Tegucigalpa, Honduras.
Pese a la suspensión de su cargo, el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla Euceda, sigue gozando de la protección de militares que habitualmente lo resguardan.
El jueves, el juez natural Raúl Henríquez Interiano impuso un arresto domiciliario a Bonilla por abuso de poder.
Se constató en las afueras de su residencia la presencia de los agentes del orden que lo han venido resguardando, así como los vehículos de lujo y blindados que el Poder Judicial le dispone.
Por ningún lado se vio a un policía nacional, quienes suelen ser los que cumplen con las órdenes de arresto que los jueces establecen.
El juez natural indicó que “debiendo informarse al presidente de la Corte Suprema de Justicia, en su condición de presidente del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, la suspensión que implica todos los derechos inherentes a su cargo”.
Apelación
Marvin Cálix y José Adalid Rodríguez, abogados defensores de Bonilla, interpusieron ayer un recurso de apelación ante la secretaría de la Sala Penal para que la Corte de Apelaciones revise la decisión del juez natural.
Según los profesionales del Derecho, las medidas que impuso el juez son arbitrarias, exorbitantes e ilógicas.
“Impone que no puede salir del país, si no puede ni salir a la acera de su casa por el arresto domiciliario”, indicó Rodríguez. Argumentaron ante la Corte que el juez incurrió en abuso de autoridad y prevaricato porque suspendió a Bonilla sin ser el momento procesal oportuno para tomar esa determinación judicial. De acuerdo con Cálix, una medida de tal magnitud solo puede darse en la audiencia inicial si se encuentran los mínimos indicios racionales de la participación de su cliente en los delitos por los que la Fiscalía le acusa.
El Ministerio Público acusó al vicepresidente del Consejo por tráfico de influencias. Otro de los puntos que alegan los defensores es que el juez Interiano ya juzgó a Bonilla, pues en su resolución habla del delito cometido por el funcionario.
Firmeza
Cálix y Rodríguez argumentaron que la suspensión del cargo de vicepresidente aún no está firme, puesto que debe ser conocida por la Corte de Apelaciones, integrada por los magistrados designados Silvia Trinidad Santos, Elmer Lizardo Carranza y German Vicente García García.
Fuentes aseguran que el recurso es inútil por cuestión de tiempo debido a la brevedad de la audiencia inicial, la cual quedó programada para el martes 9 de febrero, donde la defensa pedirá el cambio de medidas. Asimismo, se conoció que Bonilla planteó entregar una fianza hipotecaria en más de un millón de lempiras, la cual no fue aceptada por el juez.
El requerimiento detalla que en una operación realizada en enero de 2014 por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico junto con la Policía Militar se capturó a Carlos José Fúnez Cáceres, Carlos Roberto Bonilla y Denis Donadín Bonilla, estos dos sobrinos del funcionario.
Se les acusó por lavado de activos, almacenamiento de armas comerciales, armas prohibidas y municiones. El caso se denominó “Shalom” por ser ese el nombre del lugar donde se les capturó.
El funcionario habría presionado para que liberaran a sus parientes, según la acusación.
La acusación también incluye por abuso de autoridad y prevaricato a la magistrada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Delmis Elizabet López, y a la jueza con Jurisdicción Nacional, Liz María Núñez, por tráfico de influencias.
Pese a la suspensión de su cargo, el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla Euceda, sigue gozando de la protección de militares que habitualmente lo resguardan.
El jueves, el juez natural Raúl Henríquez Interiano impuso un arresto domiciliario a Bonilla por abuso de poder.
Se constató en las afueras de su residencia la presencia de los agentes del orden que lo han venido resguardando, así como los vehículos de lujo y blindados que el Poder Judicial le dispone.
Por ningún lado se vio a un policía nacional, quienes suelen ser los que cumplen con las órdenes de arresto que los jueces establecen.
El juez natural indicó que “debiendo informarse al presidente de la Corte Suprema de Justicia, en su condición de presidente del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, la suspensión que implica todos los derechos inherentes a su cargo”.
 La guardia que acostumbra cuidar a Bonilla.
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Marvin Cálix y José Adalid Rodríguez, abogados defensores de Bonilla, interpusieron ayer un recurso de apelación ante la secretaría de la Sala Penal para que la Corte de Apelaciones revise la decisión del juez natural.
Según los profesionales del Derecho, las medidas que impuso el juez son arbitrarias, exorbitantes e ilógicas.
“Impone que no puede salir del país, si no puede ni salir a la acera de su casa por el arresto domiciliario”, indicó Rodríguez. Argumentaron ante la Corte que el juez incurrió en abuso de autoridad y prevaricato porque suspendió a Bonilla sin ser el momento procesal oportuno para tomar esa determinación judicial. De acuerdo con Cálix, una medida de tal magnitud solo puede darse en la audiencia inicial si se encuentran los mínimos indicios racionales de la participación de su cliente en los delitos por los que la Fiscalía le acusa.
El Ministerio Público acusó al vicepresidente del Consejo por tráfico de influencias. Otro de los puntos que alegan los defensores es que el juez Interiano ya juzgó a Bonilla, pues en su resolución habla del delito cometido por el funcionario.
 Los abogados presentaron recurso de reposición.
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Cálix y Rodríguez argumentaron que la suspensión del cargo de vicepresidente aún no está firme, puesto que debe ser conocida por la Corte de Apelaciones, integrada por los magistrados designados Silvia Trinidad Santos, Elmer Lizardo Carranza y German Vicente García García.
Fuentes aseguran que el recurso es inútil por cuestión de tiempo debido a la brevedad de la audiencia inicial, la cual quedó programada para el martes 9 de febrero, donde la defensa pedirá el cambio de medidas. Asimismo, se conoció que Bonilla planteó entregar una fianza hipotecaria en más de un millón de lempiras, la cual no fue aceptada por el juez.
El requerimiento detalla que en una operación realizada en enero de 2014 por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico junto con la Policía Militar se capturó a Carlos José Fúnez Cáceres, Carlos Roberto Bonilla y Denis Donadín Bonilla, estos dos sobrinos del funcionario.
Se les acusó por lavado de activos, almacenamiento de armas comerciales, armas prohibidas y municiones. El caso se denominó “Shalom” por ser ese el nombre del lugar donde se les capturó.
El funcionario habría presionado para que liberaran a sus parientes, según la acusación.
La acusación también incluye por abuso de autoridad y prevaricato a la magistrada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Delmis Elizabet López, y a la jueza con Jurisdicción Nacional, Liz María Núñez, por tráfico de influencias.
