Brasilia.
La Presidencia de Brasil volvió a rechazar ayer con virulencia la multiplicación de acciones legales contra el mandatario Michel Temer, que en los próximos días podría ser objeto de una segunda denuncia formal por parte del fiscal general Rodrigo Janot.
“El Estado democrático de derecho existe para preservar la integridad de los ciudadanos, para cohibir la barbarie de la punición sin pruebas y evitar toda forma de injusticia. En las última semanas, en Brasil ocurre exactamente lo contrario”, afirmó la secretaría de Comunicación de la presidencia en un comunicado.
Es el segundo texto de ese tenor emitido por la Presidencia desde que la prensa filtrara el lunes un presunto informe de la Policía Federal (PF) que deja más que mal parado a Temer.
De acuerdo con ese documento, el mandatario conservador tenía “poder de decisión” en la bancada de su partido, el PMDB, para colocar personas en “cargos estratégicos” y realizar “articulaciones con empresarios beneficiados en los esquemas [de sobornos] para recibir valores de donaciones electorales”.
El informe -no oficializado- señala que Temer habría recibido 31,5 millones de reales (10,1 millones de dólares) por “ventajas indebidas”, proviniendo un tercio de ese valor de la constructora Odebrecht, un actor clave de la gigantesca Operación Lava Jato sobre sobornos en Petrobras.
El reporte de la PF alimentó una nueva ola de tensiones al calor de la catarata de denuncias que lanzó Janot en sus últimos días de mandato, con pedidos de acciones legales contra tres expresidentes - Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff y José Sarney- y contra dos de las principales fuerzas políticas del país, el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y el PMDB de Temer.
Ayer, además, un juez de la corte suprema autorizó abrir otra investigación a pedido del fiscal general para indagar si el mandatario y uno de sus hombres de confianza recibieron sobornos para favorecer a una empresa del sector portuario, en una causa diferente.
La Presidencia de Brasil volvió a rechazar ayer con virulencia la multiplicación de acciones legales contra el mandatario Michel Temer, que en los próximos días podría ser objeto de una segunda denuncia formal por parte del fiscal general Rodrigo Janot.
“El Estado democrático de derecho existe para preservar la integridad de los ciudadanos, para cohibir la barbarie de la punición sin pruebas y evitar toda forma de injusticia. En las última semanas, en Brasil ocurre exactamente lo contrario”, afirmó la secretaría de Comunicación de la presidencia en un comunicado.
Es el segundo texto de ese tenor emitido por la Presidencia desde que la prensa filtrara el lunes un presunto informe de la Policía Federal (PF) que deja más que mal parado a Temer.
De acuerdo con ese documento, el mandatario conservador tenía “poder de decisión” en la bancada de su partido, el PMDB, para colocar personas en “cargos estratégicos” y realizar “articulaciones con empresarios beneficiados en los esquemas [de sobornos] para recibir valores de donaciones electorales”.
El informe -no oficializado- señala que Temer habría recibido 31,5 millones de reales (10,1 millones de dólares) por “ventajas indebidas”, proviniendo un tercio de ese valor de la constructora Odebrecht, un actor clave de la gigantesca Operación Lava Jato sobre sobornos en Petrobras.
El reporte de la PF alimentó una nueva ola de tensiones al calor de la catarata de denuncias que lanzó Janot en sus últimos días de mandato, con pedidos de acciones legales contra tres expresidentes - Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff y José Sarney- y contra dos de las principales fuerzas políticas del país, el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y el PMDB de Temer.
Ayer, además, un juez de la corte suprema autorizó abrir otra investigación a pedido del fiscal general para indagar si el mandatario y uno de sus hombres de confianza recibieron sobornos para favorecer a una empresa del sector portuario, en una causa diferente.
