San Pedro Sula, Honduras.
El Consejo de Defensa y Seguridad decidió enviar el lunes al Congreso Nacional la solicitud de revisión del artículo 332 del Código Penal y una revisión a la normativa del sistema penitenciario.
El artìculo es conocido como Ley Antimaras y su enmienda obedece a que la norma “no está funcionando”, ya que únicamente se circunscribe a las maras.
El artículo 332 establece textualmente “penas de nueve a doce años de reclusión y multas de 10,000 a 200,000 lempiras a los jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito”.
El presidente
Ante la ola de violencia que azota a Honduras el mandatario Juan Orlando Hernández a través de su cuenta en twitter ya había adelantado la noche del domingo la necesidad de enviar al Legislativo ambas solicitudes.
Este mediodía Hernández explicó que con la reforma 'se tiene que castigar no solo a quienes pertenecen a las maras sino a toda persona que participe o colabora en delitos cometidos y planificados por cualquier organización criminal', dijo Hernández.
Tras la aprobación de la Ley Antimaras en agosto de 2002, en el período del expresidente Ricardo Maduro, decenas de miembros de maras fueron capturados y puestos a la orden de la justicia. Años más tarde, las organizaciones criminales cambiaron su forma de operar, al extremo de ponerle fin a los tatuajes para evitar ser enjuiciados y encarcelados.
Hernández sostuvo que actualmente esta ley obliga a los operadores a aprobar la permanencia de un acusado a una organización criminal, ya que el 332 señala asociaciones ilícitas con propósito permanente.
El titular del Ejecutivo indicó que se debe abrir el articulado y dejarlo escalonado en función de la participación que tenga una persona en cualquier hecho criminal.
Penales
El gobernante anunció que también el consejo propondrá una revisión profunda de toda la normativa que rige el colapsado sistema penitenciario.
Admitió que el problema en los centros penales del país es “complejo y difícil”, al extremo que hasta para cambiar de celda a un recluso se tiene que pedir autorización a una comisión encargada.
Confirmó la remisión de una normativa al Congreso Nacional que permita que los privados de libertad realicen trabajos mientras cumplen su condena para facilitar su rehabilitación.
Se ha mencionando que los privados de libertad podrían ser obligados a picar piedra, hacer ladrillos, construir vías de comunicación, entre otras actividades.
Según entendidos en el tema, el Gobierno tendría que denunciar algunos tratados en materia de derechos humanos para poner en marcha una legislación de este tipo.
El Presidente anunció, además, que por decisión de los miembros del consejo se ha considerado toda una serie de iniciativas que vienen a ajustar la normativa en toda la parte de justicia penal a la realidad que vive el país
El mandatario compartió que se ha hecho un análisis del primer año de la Operación Morazán que ejecuta la Fuerza de Seguridad Interistitucional (Fusina) junto a los operadores de justicia. 'Avanzamos pero aún falta mucho', reconoció.
'Seguiremos de frente luchando por la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño. Seguimos con toda determinación a pesar que grupos criminales y sus afines quieren detener las fuerzas del Estado con campañas y amenazas', señaló.
Hernández señala que gran porcentaje de los crímenes que están ocurriendo al país es una reacción a la presión que se está ejerciendo sobre los criminales y por las extradiciones.
Seguimos con toda determinación a pesar que grupos criminales y sus afines quieren detener las fuerzas del estado con campañas y amenazas.
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