Arizona, Estados Unidos
El 40 % del personal de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés) está volcado en aplacar la ola de inmigración infantil que se agolpa en la frontera sur del país, aseguró hoy en el Congreso Brandon Judd, presidente de la Federación de Nacional de Empleados de esa institución.
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En una audiencia con motivo de la crisis humanitaria a la que asiste el país, ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Judd explicó que cada vez son más los agentes de la Patrulla Fronteriza que tienen que dejar sus labores comunes para atender a los pequeños que son detenidos al llegar sin compañía adulta al país, y aseguró que parar el flujo debe ser una prioridad.
Preguntado por los legisladores, Judd agregó además que ante la necesidad de atender a los niños, es posible que se produzca un nuevo flujo de miembros de organizaciones criminales que aprovechen para acceder a territorio estadounidense mientras la patrulla se dedica a atender a los menores inmigrantes.
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Por su parte, Ronald Vitiello, director adjunto del CBP, insistió en que los empleados de su oficina están “absolutamente comprometidos” a garantizar que los niños son tratados de la manera más humana posible dadas sus circunstancias.
Vitiello se remitió al testimonio que ofreció este martes el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, quien delineó ante otro panel de legisladores las estrategias tomadas por la Administración para hacer frente a lo ocurrido.
Asimismo, Thomas Homan, director ejecutivo del departamento de deportaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) reiteró que su oficina continuará “persiguiendo vigorosamente y desmantelando estas organizaciones de contrabando de extranjeros por todos los medios”.
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“Estas organizaciones no sólo facilitan la migración ilegal a través de nuestra frontera, también traumatizan y explotan a los niños que son objeto de su operación de contrabando”, afirmó.
“También seguiremos trabajando con nuestros socios en América Central y México para ayudar a ubicar, interrumpir y desmantelar las redes de tráfico ilícito de delincuencia transnacional”, agregó.
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El representante republicano Darrell Issa, quien además recaba apoyos para acabar con la acción ejecutiva del presidente Barack Obama que impide deportar a los jóvenes que llegaron antes de 2007 al país siendo niños, quiso saber si los menores que ahora cruzan pueden estar mintiendo sobre las razones que los llevan a emigrar.
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Issa argumentó que los pequeños son “un arma útil” para los adultos que quieren cruzar sin permiso y que puede darse el caso de que mientan al testificar sobre las razones que los llevan a emigrar y en realidad no sufran ningún tipo de violencia.
Por el contrario, la legisladora demócrata por California Zoe Logfren insistió en que es “evidente que hay un problema” en Guatemala, Honduras y El Salvador, al ser estos los principales países de procedencia de los pequeños.
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“Si uno observa los orígenes, está muy claro que hay un problema en esos tres países de Centroamérica”, aseguró la legisladora, tras apuntar que, por ejemplo, no se ha identificado un flujo similar con menores procedentes de otros países centroamericanos como Nicaragua.
Judd corroboró que en las entrevistas con los pequeños estos aseguran que en sus países de origen se dice en la esfera pública que en Estados Unidos les espera un futuro mejor y que muchos de ellos son sometidos a situaciones de violencia.
Mientras tanto, la Administración continúa ampliando el número de instalaciones donde atender a los pequeños, que ya han superado los 52,000 en los últimos nueve meses, y que se espera que rocen los 100.000 para finales de 2014.
El Congreso y el Gobierno barajan ahora diversas posibilidades sobre cómo encarar el asunto, cuyo origen parte de esos tres países centroamericanos que tienen altos niveles de criminalidad, y con quienes a su vez están trabajando en campañas de concienciación ciudadana para dejar claro que las políticas actuales no garantizan un amparo a los niños.
