Ciudad de Guatemala, Guatemala
El juez Miguel Ángel Gálvez retomó este jueves la audiencia de primera declaración contra 57 integrantes de una red criminal acusada de saquear al Estado de Guatemala entre 2012 y 2015, supuestamente bajo las órdenes del expresidente Otto Pérez Molina.
Los imputados, entre los que figura también la exvicepresidenta Roxana Baldetti, continúan este jueves exponiendo sus alegatos de defensa ante el juzgador.
Gálvez explicó que el inicio de la diligencia, previsto para las 09.00 hora local (15.00 GMT), se retrasó debido a un incidente entre una acusada y una guardia de seguridad de la Corte Suprema de Justicia.
La imputada, identificada como Emilia Ayuso, tuvo un altercado con la guardia al momento de la requisa para ingresar a la sala de vistas de la Corte.
Ayuso, según un vídeo colgado en medios locales y que después fue confirmado por el juez, le dijo a la guardia: 'ni mi marido me toca así', la empujó y la policía hizo lo mismo.
'Vine un poco tarde porque estaba viendo el vídeo y el incidente ya está en investigación', digo Gálvez y agregó que la guardia está 'golpeada'.
En su comparecencia ante el juez por este incidente, Ayuso pidió 'respeto' y explicó que se molestó porque la policía la llamó 'ladrona'.
Luego el juzgador continuó con la audiencia, en la que se espera la declaración de los 15 imputados que faltan, entre ellos los supuestos cabecillas de la red, Pérez Molina y Baldetti, quienes serán los últimos en pasar al estrado de acuerdo con el listado en poder del presidente del Juzgado B de Mayor Riesgo.
Hasta ahora, solo el exmandatario ha anunciado que dará su declaración al juez para defenderse de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que le imputó la semana pasada la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público.
De los 42 que han desfilado ante el juez solo 13 han dado su versión de los hechos en el caso denominado como 'Cooptación del Estado'.
La organización, según las investigaciones de la Feci y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), se benefició con al menos 65 millones de dólares a través de las comisiones que cobraban a empresarios por contratos que les otorgaba el Estado.
El Ministerio Público tiene como colaborador en este caso a Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti.
El juez Miguel Ángel Gálvez retomó este jueves la audiencia de primera declaración contra 57 integrantes de una red criminal acusada de saquear al Estado de Guatemala entre 2012 y 2015, supuestamente bajo las órdenes del expresidente Otto Pérez Molina.
Los imputados, entre los que figura también la exvicepresidenta Roxana Baldetti, continúan este jueves exponiendo sus alegatos de defensa ante el juzgador.
Gálvez explicó que el inicio de la diligencia, previsto para las 09.00 hora local (15.00 GMT), se retrasó debido a un incidente entre una acusada y una guardia de seguridad de la Corte Suprema de Justicia.
La imputada, identificada como Emilia Ayuso, tuvo un altercado con la guardia al momento de la requisa para ingresar a la sala de vistas de la Corte.
Ayuso, según un vídeo colgado en medios locales y que después fue confirmado por el juez, le dijo a la guardia: 'ni mi marido me toca así', la empujó y la policía hizo lo mismo.
'Vine un poco tarde porque estaba viendo el vídeo y el incidente ya está en investigación', digo Gálvez y agregó que la guardia está 'golpeada'.
En su comparecencia ante el juez por este incidente, Ayuso pidió 'respeto' y explicó que se molestó porque la policía la llamó 'ladrona'.
Luego el juzgador continuó con la audiencia, en la que se espera la declaración de los 15 imputados que faltan, entre ellos los supuestos cabecillas de la red, Pérez Molina y Baldetti, quienes serán los últimos en pasar al estrado de acuerdo con el listado en poder del presidente del Juzgado B de Mayor Riesgo.
Hasta ahora, solo el exmandatario ha anunciado que dará su declaración al juez para defenderse de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que le imputó la semana pasada la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público.
De los 42 que han desfilado ante el juez solo 13 han dado su versión de los hechos en el caso denominado como 'Cooptación del Estado'.
La organización, según las investigaciones de la Feci y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), se benefició con al menos 65 millones de dólares a través de las comisiones que cobraban a empresarios por contratos que les otorgaba el Estado.
El Ministerio Público tiene como colaborador en este caso a Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti.
