Tegucigalpa, Honduras.
La introducción ayer en el Congreso Nacional de un proyecto de reformas a la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito encaminado a proteger a funcionarios investigados por malversación de caudales públicos fue condenado por varios sectores, ya que consideran que solo fomentaría la impunidad.
Esta iniciativa la introdujo el diputado Denis Castro Bobadilla, del Partido Alianza Patriótica Hondureña, que lidera Romeo Vásquez Velásquez.
El proyecto lo presentaron días después de que la Oficina Administradora de Bienes Incautados ( Oabi) le incautara 11 bienes a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, encarcelada por suponerla responsable de haberse apropiado de fondos públicos cuando ocupó ese cargo en el período 2010-2014.
Lo que se pretende es reformar por adición los artículos 2, 3, 33, 55 y 70 de la ley, así como la modificación del artículo 78 y la derogación del artículo 80. La reforma plantea que cuando a funcionarios se les investigue por malversación de caudales se les prive solo de los bienes obtenidos a través de los caudales malversados y a partir de la fecha en que tomaron posesión del cargo, conforme al monto de lo malversado y mediante sentencia firme y condenatoria.
“Si hay cosas que hay que corregir para mejorarlas hay que hacerlo, pero no se vale estar haciendo leyes para los demás y cuando las leyes nos perjudican a nosotros ahora cambiémosla para que no me perjudique a mí; eso no se vale, eso es jugar con el poder”, cuestionó el diputado Jorge Cálix, del Partido Libertad y Refundación (Libre). Por su lado, Odir Fernández, jefe de la Unidad de Investigación y Seguimiento del Consejo Nacional Anticorrupción, lamentó que un sector del Congreso pretenda reformar el cuerpo jurídico porque “ya se comenzó a sentir que la Ley de Privación de Dominio le está afectando a muchos políticos”.
El analista político Raúl Pineda reconoció que la actual ley es contraria al principio constitucional de estado de inocencia porque despoja de bienes sin haber una sentencia firme; sin embargo, se pronunció en contra de que la corrupción sea excluida vía reforma en el Congreso.
La introducción ayer en el Congreso Nacional de un proyecto de reformas a la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito encaminado a proteger a funcionarios investigados por malversación de caudales públicos fue condenado por varios sectores, ya que consideran que solo fomentaría la impunidad.
Esta iniciativa la introdujo el diputado Denis Castro Bobadilla, del Partido Alianza Patriótica Hondureña, que lidera Romeo Vásquez Velásquez.
El proyecto lo presentaron días después de que la Oficina Administradora de Bienes Incautados ( Oabi) le incautara 11 bienes a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, encarcelada por suponerla responsable de haberse apropiado de fondos públicos cuando ocupó ese cargo en el período 2010-2014.
Lo que se pretende es reformar por adición los artículos 2, 3, 33, 55 y 70 de la ley, así como la modificación del artículo 78 y la derogación del artículo 80. La reforma plantea que cuando a funcionarios se les investigue por malversación de caudales se les prive solo de los bienes obtenidos a través de los caudales malversados y a partir de la fecha en que tomaron posesión del cargo, conforme al monto de lo malversado y mediante sentencia firme y condenatoria.
“Si hay cosas que hay que corregir para mejorarlas hay que hacerlo, pero no se vale estar haciendo leyes para los demás y cuando las leyes nos perjudican a nosotros ahora cambiémosla para que no me perjudique a mí; eso no se vale, eso es jugar con el poder”, cuestionó el diputado Jorge Cálix, del Partido Libertad y Refundación (Libre). Por su lado, Odir Fernández, jefe de la Unidad de Investigación y Seguimiento del Consejo Nacional Anticorrupción, lamentó que un sector del Congreso pretenda reformar el cuerpo jurídico porque “ya se comenzó a sentir que la Ley de Privación de Dominio le está afectando a muchos políticos”.
El analista político Raúl Pineda reconoció que la actual ley es contraria al principio constitucional de estado de inocencia porque despoja de bienes sin haber una sentencia firme; sin embargo, se pronunció en contra de que la corrupción sea excluida vía reforma en el Congreso.
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