Tras el paso por territorio mexicano de la caravana de migrantes centroamericanos, mayoritariamente hondureños, pretendiendo ingresar a la frontera sur de los Estados Unidos, lo que ha provocado el enojo del presidente Donald Trump, quien ha reaccionado a través de sus habituales tuits con cortarle a nuestro país toda ayuda financiera por no hacer lo necesario para impedir este éxodo masivo de catrachos, el secretario de la Presidencia, en forma altanera ha calificado –muy al estilo del presidente Maduro de Venezuela– la postura del mandatario estadounidense como “indigna e incorrecta”, expresando sentirse “sorprendido” por la alusión hecha por Trump a nuestro país, el que, a su juicio, ha hecho lo que está a su alcance para eliminar la criminalidad y las causas que causan la migración.
En el caso de la caravana de migrantes, estos se suponen refugiados, huyendo de sus países por las condiciones de extrema violencia e inseguridad derivada de las pandillas o maras que azotan a los países centroamericanos, que los obliga a cruzar la frontera estadounidense en busca de su seguridad y protección. De acuerdo con la ley internacional, estos deben ser reconocidos como tales y ser beneficiados si fuere procedente, de un asilo humanitario, cuyo estatus se encuentra regulado por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados adoptada por la ONU, que regula los aspectos relacionados con sus derechos y garantías, como está ocurriendo también con los refugiados que ingresan por el Mediterráneo a Europa y que son expulsados a Turquía, lo que ha creado una crisis humanitaria sin precedentes.
La protección de los refugiados, como los que integran la referida caravana, les debe garantizar por lo menos en teoría no ser rechazados ab initio, como está ocurriendo en este caso, y tener acceso a un procedimiento de asilo justo y eficiente, y en general al respeto de sus derechos humanos básicos que les permita radicarse en el país de destino en condiciones dignas y seguras, tal como lo aspira el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cuyo marco normativo está fundamentado en las convenciones y acuerdos internacionales.
El ministro de la Presidencia, en vez de estar vociferando a través de los medios contra el presidente Trump, debería estar sustentando esta posición jurídica por medio de los canales diplomáticos o de nuestra representación en Washington o ante los organismos internacionales para que se mantengan incólumes los derechos de los refugiados o migrantes hondureños para pedir, siempre que puedan demostrar las causas, asilo humanitario. Condición que es reconocida como tal por el Gobierno mexicano, proveyéndoles un salvoconducto, visa especial, alojamiento temporal y la promesa de darles refugio a los que lo soliciten.
