El Congreso de Ecuador declaró este jueves al expresidente Guillermo Lasso “responsable político” de peculado (malversación) por un perjuicio para el Estado de seis millones de dólares en un contrato para el transporte de crudo.
Con 116 votos a favor, de 124 asambleístas presentes, la Asamblea Nacional resolvió que Lasso “es responsable político de la infracción constitucional de peculado”, de acuerdo con la resolución aprobada por los diputados.
El exmandatario “organizó, conoció y consintió la distracción de fondos públicos, consecuencia del contrato con Amazonas Tanker Pool, lo que generó un perjuicio para el Estado a favor de terceros”, señala el texto aprobado por los diputados, quienes reanudaron el juicio político contra Lasso el pasado martes.
El proceso había quedado en suspenso en mayo luego de que el exmandatario disolvió la Asamblea Nacional para llamar a elecciones anticipadas y eludir una sanción.
Este pronunciamiento no implica una censura, debido a que los asambleístas consideraron que el exgobernante ya no está en funciones desde el 23 de noviembre, cuando asumió el cargo el nuevo mandatario Daniel Noboa.
Sofía Espín, del partido Revolución Ciudadana -afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017)- expresó que se trata de una “censura simbólica”.
“La resolución es muy fuerte, hay una censura simbólica, hay un repudio al gobierno de Guillermo Lasso (...) todo este expediente se manda a la Fiscalía General del Estado para que inicie una investigación”, señaló Espín a la prensa al final de la sesión.
Las investigaciones en torno a Lasso se originaron luego de que el portal La Posta reveló una supuesta estructura de corrupción para la asignación de cargos públicos en empresas estatales.
Por el denominado caso “Encuentro” la justicia ordenó la semana pasada arresto domiciliario para Danilo Carrera, cuñado de Lasso, y prisión preventiva para otras tres personas, entre ellas Hernán Luque, exfuncionario del gobierno.
También se vio salpicado el empresario Rubén Cherres, cercano a Carrera y quien fue asesinado a tiros en marzo y que además era investigado por narcotráfico.
De acuerdo con la Fiscalía, Carrera y Cherres eran “los presuntos líderes de la organización delictiva” que “valiéndose de su cercanía con figuras de la política nacional” promovían la contratación “irregular” de personas en cargos públicos.
