Tegucigalpa, Honduras.
El Código Penal contendrá sanciones más severas contra las personas que se constituyan en grupos criminales que, incluso, desafían a la autoridad con sus acciones de terror y muerte.
El Consejo de Seguridad y Defensa ha propuesto al Congreso Nacional la reforma del artículo 332, más conocido como Ley Antimaras, para aplicar penas más severas a los integrantes de estas asociaciones ilegales.
Antes de someterlo a discusión, el Congreso ha solicitado la opinión de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con la propuesta, el artículo 332 quedará así:
“Artículo 332. Asociación para cometer cualquier tipo de delito. Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de cien mil (L100,000.00) a trescientos mil (L300,000.00) lempiras, a los integrantes o personas vinculadas a los grupos criminales de dos o más personas que se asocien de manera transitoria o permanente con el propósito de poner en peligro cualquier bien jurídicamente protegido”.
La pena será aumentada en un tercio a los cabecillas de estos grupos que recluten menores de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores.
El Código Penal contendrá sanciones más severas contra las personas que se constituyan en grupos criminales que, incluso, desafían a la autoridad con sus acciones de terror y muerte.
El Consejo de Seguridad y Defensa ha propuesto al Congreso Nacional la reforma del artículo 332, más conocido como Ley Antimaras, para aplicar penas más severas a los integrantes de estas asociaciones ilegales.
Antes de someterlo a discusión, el Congreso ha solicitado la opinión de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con la propuesta, el artículo 332 quedará así:
“Artículo 332. Asociación para cometer cualquier tipo de delito. Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de cien mil (L100,000.00) a trescientos mil (L300,000.00) lempiras, a los integrantes o personas vinculadas a los grupos criminales de dos o más personas que se asocien de manera transitoria o permanente con el propósito de poner en peligro cualquier bien jurídicamente protegido”.
La pena será aumentada en un tercio a los cabecillas de estos grupos que recluten menores de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores.
