A mediados de 2016 comenzará a operar el nuevo sistema de cobro en el servicio del transporte urbano a través de tarjetas prepagadas, con lo cual se busca reducir los asaltos y las muertes causadas por la delincuencia común y los extorsionadores que mantienen en zozobra a la población.
Por lo pronto, el Congreso Nacional está convocado el 8 de diciembre próximo para aprobar en su tercer y último debate de la nueva Ley de Transporte Terrestre, con la cual se pretende regular y modernizar este caótico sector laboral marcado por la inseguridad, la corrupción, la anarquía y un pésimo servicio en detrimento de miles de hondureños.
Esta iniciativa ya fue aprobada en un primer debate por los diputados; sin embargo, la continuidad de la discusión se había entrampado a raíz de las nuevas observaciones que han formulado los empresarios del transporte.
A raíz de la última masacre ocurrida en el sector de Choloma en la que murieron ocho conductores, despachadores y ayudantes de la terminal de buses de la zona de la López Arellano, la pronta aprobación de esta normativa ha vuelto al tapete de discusión.
De hecho, el presidente Juan Orlando Hernández pidió el jueves de esta semana que se agilice la discusión y aprobación de la ley para reducir la alta incidencia de asesinatos a causa del cobro del “impuesto de guerra” por parte de grupos criminales.
Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) indicó que hasta mayo de 2015, al menos 50 personas perdieron la vida y otras 25 resultaron heridas en unidades de buses.
Entre las víctimas figuran unos 17 conductores, una docena de ayudantes, cerca de 20 pasajeros y unos cuatro propietarios.
Tarjetas
Miguel Edgardo Martínez, presidente de la Comisión de Transporte del Congreso, adelantó que hay avances importantes para implementar el nuevo sistema de cobro a través de tarjetas en el transporte urbano, inicialmente en los buses y después en el servicio de taxis.
Explicó que la nueva Ley de Transporte contiene varias disposiciones, comenzando con el lo referente al registro y legalización de toda la flota vehicular, puesto que si no se conoce quiénes son los dueños y los motoristas, no se puede garantizarse la seguridad de los usuarios.
Luego viene la implementación de las tarjetas prepagadas para que los motoristas y usuarios no porten dinero en efectivo que los haga vulnerables a los delincuentes y extorsionadores.
“Con esto el conductor ya no va a manejar dinero en efectivo y con esto se pretende controlar el delito de la extorsión”, dijo.
Paralelamente se implementarán los botones de pánico y un sistema de posicionamiento global o GPS conectado directamente a la Policía para que pueda en tiempo real ubicar la unidad de transporte y actuar con equipos de reacción inmediata.
“La idea por ahorita es poner cámaras y seguridad en las terminales”, apuntó.
Recargables
Con respecto al uso de tarjetas prepagadas, explicó que esta modalidad funcionará de forma similar a una tarjeta de servicios de telefonía móvil que podrá recargarse en negocios autorizados o en las terminales de transporte urbano.
Las tarjetas tendrán diferentes precios en función de la capacidad económica y la regularidad con la que los usuarios utilizan el servicio de transporte público. Habrá de 10, 20, 50 y hasta 100 lempiras.
Martínez explicó que en los buses estará instalado un sistema parecido a un POS (Point of Sales) en el cual se pasará la tarjeta y este debitará el monto del viaje hasta agotar el saldo existente.
“Por cada vez que el cliente utilice el bus se le irá debitando la cantidad y ese dinero irá directamente a un banco y posteriormente se le acreditará al transportista”, detalló.
Con esto, el motorista y el transportista no manejará dinero en efectivo, sino que todo estará en una cuenta de banco.
El parlamentario aclaró que se estudia utilizar este mismo sistema en los taxis; pero de inmediato solo está dirigido a los buses. Por ahora ya hay varias empresas que han mostrado interés de proporcionar este servicio, incluso hay algunas que ya han ofertado.
“Nosotros pensamos que un tiempo máximo de unos seis meses estará implementado el nuevo sistema, de cobro, una vez que sea aprobada y publicada la ley”, dijo.
Nelson Fernández, dirigente del transporte de la zona norte, aplaudió la medida y recordó que este es un mecanismo que el sector transporte ya había propuesto para controlar el delito de la extorsión.
“Felicito al Presidente, me ha gustado la determinación que ha tomado, nomás que hay que corregir algunas cosas en la Ley de Transporte en vista que se han manoseado 50 artículos, esperamos que se haga y se retome el proyecto que se socializó con nosotros”, dijo.
Fernández recomendó que las tarjetas prepago sean manejadas directamente por los transportistas y no por empresas nacionales o extranjeras.
“Si se hace así al final quien va a pagar es el pueblo, por eso lo queremos hacer nosotros directamente”, finalizó .
