Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Amnistía Internacional (AI) pidió ayer justicia para las víctimas del genocidio que se produjo en el conflicto armado de Guatemala entre 1960 y 1996, y denunció la impunidad del Gobierno guatemalteco al negar el genocidio.
“El Congreso debería apoyar los esfuerzos para pedir cuentas a los que han cometido crímenes atroces contra los derechos humanos, en lugar de reforzar un clima de inmunidad y discriminación contra los indígenas de Guatemala”, afirmó AI en relación con la resolución aprobada la semana pasada por el Parlamento de ese país.
Esa resolución, adoptada en el Congreso a propuesta de Partido Republicano Institucional (PRI) -anteriormente conocido como Frente Republicano Guatemalteco (FRG) que fundó el dictador José Efraín Ríos Montt-, señaló que en ese período no hubo genocidio en Guatemala.
La resolución se emitió casi un año después de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala anulara la condena a Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de guerra.
El general golpista guatemalteco fue condenado el 10 de mayo de 2013 por el asesinato de 1,771 indígenas de la etnia ixil entre 1982-1983; pero la sentencia fue anulada diez días después por errores en el proceso.
Proceso pendiente
“Guatemala tiene una deuda de justicia con las víctimas de Ríos Montt y con las 200 mil víctimas del resto del conflicto”, lamentó Sebastián Elgueta, investigador en Guatemala para AI, quien pidió que no se ignoren las investigaciones imparciales que “sitúan en un lugar incómodo a los que están en el poder”.
Esa organización defensora de los derechos humanos consideró que Guatemala está en una encrucijada. “El país no debería volver a los días en los que las violaciones de los derechos humanos no se investigaban ni se perseguían.
Cientos de miles de víctimas del conflicto de Guatemala, incluidos los parientes de los asesinados y desaparecidos, supervivientes de masacres y violencia sexual, esperan que haya justicia”, dijo AI.
