La nueva Ley de Transporte Terrestre enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional le da el tiro de gracia a la Dirección General del Transporte (DGT), institución que ha estado marcada por la corrupción y el abuso de sus autoridades.
En adelante, este estratégico sector estará rectorado por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre de Honduras (INTTH), que será dirigido por una Comisión Directiva, integrada por tres comisionados y una secretaría general. De una lista de seis candidatos, el Presidente nombrará a los integrantes.
El transporte terrestre se clasificará en varios sectores
Bajo la nueva legislación, el servicio de transporte se dividirá en:
1. Urbano que puede ser regular, rápido, ejecutivo, buses de transporte rápido (BTR), y otros sistemas de transporte masivo que en el futuro pudieran implementarse.
2. Interurbano que puede ser regular, directo y ejecutivo.
3. Taxis, cuya explotación se hará mediante las modalidades de punto, de barrido, servicio ejecutivo y servicio de radiotaxi.
4. Carga que puede ser especializada y no especializada
5.-Internacional que puede ser de personas y de carga.
INTTH fijará las tarifas basado en estudios y costos operativos
Las tarifas del servicio de pasajeros y carga serán establecidas por el INTTH en razón de la prestación del servicio público por parte del concesionario, tomando en cuenta las diferentes variables de los costos de operación específicos, tales como depreciación de las unidades, combustibles y lubricantes, seguro vehicular obligatorio, costo por peajes, cargas tributarias y tasas, entre otras, así como en consideración de una utilidad razonable y acorde a la realidad nacional, que el concesionario deba percibir como retribución a la inversión y para ello se hará un reglamento de tarifas.
Se crean juzgados especiales para delitos contra transporte
Frente a la escalada de violencia que enfrenta la actividad del transporte, en la nueva ley se crea un novedoso sistema de seguridad compuesto por circuitos de cámaras, botones de pánico, mecanismos de monitoreo de la unidades mediante sistemas de posicionamiento global GPS y tarjetas prepago en las unidades de buses.
Además se crean fiscales nacionales o jueces con jurisdicción nacional para atender de manera especial los delitos que se cometen en el transporte público, para atacar con ello la impunidad, persiguiendo como meta la seguridad de los usuarios.
