En nuestro país encontramos algunos grupos que tratan de defender sus propios intereses sin ningún escrúpulo o vacilación, tal como sucede actualmente con los paros ilegales de los transportistas, pretendiendo incrementos en las tarifas y la reducción del impuesto al combustible. A este sector solamente le ha interesado siempre su propio beneficio, sin importarle que su actividad sea una función pública derivada de una concesión del Estado, que la otorga como una gracia para que se preste dentro del marco de la ley.
Como medida de presión han realizado hasta ahora 81 tomas ilegales de carreteras, paralizando al país y perjudicando la economía nacional, un delito que sería perseguible hasta de oficio. Y amenazan con decretar un paro general si el Gobierno no accede a sus absurdas pretensiones, lo que ha sido rechazado por varios sectores y el mismo Gobierno por ser atentatorio a los bolsillos de los hondureños.
En la misma forma en que la concesión para la explotación de este servicio es autorizada, en igual forma puede ser revocada, si para ello tomamos en cuenta que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y que la finalidad primordial de la Ley General del Transporte es la de obtener para los usuarios las mayores y mejores condiciones de calidad, seguridad, comodidad, eficiencia y economía en relación con la inversión que los empresarios del transporte realizan en la prestación del servicio público y que en la práctica no se da.
Las tarifas en este rubro se autorizan administrativamente de conformidad con los estudios que técnicamente deben realizarse, no en forma abusiva o arbitraria, como es pretendido por los directivos del transporte, de acuerdo con las fórmulas que los reglamentos establezcan, tomándose en cuenta los costos de operación y sus variables, como la depreciación de las unidades de transporte y el precio de los combustibles, los costos de peajes y la consideración de una utilidad razonable y acorde con la realidad del país.
Esto obligaría correlativamente a los empresarios de este sector a cumplir las obligaciones que les compete, entre otras, prestar un trato justo a los usuarios en general y especialmente a los adultos mayores que abordan sus unidades, que en muchos casos son irrespetados, como también los incapacitados, no concediéndoles algunas veces los descuentos que por ley les corresponde. Por otra parte, la ciudadanía siempre ha denunciado el desaseo en ciertas unidades, las malas condiciones de los buses y el vocabulario soez de los conductores de las unidades, lo que en rigor legal sería una falta grave y una violación flagrante a la ley que ninguna medida de presión puede dispensar.
