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Baltimore, EUA
Argumentos.
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Uno de los capítulos más oscuros de la presencia de EUA en Centroamérica revivió ayer en un tribunal de estado de Maryland.
774 personas interpusieron una demanda colectiva contra la Corporación Johns Hopkins Hospital System y la Fundación Rockefeller por su participación en una serie de experimentos médicos realizados en Guatemala en las décadas de 1940 y 1950.
Los experimentos consistían en infectar a los “conejillos de indias” con enfermedades venéreas sin su consentimiento.
El programa era iniciativa del gobierno estadounidense quien, en 2010, reconoció los hechos y pidió disculpas. Sin embargo, en 2012, un juez federal exoneró a Washington de responsabilidad ante las víctimas alegando que el gobierno federal no puede ser responsabilizado por acciones ocurridas fuera de territorio estadounidense.
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" Sede de la Corporación John Hopkins, en Baltimore (EUA).
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La demanda exige 1,000 millones de dólares como indemnización para individuos, esposas e hijos de personas infectadas con sífilis, gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual entre 1945 y 1956.
Los abogados sostienen que Johns Hopkins y Rockefeller tuvieron “influencia considerable” sobre los estudios al controlar algunos comités que asesoraron al gobierno sobre cómo aplicar el dinero para la investigación.
“Ellos lo sabían, lo planearon, lo diseñaron, buscaron financiarlo, lo mantuvieron supervisado. Hopkins proporcionó conejos sifilíticos que fueron utilizados para inyectar sífilis a individuos”, dijo el letrado Paul Bekman.
La querella afirma que los experimentos fueron realizados en el extranjero para “dar a los investigadores la oportunidad de probar métodos adicionales de infección de humanos lejos del escrutinio público”.
Reacciones.
En un comunicado por escrito, Hopkins calificó los experimentos como algo “deplorable” pero Robert Mathias, su abogado principal en el caso, dijo que la demanda “carece de fundamento”. “No fue un estudio de Johns Hopkins. Fue un estudio del gobierno federal”, subrayó.
En la misma línea, la Fundación Rockefeller afirmó, en un comunicado, que los estudios son “moralmente repugnantes” y añadió que apoya que el gobierno estadounidense indemnice a las víctimas y sus familias. Sin embargo, aclara que la fundación “no diseñó, financió o dirigió ninguno de estos experimentos y no tuvo ningún conocimiento de ellos”, por lo que se opondrá a la demanda.
Tras reconocer los hechos, el gobierno de EUA encargó una investigación que concluyó que más de 5,000 personas habían sido utilizadas en los experimentos entre ellas más de 1,000 niños huérfanos. Washington remuneró al gobierno guatemalteco por los ensayos clínicos y financió la contrucción del Hospital Roosevelt.
