Tegucigalpa, Honduras.
A raíz de la ola de violencia que se ha desatado en el país, los operadores de justicia agrupados en el Consejo de Defensa y Seguridad destacaron que “ gran porcentaje de los crímenes que están ocurriendo en el país es producto de una reacción de la presión que se está ejerciendo sobre los criminales y sus bandas que han dado como resultado la extradición de jefes o cabecillas de estos grupos criminales”.
Lo anterior se destaca en la exposición de motivos que el Consejo envió al Congreso Nacional para reformar el artículo 332 del Código Penal, en el que elevarán las penas y multas a las personas que participen en asociaciones ilícitas permanentes o transitorias.
Penas
El proyecto de reforma fue introducido al pleno ayer mediante una nota de remisión leída por el secretario del Congreso, Mario Pérez. Junto a la reforma al artículo 332, más conocido como Ley Antimaras, el secretario acusó recibo del proyecto de Ley Especial para evitar el ocio en los centros penales mediante programas que permitan a los privados de libertad realizar trabajos mientras cumplen su condena.
El secretario de la comisión de seguridad del Congreso, Tomás Zambrano, explicó a LA PRENSA que antes que el Legislativo discuta la reforma se debe solicitar la opinión jurídica a la Corte Suprema de Justicia.
“Tendremos pronto la opinión de la Corte para comenzar a discutir la reforma al artículo 332 que va desde el aumento de las penas de 20 a 30 años, así como el delito de involucrar a menores de edad, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas u otras”, manifestó Zambrano.
Con la reforma, las asociaciones ilícitas para cometer cualquier tipo de delito también serán sancionadas con multas que van desde los 100,000 a 300,000 lempiras. Además, sancionarán “a quienes delinquen en contra de las autoridades de cualquiera de los poderes del Estado, Ministerio Público y cualquier otro operador de justicia”, revela el proyecto de reforma.
Para el analista en temas de seguridad, Raúl Pineda Alvarado, existen serios problemas en la política criminal, los que deben analizarse con urgencia.
“Si esto no se analiza con urgencia, no se van a poder resolver los problemas de violencia que hay en el país. Hasta este momento, los resultados son modestos precisamente porque no se han hecho diagnósticos científicos para poder tener mejores estrategias”, expresó.
Para el diputado del Partido Liberal, Yuri Sabas, el problema de los delitos que se cometen en las asociaciones ilícitas no es cuestión de años, sino de la impunidad que reina en la mayoría de casos.
“Endurecer las penas en cierto sentido puede ayudar, sin embargo, no es la solución porque aquí lo que reina es la impunidad.
De qué sirve que usted ofrezca 100 años de cárcel si no logra capturar al culpable o no se logra deducir la responsabilidad al responsable. Ese es un disuasivo.
Pero si tenemos claro que la lucha es combatir la criminalidad, nueve de cada 10 casos en el país quedan en la impunidad.
Al recibir la opinión de la Corte Suprema, los congresistas comenzarán a debatir la reforma.
A raíz de la ola de violencia que se ha desatado en el país, los operadores de justicia agrupados en el Consejo de Defensa y Seguridad destacaron que “ gran porcentaje de los crímenes que están ocurriendo en el país es producto de una reacción de la presión que se está ejerciendo sobre los criminales y sus bandas que han dado como resultado la extradición de jefes o cabecillas de estos grupos criminales”.
Lo anterior se destaca en la exposición de motivos que el Consejo envió al Congreso Nacional para reformar el artículo 332 del Código Penal, en el que elevarán las penas y multas a las personas que participen en asociaciones ilícitas permanentes o transitorias.
Penas
El proyecto de reforma fue introducido al pleno ayer mediante una nota de remisión leída por el secretario del Congreso, Mario Pérez. Junto a la reforma al artículo 332, más conocido como Ley Antimaras, el secretario acusó recibo del proyecto de Ley Especial para evitar el ocio en los centros penales mediante programas que permitan a los privados de libertad realizar trabajos mientras cumplen su condena.
El secretario de la comisión de seguridad del Congreso, Tomás Zambrano, explicó a LA PRENSA que antes que el Legislativo discuta la reforma se debe solicitar la opinión jurídica a la Corte Suprema de Justicia.
“Tendremos pronto la opinión de la Corte para comenzar a discutir la reforma al artículo 332 que va desde el aumento de las penas de 20 a 30 años, así como el delito de involucrar a menores de edad, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas u otras”, manifestó Zambrano.
Con la reforma, las asociaciones ilícitas para cometer cualquier tipo de delito también serán sancionadas con multas que van desde los 100,000 a 300,000 lempiras. Además, sancionarán “a quienes delinquen en contra de las autoridades de cualquiera de los poderes del Estado, Ministerio Público y cualquier otro operador de justicia”, revela el proyecto de reforma.
Para el analista en temas de seguridad, Raúl Pineda Alvarado, existen serios problemas en la política criminal, los que deben analizarse con urgencia.
“Si esto no se analiza con urgencia, no se van a poder resolver los problemas de violencia que hay en el país. Hasta este momento, los resultados son modestos precisamente porque no se han hecho diagnósticos científicos para poder tener mejores estrategias”, expresó.
Para el diputado del Partido Liberal, Yuri Sabas, el problema de los delitos que se cometen en las asociaciones ilícitas no es cuestión de años, sino de la impunidad que reina en la mayoría de casos.
“Endurecer las penas en cierto sentido puede ayudar, sin embargo, no es la solución porque aquí lo que reina es la impunidad.
De qué sirve que usted ofrezca 100 años de cárcel si no logra capturar al culpable o no se logra deducir la responsabilidad al responsable. Ese es un disuasivo.
Pero si tenemos claro que la lucha es combatir la criminalidad, nueve de cada 10 casos en el país quedan en la impunidad.
Al recibir la opinión de la Corte Suprema, los congresistas comenzarán a debatir la reforma.
