una comisión investigadora, visitaron los centros y entrevistaron a los directores para verificar si había antecedentes internos de denuncia.

Además, se revisaron carpetas profesionales de docentes, diarios pedagógicos, libros de actas especiales e incidencias. Así también abordaron a los orientadores, consejeros, compañeros profesores y padres de las víctimas.

Los abusos en entornos educativos pueden ocurrir en diversas formas, como el acoso sexual, los tocamientos no deseados, la violación y la explotación sexual. Estos actos pueden ser perpetrados por miembros del personal escolar, profesores, compañeros de clase o incluso extraños. La prevalencia exacta del problema es difícil de determinar debido a la subnotificación y al estigma asociado, pero estudios indican que es más común de lo que se cree.

Lizeth Coello, quien hasta hasta poco fungía como directora de programas y proyectos de la Red Coiproden y quien ahora es la nueva directora nacional de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), lamentó que los abusos sexuales en los establecimientos de la Secretaría de Educación aún sean una realidad.

No obstante, aclaró que se trata de una violencia generalizada -y no particular en los centros educativos-, vinculada particularmente a la pobreza y poca salud de las comunidades.

Coello pormenorizó que esta situación pasa por tres avenidas: la primera tiene que ver con maestros que se enteran de la situación que atraviesan algunos menores, pero que no informan por miedo a represalias; algunos catedráticos incurren en abuso de autoridad, intimidación y chantaje respecto a notas y tareas.

Esto represanta un importante desafío por revisar el perfil de los docentes, su formación académica y su relación con los estudiantes.

Por último, la médico y ahora funcionaria considera que más allá del sinnúmero de denuncias por acoso, hay un crecimiento exponencial de abusos sexuales en el ambiente escolar, lo cual es ampliamente preocupante.

Coello no concuerda con que la Secretaría de Educación tiene protocolos tibios para atender estos casos, pues argumenta que de nada sirve tener sólidos procesos, si no existe un sistema operador de justicia que garantice que quien denuncia no sufrirá las consecuencias.

Existen diversas organizaciones no gubernamentales que se dedican a apoyar a las víctimas de violencia sexual, brindándoles asistencia, orientación y recursos.

Lorengelin Roque, especialista en protección de niñez en World Vision, mostró su pesar porque estos casos recurrentes de abuso sexual se hayan normalizado en Honduras.

“Este no solo es un tema de la Secretaría de Educación, es una temática de interés nacional que debe ser abordada en todos los ámbitos. Recién en abril lanzamos una campaña contra la trata infantil con el propósito de concienciar acerca de esta problemática”, dijo la profesional del Derecho.

Roque indicó que continúan trabajando en capacitaciones sobre este y otros temas a nivel comunitario y escolar, con el apoyo de instituciones como la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público y alcaldías, todos actores claves en el engranaje de prevención y justicia.

Los abusos sexuales pueden tener consecuencias devastadoras para su bienestar físico, emocional y académico. Se pueden generar traumas como depresión, ansiedad y fobia, y mientras más tiempo pasa sin el abordaje adecuado, se incurre en el riesgo de ser un potencial abusador.

La psicóloga Lilian Ramírez, con amplia experiencia atendiendo casos de violaciones sexuales contra menores, recalcó la importancia de darle un buen tratamiento a este tipo de flagelos.

Apuntó que al menos ocho de cada 10 casos recibidos están asociados a personas víctimas de violencia sexual en algún momento de sus vidas. Estas personas habitualmente llegan por problemas de aprendizaje o comportamientos, pero hasta después de varias sesiones terapéuticas es que se descubre lo que realmente sucede detrás.

“Se hace una evaluación clínica donde se descubren algunos detalles importantes, y aunque no siempre la víctima lo expresa, a través de pruebas proyectivas se detectan indicadores propios del abuso sexual infantil. Nuestro deber es informarle a las autoridades para que investiguen”, señaló la psicóloga.

Ramírez recordó que unos de los casos que conoció hace un tiempo es sobre un docente de colegio que pidió a dos alumnas se quedaran aseando el aula de clases. Fue entonces cuando sin pudor, mientras estaba al par de su escritorio, comenzó a realizar actos obscenos.

Una de las niñas comunicó a su madre lo sucedido y esta posteriormente lo reportó ante la directora; sin embargo, y a su criterio, el manejo no fue el idóneo puesto que confrontaron paralelamente a la víctima con el docente, revictimizándola.

Cuando se encuentra evidencia suficiente, el caso es remitido al Poder Judicial para ser procesados. Este órgano tiene la responsabilidad de garantizar que los casos de violación a menores sean tratados de manera justa y equitativa.

Lo anterior implica asegurarse que se respeten los derechos de las víctimas durante el proceso legal y que los acusados sean juzgados de acuerdo con la ley.

Durante el año 2022, de acuerdo con documentos de los Juzgados de Letras de lo Penal a nivel nacional revisados por LA PRENSA Premium, ingresaron 205 casos de violación sexual. Se supo que en 22 procesos se dictó sentencia condenatoria por procedimiento abreviado.

Otras 31 recibieron sobreseimiento definitivo, 36 sobreseimiento provisional, uno recibió suspensión condicional de persecución penal (el acusado y la Fiscalía llegan a un acuerdo), en otro hubo conciliación y 33 se elevaron a juicio oral y público.

En tanto, los Tribunales de Sentencia a nivel nacional, durante el mismo año, notificaron el ingreso de 119 casos ingresados por violación sexual. Se observó que 21 casos terminaron en sentencias condenatorias, ocho acusados terminaron absueltos y dos recibieron sobreseimiento definitivo.

En los datos antes descritos no están contenidos aquellos procesos judiciales afines que se desarrollaron y que están vinculados a estupro, lujuria, hostigamiento sexual, explotación sexual, entre otros.

Según recuento del Instituto Nacional Penitenciario (INP), hasta mediados de este año había recluidos por el delito de violación 2,606 personas, así como 628 por actos de lujuria y uno por abusos deshonestos.