Tegucigalpa, Honduras.
El veto presidencial a las reformas a la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito obedeció a que contenía vicios de inconstitucionalidad por cuanto el Congreso Nacional no consultó previamente a la Corte Suprema de Justicia como manda la carta magna cuando se trata de la modificación de un código de la república.
Además, el Poder Ejecutivo consideró que la ley ha sido vital en la reducción de la tasa de homicidios y en la lucha contra el crimen organizado, y sus reformas hubiesen significado un retroceso en la lucha contra la criminalidad internacional y el fortalecimiento de estos grupos que operan al margen de la ley.
Asimismo, hubiera implicado afectar las calificaciones de riesgo país con el consiguiente aumento en las tasas de interés y el cierre de las puertas del crédito con organismos financieros internacionales.
Estos, entre otros, fueron algunos de los razonamientos que el titular del Poder Ejecutivo anexó al veto presidencial del decreto 30-2018 que contiene las reformas a la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, aprobadas el pasado 20 de marzo por el pleno del Poder Legislativo.
En conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, presentó los gráficos de reducción de la violencia desde que entró en vigor la citada normativa y expuso los puntos más relevantes del documento de 12 páginas que anoche mismo se envió a la secretaría del Congreso Nacional.
Díaz recordó que cuando la ley se aprobó se hicieron las consultas pertinentes a la Corte Suprema de Justicia y se determinó que esta legislación es congruente con convenios y tratados internacionales en materia de extinción de dominio.
Posteriormente pasó el examen cuando la Sala Constitucional resolvió un recurso de inconstitucionalidad en el que concluyó que la norma está en armonía con la Constitución de la República y los tratados internacionales.
Por consiguiente, Díaz dijo que esta ley es esencial para combatir el crimen organizado.
Añadió que en las consultas que se hicieron a expertos y varios sectores de la sociedad se concluyó que en algunos casos concretos existe cierta desproporcionalidad en la aplicación de las medidas, de privación de dominio, por lo que amerita revisar aspectos que no afecten la dignidad del ser humano.
En ese contexto, el Poder Ejecutivo está consciente que a nivel internacional ha habido avances para ajustar la normativa de la institución de privación de dominio de bienes de origen ilícito, como la existencia de la Ley Modelo Sobre Extinción de Dominio y que es necesario ajustar a la normativa interna.
Por lo anterior, el Presidente de la república propuso en su exposición que la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal analice la armonización de la Ley de Extinción de Dominio de Bienes de Origen Ilícito en vigencia y que se escuche a los diferentes sectores de la sociedad civil, especialmente a aquellos relacionados con la justicia.
El veto presidencial a las reformas a la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito obedeció a que contenía vicios de inconstitucionalidad por cuanto el Congreso Nacional no consultó previamente a la Corte Suprema de Justicia como manda la carta magna cuando se trata de la modificación de un código de la república.
Además, el Poder Ejecutivo consideró que la ley ha sido vital en la reducción de la tasa de homicidios y en la lucha contra el crimen organizado, y sus reformas hubiesen significado un retroceso en la lucha contra la criminalidad internacional y el fortalecimiento de estos grupos que operan al margen de la ley.
Asimismo, hubiera implicado afectar las calificaciones de riesgo país con el consiguiente aumento en las tasas de interés y el cierre de las puertas del crédito con organismos financieros internacionales.
Estos, entre otros, fueron algunos de los razonamientos que el titular del Poder Ejecutivo anexó al veto presidencial del decreto 30-2018 que contiene las reformas a la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, aprobadas el pasado 20 de marzo por el pleno del Poder Legislativo.
En conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, presentó los gráficos de reducción de la violencia desde que entró en vigor la citada normativa y expuso los puntos más relevantes del documento de 12 páginas que anoche mismo se envió a la secretaría del Congreso Nacional.
Díaz recordó que cuando la ley se aprobó se hicieron las consultas pertinentes a la Corte Suprema de Justicia y se determinó que esta legislación es congruente con convenios y tratados internacionales en materia de extinción de dominio.
Posteriormente pasó el examen cuando la Sala Constitucional resolvió un recurso de inconstitucionalidad en el que concluyó que la norma está en armonía con la Constitución de la República y los tratados internacionales.
Por consiguiente, Díaz dijo que esta ley es esencial para combatir el crimen organizado.
Añadió que en las consultas que se hicieron a expertos y varios sectores de la sociedad se concluyó que en algunos casos concretos existe cierta desproporcionalidad en la aplicación de las medidas, de privación de dominio, por lo que amerita revisar aspectos que no afecten la dignidad del ser humano.
En ese contexto, el Poder Ejecutivo está consciente que a nivel internacional ha habido avances para ajustar la normativa de la institución de privación de dominio de bienes de origen ilícito, como la existencia de la Ley Modelo Sobre Extinción de Dominio y que es necesario ajustar a la normativa interna.
Por lo anterior, el Presidente de la república propuso en su exposición que la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal analice la armonización de la Ley de Extinción de Dominio de Bienes de Origen Ilícito en vigencia y que se escuche a los diferentes sectores de la sociedad civil, especialmente a aquellos relacionados con la justicia.
