Tegucigalpa, Honduras.
El proyecto de decreto contra las campañas y mensajes de odio y discriminación en Internet no contiene ninguna iniciativa para regular o controlar las redes sociales o la Internet, sino que crea un Comité de Ciberseguridad que recibirá las denuncias de afectados por algún caso de campañas de odio o discriminación o por otro tipo de delitos tipificados en el nuevo Código Penal.
Así lo ratificaron los miembros de la Comisión de Dictamen luego de reunirse con representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, la academia y del sector empresarial.
En conferencia de prensa, la comisión explicó que con la ley se crea un consejo consultivo integrado por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Consejo Superior Universitario y otras organizaciones de la sociedad civil. Aclararon que el comité consultivo no regulará nada, solo atenderá las denuncias que presenten los afectados; pero no se incluye ninguna iniciativa para regular o controlar redes sociales o páginas de Internet.
Procedimientos
Los miembros de la Comisión de Dictamen Gerardo Martínez Pineda, Johana Bermúdez Lacayo y Nelson Javier Vásquez Euceda detallaron que la persona que se sienta agraviada y perjudicada por ese tipo de delitos cibernéticos, como campañas de odio, discriminación, clonación de páginas, suplantación de identidad, fraude financiero por Internet, pornografía o cualquier otro delito ya tipificado en el nuevo Código Penal van a poder acudir a la Comisión Nacional de Ciberseguridad adonde se le va a atender.
La Comisión Nacional de Ciberseguridad estará integrada por las Secretarías de Seguridad, Defensa, Finanzas, Conatel, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Banco Central de Honduras (BCH), Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y la Dirección de Marina Mercante.
En la reunión participaron representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámara), Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Asociación Nacional de Industriales (Andi), Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) y oenegés.
El presidente de la Comisión de Dictamen, Gerardo Martínez, enfatizó en que el espíritu de la ley es crear la Comisión Nacional de Ciberseguridad y así poder dar respuesta a toda la ciudadanía en lo que respecta a los delitos cibernéticos.
Martínez aseguró que la ley no se está dictaminando a la carrera, sino que se está socializando con medios de comunicación, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ( Conatel), oenegés, operadores de IP como Tigo, Claro y Hondutel, sociedad civil, empresarios y todos los sectores involucrados porque el objetivo es enriquecer la ley y dejarla de la mejor manera.
Reiteró que la aplicación de la ley “va a ser por denuncia del perjudicado y no de oficio, y tampoco vamos a regularle a nadie lo que va a poner en sus redes sociales porque es responsabilidad de cada quien lo que va a poner en redes sociales, aquí no hay ley mordaza, aquí tampoco estamos coartando garantías constitucionales a nadie, más bien como lo establecen los pactos internacionales de derechos humanos, nuestro compromiso como Gobierno es darles seguridad a la ciudadanía y al pueblo que es a quien nos debemos”.
El proyecto de decreto contra las campañas y mensajes de odio y discriminación en Internet no contiene ninguna iniciativa para regular o controlar las redes sociales o la Internet, sino que crea un Comité de Ciberseguridad que recibirá las denuncias de afectados por algún caso de campañas de odio o discriminación o por otro tipo de delitos tipificados en el nuevo Código Penal.
Así lo ratificaron los miembros de la Comisión de Dictamen luego de reunirse con representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, la academia y del sector empresarial.
En conferencia de prensa, la comisión explicó que con la ley se crea un consejo consultivo integrado por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Consejo Superior Universitario y otras organizaciones de la sociedad civil. Aclararon que el comité consultivo no regulará nada, solo atenderá las denuncias que presenten los afectados; pero no se incluye ninguna iniciativa para regular o controlar redes sociales o páginas de Internet.
Procedimientos
Los miembros de la Comisión de Dictamen Gerardo Martínez Pineda, Johana Bermúdez Lacayo y Nelson Javier Vásquez Euceda detallaron que la persona que se sienta agraviada y perjudicada por ese tipo de delitos cibernéticos, como campañas de odio, discriminación, clonación de páginas, suplantación de identidad, fraude financiero por Internet, pornografía o cualquier otro delito ya tipificado en el nuevo Código Penal van a poder acudir a la Comisión Nacional de Ciberseguridad adonde se le va a atender.
La Comisión Nacional de Ciberseguridad estará integrada por las Secretarías de Seguridad, Defensa, Finanzas, Conatel, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Banco Central de Honduras (BCH), Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y la Dirección de Marina Mercante.
En la reunión participaron representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámara), Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Asociación Nacional de Industriales (Andi), Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) y oenegés.
El presidente de la Comisión de Dictamen, Gerardo Martínez, enfatizó en que el espíritu de la ley es crear la Comisión Nacional de Ciberseguridad y así poder dar respuesta a toda la ciudadanía en lo que respecta a los delitos cibernéticos.
Martínez aseguró que la ley no se está dictaminando a la carrera, sino que se está socializando con medios de comunicación, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ( Conatel), oenegés, operadores de IP como Tigo, Claro y Hondutel, sociedad civil, empresarios y todos los sectores involucrados porque el objetivo es enriquecer la ley y dejarla de la mejor manera.
Reiteró que la aplicación de la ley “va a ser por denuncia del perjudicado y no de oficio, y tampoco vamos a regularle a nadie lo que va a poner en sus redes sociales porque es responsabilidad de cada quien lo que va a poner en redes sociales, aquí no hay ley mordaza, aquí tampoco estamos coartando garantías constitucionales a nadie, más bien como lo establecen los pactos internacionales de derechos humanos, nuestro compromiso como Gobierno es darles seguridad a la ciudadanía y al pueblo que es a quien nos debemos”.
