Tegucigalpa, Honduras.
Los pagos irregulares a abogados por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) alcanzan entre 20 y 25 millones de lempiras, informó Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público.
Estas contrataciones y pagos exorbitantes estuvieron rodeados de irregularidades, dejando un desfalco millonario en esta institución de pensiones.
Esta contratación de juristas fue confirmada en un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), en el que establece que los contratos fueron rubricados en las administraciones de Lucio Izaguirre (2006-2010) y Andrés Torres Rodríguez (2010-2014).
La investigación se refiere específicamente a la contratación anómala de los abogados César Augusto Girón Lanza, Ángel Irías Rodezno y Norman Torres Herrera para litigar en los tribunales de justicia en representación del Injupemp en diferentes demandas relacionadas con la recuperación de predios y otras querellas administrativas.
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Las contrataciones no se justificaban porque el Injupemp cuenta con un departamento de asistencia legal que están facultados para litigar en representación de la institución. Además se violentaron normas y disposiciones presupuestarias y administrativas internas.
“Nosotros ya habíamos comenzado 14 líneas de investigación en el Injupemp, una de ellas ya está judicializada, que es la de los bonos soberanos. Otra es la de la contratación de abogados que ya está por concluir y estamos hablando de seis profesionales del Derecho que están siendo investigados y el monto oscila entre 20 y 25 millones de lempiras”, detalló Cálix.
La funcionaria reconoció que han contado con la colaboración del personal del Departamento de Asesoría Legal; asimismo, han tomado declaraciones en sedes administrativas de la institución.
En el caso del informe del TSC, expuso que este es tomado en cuenta por la Fiscalía y refuerza la investigación.
Responsabilidad
De igual manera, Alva Rivera, secretaria general del TSC, exteriorizó que se han originado los pliegos de responsabilidad para las personas involucradas que permitieron la contratación de los abogados.
En cuanto a los delitos que se pueden deducir en este caso, dijo que “el ilícito que aquí se pudo cometer deberá ser el Ministerio Público que lo dicte. Yo considero que en este caso el delito que cabe es el de abuso de autoridad”.
