El asesinato de una joven estadounidense, en un muelle de San Francisco, California, a manos de un inmigrante mexicano que había sido deportado en varias ocasiones es el punto de partida para dos congresistas demócratas que pidieron hoy a los Departamentos de Estado y de Seguridad, una revisión profunda de la política de detención de inmigrantes con antecedentes criminales.
La líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y la congresista Zoe Lofgren, ambas de California, solicitaron a los secretarios Jeh Johnson y Loretta Lynch que las distintas agencias locales y federales mejoren las comunicaciones para “evitar” que se repita un caso como el registrado en San Francisco.
De igual manera los congresistas republicanos presentaron en el Congreso una iniciativa de ley que condiciona los subsidios federales a las “ciudades santuario” que no cumplan con la aplicación de la ley de inmigración, apuntando al mismo caso.
La medida incluye la fijación de una pena de prisión de cinco años para aquellos indocumentados deportados que regresan ilegalmente a Estados Unidos.
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San Francisco integra la lista de “ciudades santuario”, ciudades que han declarado su respaldo a una reforma migratoria integral que permita legalizar la permanencia de inmigrantes indocumentados. Los concejos municipales han decidido que sus policías no se conviertan en agentes federales de inmigración y cesen su colaboración con programas para detener a indocumentados.