Tegucigalpa, Honduras.
El trabajo de revisión y análisis de expedientes de las siete personas solicitadas en extradición por Estados Unidos ya se está ejecutando por los dos jueces designados por el Poder Judicial.
El receso que gozan los empleados de la Corte Suprema de Justicia no afectará la labor de ambos magistrados, quienes buscan tener los resultados del análisis de los expedientes lo más pronto posible.
En caso que los acusados presenten méritos de ser extraditados, en los próximos días se emitirán las órdenes de captura en contra de las personas solicitadas por Estados Unidos.
Asimismo, se librarán las alertas migratorias para que las siete personas señaladas no puedan salir del país.
En caso de que algunos acusados ya hayan abandonado el país, los jueces competentes procederán a ordenar las alertas migratorias y la Policía Internacional (Interpol) les darán persecución.
Los jueces fueron designados el miércoles por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, convocó a una reunión extraordinaria para elegir entre los 15 magistrados a las personas que tienen la responsabilidad de conocer las solicitudes de extradición.
Al finalizar la reunión, que duró aproximadamente tres horas, se conoció que un solo magistrado estará a cargo del caso de los seis oficiales de la Policía Nacional que son acusados por el gobierno norteamericano por estar vinculados con tráfico de drogas.
Los policías acusados son Mario Guillermo Mejía Vargas, Juan Manuel Ávila Meza, Carlos José Zavala Velásquez, Víctor Oswaldo López Flores, Jorge Alfredo Cruz Chávez y Ludwig Criss Zelaya Romero.
La acusación contra los uniformados trascendió el 30 de junio por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Por otra parte, en la reunión del pleno de magistrados se designó al juez que llevará el caso del empresario hondureño Sixto Obed Argueta García.
Los diputados del Congreso Nacional consideran que el Poder Judicial debe actuar rápido sobre las solicitudes de extradición.
“Una vez que se les dieron las solicitudes a los jueces de manera inmediata, no es necesario esperar a que termine el receso para que se emitan las órdenes de captura y lo lógico es que ya lo hicieran”, declaró el diputado prosecretario de la Comisión de Defensa y Seguridad del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
Los seis exoficiales solicitados por Estados Unidos para ser extraditados por presuntamente estar involucrados en el tráfico de drogas, estaban en el país cuando fueron cancelados por la Comisión de Depuración.
Omar Rivera, miembro de la Comisión de Depuración, dijo que “actualmente desconocen dónde se encuentran los seis expolicías, pero previo a su cancelación estaban en el territorio nacional”.
“Hasta que ellos fueron evaluados, cuando se tomó la decisión para cancelarlos, hasta ese momento, según entiendo, sí estaban en el país”, enfatizó Rivera.
El depurador recordó que como Comisión no tienen la facultad de emitir acusaciones ni de enjuiciar a ninguno de los miembros de la institución policial, pues fueron nombrados para hacer el proceso de evaluación, por lo que son las otras entidades del Estado, como ser el Ministerio Público y el Poder Judicial, los que deben realizar esas diligencias.
El trabajo de revisión y análisis de expedientes de las siete personas solicitadas en extradición por Estados Unidos ya se está ejecutando por los dos jueces designados por el Poder Judicial.
El receso que gozan los empleados de la Corte Suprema de Justicia no afectará la labor de ambos magistrados, quienes buscan tener los resultados del análisis de los expedientes lo más pronto posible.
En caso que los acusados presenten méritos de ser extraditados, en los próximos días se emitirán las órdenes de captura en contra de las personas solicitadas por Estados Unidos.
| 100,000
Dólares cada uno
Recibieron los seis expolicías para permitir el paso de la droga por Honduras procedente de Venezuela y Colombia hacia Estados Unidos, según las investigaciones.
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En caso de que algunos acusados ya hayan abandonado el país, los jueces competentes procederán a ordenar las alertas migratorias y la Policía Internacional (Interpol) les darán persecución.
Los jueces fueron designados el miércoles por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, convocó a una reunión extraordinaria para elegir entre los 15 magistrados a las personas que tienen la responsabilidad de conocer las solicitudes de extradición.
Al finalizar la reunión, que duró aproximadamente tres horas, se conoció que un solo magistrado estará a cargo del caso de los seis oficiales de la Policía Nacional que son acusados por el gobierno norteamericano por estar vinculados con tráfico de drogas.
Los policías acusados son Mario Guillermo Mejía Vargas, Juan Manuel Ávila Meza, Carlos José Zavala Velásquez, Víctor Oswaldo López Flores, Jorge Alfredo Cruz Chávez y Ludwig Criss Zelaya Romero.
La acusación contra los uniformados trascendió el 30 de junio por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Por otra parte, en la reunión del pleno de magistrados se designó al juez que llevará el caso del empresario hondureño Sixto Obed Argueta García.
Los diputados del Congreso Nacional consideran que el Poder Judicial debe actuar rápido sobre las solicitudes de extradición.
“Una vez que se les dieron las solicitudes a los jueces de manera inmediata, no es necesario esperar a que termine el receso para que se emitan las órdenes de captura y lo lógico es que ya lo hicieran”, declaró el diputado prosecretario de la Comisión de Defensa y Seguridad del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
Los seis exoficiales solicitados por Estados Unidos para ser extraditados por presuntamente estar involucrados en el tráfico de drogas, estaban en el país cuando fueron cancelados por la Comisión de Depuración.
Omar Rivera, miembro de la Comisión de Depuración, dijo que “actualmente desconocen dónde se encuentran los seis expolicías, pero previo a su cancelación estaban en el territorio nacional”.
“Hasta que ellos fueron evaluados, cuando se tomó la decisión para cancelarlos, hasta ese momento, según entiendo, sí estaban en el país”, enfatizó Rivera.
El depurador recordó que como Comisión no tienen la facultad de emitir acusaciones ni de enjuiciar a ninguno de los miembros de la institución policial, pues fueron nombrados para hacer el proceso de evaluación, por lo que son las otras entidades del Estado, como ser el Ministerio Público y el Poder Judicial, los que deben realizar esas diligencias.
