Venancio Cervantes, director de Migración califica la anunciada intervención a esa institución como una oportunidad para dinamizar el trabajo en la Dirección General de Migración y Extranjería y especializar al personal de esa dependencia en la prestación de servicios.
La Comisión Presidencial de Verificación, Auditoría y Reorganización que será nombrada por el Ejecutivo, auditará durante 60 días los servicios que prestan al público en materia de población, migración y extranjería.
El interés del Gobierno es garantizar que los controles en el país estén blindados ante posibles acciones del crimen organizado y las actividades terroristas que pueden tener redes en el país para facilitar el ingreso irregular de extranjeros al país.
“Vemos con buenos ojos la intervención, hay deficiencias en la institución y hay muchas cosas que tienen que ser dinámicas. Esta auditoría ayudará en la reorganización, avalúos financieros y administrativos.
La medida representa una oportunidad que al final dejará líneas de acción importantes para fortalecernos”, aseguró Cervantes.
“Urgen cambios”
Cervantes asegura que la institución necesita cambios y contar con personas especializadas dentro de la organización es una prioridad y dentro de los proyectos que planificó desarrollar está la creación de la carrera migratoria.
“La carrera migratoria vendría a fortalecer Migración, esas propuestas se enviaron al ministerio del Interior junto con las reformas que deben hacerse a la ley.
Proponíamos la descentralización, la autogestión para sacar adelante la Dirección. Estamos claros que hay que mejorar los controles en todos los puntos donde opera migración”, reconoció el funcionario.
Para el Cervantes, además se tienen que analizar los requisitos que se establecen para obtener los pasaportes y para legalizar la permanencia de extranjeros en el país.
“Se piden antecedentes penales en el país de origen para emitir un pasaporte y hay connacionales que desde hace años radican en otro país, eso debe cambiarse en la ley”, apuntó.
La intervención fue aprobada el martes en el Consejo de Ministros celebrado en Amapala.
