El derecho de petición y la criminalística

El derecho de petición garantiza justicia, exige respuesta de autoridades y fortalece la participación ciudadana en Honduras como principio constitucional.

  • Actualizado: 17 de octubre de 2025 a las 23:35 -

Nuestra Constitución garantiza los derechos individuales de los ciudadanos hondureños. Dado que las instituciones encargadas de impartir justicia deben actuar en pro de estos derechos, uno de ellos es el artículo 80, en el cual se establece el derecho de petición. Este artículo literalmente dice: “Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades, ya sea por motivos de interés particular o general, y obtener una respuesta en el plazo legal.”

En relación con la Policía Nacional de Honduras, este artículo constitucional está en consonancia con los numerales uno, dos, tres y cinco del artículo 32 de las atribuciones de dicha institución. Estos numerales se refieren a cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, los convenios y tratados internacionales, las leyes y reglamentos, así como a salvaguardar la vida, los bienes, los derechos y las libertades de las personas dentro del territorio nacional. También incluyen mantener y promover el orden público, así como prevenir, investigar y combatir la comisión de delitos y faltas.

De allí se desprende que toda persona que se acerque a la Policía Nacional para interponer una denuncia o reporte está amparada por el derecho de petición consagrado en el artículo 80 de nuestra Constitución. Por tanto, todo funcionario policial deberá atender a cada ciudadano que necesite ser escuchado en sus planteamientos y necesidades, ya sea en materia de investigación criminal o en aspectos relacionados con la convivencia ciudadana y la prevención del delito, todo ello dentro de los tiempos razonables establecidos por las leyes y procedimientos vigentes.

Al ser este un derecho de rango constitucional, no puede ser ignorado por ninguna autoridad. Esto incluye al Ministerio Público y a los juzgados de las diferentes ramas legales de nuestro sistema, quienes están obligados a tutelarlo.

El derecho de petición garantiza justicia, exige respuesta de autoridades y fortalece la participación ciudadana en Honduras como principio constitucional.

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