La Ley Especial para depurar la Policía de Honduras vence mañana en medio de inconformidades y controversias por 'pruebas de confianza' a los oficiales y agentes que, si no las aprueban, son despedidos.
Además, suspende algunos artículos de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, según la información oficial.
Para el analista político Matías Funes, la depuración de la Policía Nacional avanza 'lenta' por lo que sugirió al Ejecutivo solicitar al Parlamento una 'prórroga' de la ley especial.
Funes, quien es miembro de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, creada por el presidente hondureño, Porfirio Lobo, en marzo pasado, dijo hoy a Efe que si se quiere una depuración de la Policía es necesario prorrogar la ley, ya que es un 'proceso incipiente y que ha marchado con lentitud'.
Lobo ha dicho en varias ocasiones que es necesario ampliar la Ley de Depuración de la Policía; sin embargo, a un día de que venza no ha hecho la petición de ampliación al Parlamento.
De no prorrogarse la ley especial, se avizora un 'estancamiento' en el proceso de depuración y una 'gran insatisfacción' en la ciudadanía, que a diario clama porque haya justicia y se le ponga fin a la inseguridad en Honduras, considerado uno de los países más violentos del mundo, explicó Funes.
Este sábado, Lobo expresó al respecto que “claro que tiene que ampliarse ese decreto, lógicamente esto va al Congreso Nacional que es el que toma la decisión, pero es un proceso que se ha implementado, que se está llevando adelante y que es parte fundamental para depurar la Policía Nacional y hay que seguir con él”.
Además de Funes, la Comisión de Reforma la integran el secretario de Seguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA), Adam Blackwell, el excarabinero de Chile Aquiles Blu, y los hondureños Víctor Meza y Omar Casco.
La depuración de la Policía avanza 'lentamente', lo que según Funes, está justificado por la falta de recursos tecnológicos, conocimientos y porque el país 'no está debidamente preparado para encarar este proceso'.
Como parte del proceso de depuración de la Policía Nacional, unos 99 oficiales de la institución han quedado sin mando luego de someterse a las pruebas de confianza, informó el 25 de octubre pasado el director de la institución, Juan Carlos Bonilla.
Para Funes, las pruebas de confianza practicadas por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, creada en noviembre de 2011, se han realizado en un 'ambiente de controversia', ya que algunos oficiales señalan que 'violan' sus derechos.
Las pruebas han venido a generar 'inconformidad y controversia' entre los agentes y oficiales, ya que si reprueban deben abandonar la institución policial, dijo por su parte a Efe el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Héctor Iván Mejía.
La anterior Ley Orgánica de la Policía creaba 'menos anticuerpos' entre los agentes, quienes aseguran que la prueba de confianza los 'descalifica', agregó.
'Las pruebas de confianza ya las establecía la Ley Orgánica, pero con el actual decreto ordena que se descalifique al funcionario de policía', señaló Mejía.
La depuración de la Policía hondureña inició en noviembre de 2011 tras el asesinato de dos jóvenes, a finales de octubre de ese mismo año, uno de ellos hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma (Unah), Julieta Castellanos, quien ha pedido una 'depuración total' de la institución.
En los últimos años la Policía Nacional ha sido salpicada por la implicación de agentes y oficiales en varios delitos, incluidos crímenes, narcotráfico y robo de vehículos, entre otros.
Durante unas tres décadas la Policía de Honduras estuvo adscrita a las Fuerzas Armadas, lo que siempre cuestionaron diversos sectores sociales, por los múltiples abusos que también cometían agentes y oficiales de la institución.
