Brasilia, Brasil
Los tentáculos del escándalo de corrupción más grande de la historia de Brasil se extienden hasta Latinoamérica y han obligado a suspender proyectos de infraestructura previstos en seis países de la región, según un informe divulgado por el Grupo de Diarios América (GDA).
El avance de la operación Lava Jato (“Lavadero de autos”), la mayor acción judicial contra la corrupción en la región, llevó al banco de fomento brasileño BNDES a suspender el desembolso de 3,600 millones de dólares para 16 proyectos en Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala, precisa la pesquisa publicada en Brasil por el diario O Globo.
Las financiaciones se otorgaron entre 2003 y 2015, durante los mandatos de los presidentes de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016).
Constructoras
Los países más afectados son los que recibieron mayores recursos del BNDES: Venezuela (3,100 millones de dólares) ve comprometida ahora la realización de seis obras, entre ellas, la ampliación del metro de Caracas y de un astillero de fabricación de navíos petroleros para PDVSA.
En República Dominicana, el segundo mayor beneficiado ($2,500 millones), están en juego la conclusión de obras viales y de riego y la termoeléctrica de Punta Catalina.
Todos los proyectos estaban a cargo de las mayores constructoras de Brasil -Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Queiroz Galvao y OAS- que son las grandes implicadas en la operación Lava Jato.
Siete países –Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú y Uruguay- pidieron información a los fiscales brasileños con vistas a investigar contratos bajo sospecha.
La operación Lava Jato, lanzada en 2014 por el juez Sergio Moro, puso al descubierto una gigantesca trama de sobornos pagados por las empresas a partidos y dirigentes políticos de casi todo el arco parlamentario, para ganar licitaciones en la petrolera estatal Petrobras u obtener medidas legislativas que favorezcan sus negocios.
Sobre el dinero presuntamente desviado, la Fiscalía calcula que la cantidad total entre 2004 y 2012 asciende a 8,000 millones de dólares, el mayor desfalco por corrupción en ese país.
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