Tegucigalpa, Honduras.
El expresidente Manuel Zelaya Rosales es el principal artífice del “carretillazo”, de acuerdo con las valoraciones del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
En solo dos operaciones se sustrajeron L50.9 millones del Banco Central de Honduras (BCH) para apoyar la ilegal Cuarta Urna.
Este dinero fue sacado del Banco Central y, aunque no se utilizó por los hechos del 28 de junio de 2009, quienes lo recibieron no lo devolvieron a las arcas del Estado.
Según los hechos, Zelaya en Consejo de Ministros aprobó el acuerdo ejecutivo 006-2009, de fecha 6 de mayo de 2009, que justificaba la asignación extrapresupuestaria de 230 millones para la Secretaría de Seguridad con el fin de ser empleados en contratación directa de materiales, suministros y bienes.
De estos 230 millones se destinaron 40 millones de lempiras para compra de equipo de comunicación, siendo estos recursos los que se retiraron en efectivo, en lo que por ser un escándalo de corrupción fue bautizado como el “carretillazo”.
Los otros 10.9 millones se asignaron a la Guardia de Honor Presidencial.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) relaciona la emisión del acuerdo con la sustracción de los 50.9 millones de lempiras. Por ello, la magistrada del TSC Daysi de Anchecta afirmó que Zelaya tiene responsabilidad por el “carretillazo”.
“Claro, los presidentes son los primeros mandatarios de la nación, todo lo que se hace se hace bajo las órdenes e instrucciones de esta persona”, manifestó.
Enseguida insistió en que “hay responsabilidad (de Mel) porque el decreto o el acuerdo se dio en Consejo de Ministros, y ¿quién preside el Consejo de Ministros? El presidente de la República”, señaló.
Además, afirmó que hay responsabilidad de los ministros que aprobaron este acuerdo ejecutivo.
“Porque firmaron una cosa ilegal, ellos pusieron al tapete de la discusión y aprobaron algo que era ilegal, que no estaba en la Constitución de la República”, indicó.
Asimismo, señaló que el entonces ministro de Seguridad Jorge Rodas Gamero tiene culpa. “La responsabilidad del señor Gamero es ir a retirar en efectivo esta cantidad (40 millones) y entregarla a una Secretaría que no era la de él”, dijo.
Recordó que en junio de 2009 no había un presupuesto general de ingresos y egresos aprobado por el Congreso Nacional.
“Si el Ejecutivo no envió al Congreso, a través de Finanzas, para que se autorizara el presupuesto de la nación del Estado, como es posible que se dé esa asignación de 230 millones a esa Secretaría (de Seguridad) y que de esos 230 millones 40 millones se sacan en efectivo para algo que fue declarado después ilegal”, refirió la magistrada.
Zelaya instruyó a todas las Secretarías de Estado apoyar el proceso de la cuarta urna. Solo se conoce que del FHIS se sustrajeron 30 millones de lempiras para publicitar el ilegal proyecto.
Al no haber un presupuesto aprobado no existía un renglón para asignar fondos para la cuarta urna. Por lo tanto, los funcionarios no estaban autorizados para afectar el presupuesto y apoyar este proyecto.
“Lo que quiere decir que esto es ilegal”, afirmó. Asimismo, recordó que los funcionarios le tenían temor a Mel, “las órdenes que este daba se cumplían”.
Persecución
El exministro de la Presidencia Enrique Flores Lanza acudió ayer a la Sala Constitucional a conocer la situación de los amparos interpuestos a su favor.
Denunció que es víctima de persecución política por parte del actual Gobierno, para tapar actos de corrupción, y que Libre no suscriba alianzas para oposición.
Aseguró que no es un acto de corrupción que funcionarios administraran fondos para la cuarta urna. Flores ayer reconoció que había coordinadores; pero negó que él haya dicho que recibieron el dinero.
Dijo que el TSC le está notificando un reparo por 1.5 millones de dólares por concepto de salarios pagados al norteamericano Robert Meyeringh, asesor en la fórmula de combustibles. No obstante, aseguró que Meyeringh le ahorró al país 50 millones cada tres años.
El expresidente Manuel Zelaya Rosales es el principal artífice del “carretillazo”, de acuerdo con las valoraciones del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
En solo dos operaciones se sustrajeron L50.9 millones del Banco Central de Honduras (BCH) para apoyar la ilegal Cuarta Urna.
Este dinero fue sacado del Banco Central y, aunque no se utilizó por los hechos del 28 de junio de 2009, quienes lo recibieron no lo devolvieron a las arcas del Estado.
Según los hechos, Zelaya en Consejo de Ministros aprobó el acuerdo ejecutivo 006-2009, de fecha 6 de mayo de 2009, que justificaba la asignación extrapresupuestaria de 230 millones para la Secretaría de Seguridad con el fin de ser empleados en contratación directa de materiales, suministros y bienes.
De estos 230 millones se destinaron 40 millones de lempiras para compra de equipo de comunicación, siendo estos recursos los que se retiraron en efectivo, en lo que por ser un escándalo de corrupción fue bautizado como el “carretillazo”.
Los otros 10.9 millones se asignaron a la Guardia de Honor Presidencial.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) relaciona la emisión del acuerdo con la sustracción de los 50.9 millones de lempiras. Por ello, la magistrada del TSC Daysi de Anchecta afirmó que Zelaya tiene responsabilidad por el “carretillazo”.
“Claro, los presidentes son los primeros mandatarios de la nación, todo lo que se hace se hace bajo las órdenes e instrucciones de esta persona”, manifestó.
Enseguida insistió en que “hay responsabilidad (de Mel) porque el decreto o el acuerdo se dio en Consejo de Ministros, y ¿quién preside el Consejo de Ministros? El presidente de la República”, señaló.
Además, afirmó que hay responsabilidad de los ministros que aprobaron este acuerdo ejecutivo.
“Porque firmaron una cosa ilegal, ellos pusieron al tapete de la discusión y aprobaron algo que era ilegal, que no estaba en la Constitución de la República”, indicó.
Asimismo, señaló que el entonces ministro de Seguridad Jorge Rodas Gamero tiene culpa. “La responsabilidad del señor Gamero es ir a retirar en efectivo esta cantidad (40 millones) y entregarla a una Secretaría que no era la de él”, dijo.
Recordó que en junio de 2009 no había un presupuesto general de ingresos y egresos aprobado por el Congreso Nacional.
“Si el Ejecutivo no envió al Congreso, a través de Finanzas, para que se autorizara el presupuesto de la nación del Estado, como es posible que se dé esa asignación de 230 millones a esa Secretaría (de Seguridad) y que de esos 230 millones 40 millones se sacan en efectivo para algo que fue declarado después ilegal”, refirió la magistrada.
Zelaya instruyó a todas las Secretarías de Estado apoyar el proceso de la cuarta urna. Solo se conoce que del FHIS se sustrajeron 30 millones de lempiras para publicitar el ilegal proyecto.
Al no haber un presupuesto aprobado no existía un renglón para asignar fondos para la cuarta urna. Por lo tanto, los funcionarios no estaban autorizados para afectar el presupuesto y apoyar este proyecto.
“Lo que quiere decir que esto es ilegal”, afirmó. Asimismo, recordó que los funcionarios le tenían temor a Mel, “las órdenes que este daba se cumplían”.
Persecución
El exministro de la Presidencia Enrique Flores Lanza acudió ayer a la Sala Constitucional a conocer la situación de los amparos interpuestos a su favor.
Denunció que es víctima de persecución política por parte del actual Gobierno, para tapar actos de corrupción, y que Libre no suscriba alianzas para oposición.
Aseguró que no es un acto de corrupción que funcionarios administraran fondos para la cuarta urna. Flores ayer reconoció que había coordinadores; pero negó que él haya dicho que recibieron el dinero.
Dijo que el TSC le está notificando un reparo por 1.5 millones de dólares por concepto de salarios pagados al norteamericano Robert Meyeringh, asesor en la fórmula de combustibles. No obstante, aseguró que Meyeringh le ahorró al país 50 millones cada tres años.
