Tegucigalpa, Honduras
Un grupo de militares custodian la vivienda del exvicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, quien guarda arresto domiciliario acusado por el delito de abuso de autoridad y prevaricato.
Esta medida es una de cuatro que dictó el juez con jurisdicción nacional y que incluye la suspensión de su cargo, salir del país y la prohibición de comunicarse con dos personas más ligadas al caso 'Shalom'.
El magistrado Henríquez Alvarado fue nombrado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia como juez natural, ya que previamente fue designado el magistrado Víctor Lozano Urbina pero fue recusado por la Fiscalía por la amistad cercana con Bonilla que según fue evidenciado por la divulgación de grabaciones telefónicas entre los dos.
El juez Alvarado determinó que el próximo martes 9 de febrero se realice la audiencia inicial.
Defensa
El vocero de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, informó que han recibido por parte de la defensa de Bonilla el recurso de apelación ante las medidas dictadas por el juez.
Acusación
Según la acusación contra el concejal, en una operación realizada en enero de 2014 por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico junto a la Policía Militar, se capturó a Carlos José Fúnez Cáceres, Carlos Roberto Bonilla y Denis Donadín Bonilla.
Los detenidos fueron acusados por lavado de activos, almacenamiento de armas comerciales, armas prohibidas y municiones comerciales. El funcionario habría presionado para beneficiar a sus parientes, según la acusación.
Por eso, el requerimiento también amplía por abuso de autoridad y prevaricato a la magistrada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Delmis Elizabet López, y a la jueza con Jurisdicción Nacional, Liz María Núñez, por tráfico de influencias.
El concejal también protagonizó un escándalo por su polémica plática con el presidente de la Sala de lo Constitucional, que puso al descubierto el irrespeto al presidente de la CSJ, una jueza y dos magistradas.
