Tegucigalpa, Honduras.
Las contrataciones y millonarios pagos de abogados privados estuvieron plagados de irregularidades y provocaron un perjuicio económico de 16.7 millones de lempiras en contra del patrimonio del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp), lo que viene a confirmar la podredumbre en ese organismo de previsión social.
Este es uno de los principales hallazgos de una amplia investigación especial efectuada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), concerniente a la contratación de litigantes externos durante las administraciones de Lucio Izaguirre (2006-2010) y Andrés Torres Rodríguez (2010-2014), a cuyo contenido tuvo acceso exclusivo LA PRENSA.
Los descubrimientos efectuados por este organismo contralor fueron notificados el viernes pasado al Ministerio Público para que emprenda las acciones judiciales correspondientes, en vista que de los mismos se derivaron pliegos de responsabilidades civiles y penales en contra de los principales implicados.
El informe viene a confirmar las investigaciones de corrupción en el Injupemp realizadas por Diario LA PRENSA y que comenzaron en febrero pasado con una publicación que reveló la compra irregular de bonos por 250 millones de lempiras a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), transacción que causó un perjuicio de 5.4 millones de lempiras.
Posteriores publicaciones de este Diario sacaron a luz la millonaria contratación de abogados externos, la compra de lujosos relojes para miembros de la junta directiva, inversiones anómalas en el proyecto habitacional Ciudad Tecnológica Rosa Elena de Lobo y la permuta de un terreno que causó un daño económico de 10 millones de lempiras, entre otros hechos.
Desde febrero, LA PRENSA sacó a luz una serie de escándalos de corrupción en el Injupemp que han dado pie a profundas investigaciones por el Ministerio Público y el Consejo Nacional Anticorrupción. Hay varios procesos en marcha y ya se ha señalado con nombres a los responsables.
Crónica de los hechos
Los resultados de la contrata de litigantes están en tres informes, cuyo contenido, conclusiones y recomendaciones fueron entregados al fiscal general de la República, Óscar Fernando Chinchilla, para que entable los requerimientos fiscales, y a la directora del Injupemp, Martha Doblado, para que haga las enmiendas internas a fin de que esos hechos no vuelvan a suceder.
La investigación se refiere concretamente a la contratación anómala de los abogados César Augusto Girón Lanza, Ángel Irías Rodezno y Norman Torres Herrera para litigar en los tribunales de justicia en representación del Injupemp en diferentes demandas relacionadas con la recuperación de predios y otras querellas administrativas.
Del análisis de los documentos del TSC efectuado por el equipo periodístico de LA PRENSA se concluyó que la contratación de los profesionales del Derecho estuvo plagada de anomalías y causó un grave daño económico al patrimonio de la institución que ascendió a cerca de 17 millones de lempiras.
Las contrataciones no se justificaban porque el Injupemp cuenta con un departamento de asistencia legal compuesto por una planilla de más de 12 profesionales del Derecho que estaban facultados para litigar en representación de la institución. Además se violentaron normas y disposiciones presupuestarias y administrativas internas.
También se descubrió que hubo actuaciones irregulares para favorecer a los litigantes en detrimento de la institución por parte de la dirección ejecutiva y la junta directiva, que encabezaban en ese momento Andrés Torres Rodríguez y Carlos Montes Rodríguez, respectivamente. Este último está acusado por el desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
De acuerdo con el organismo contralor, las contrataciones de los litigantes se hicieron sin el debido respaldo presupuestario, con el agravante que se pagaron millonarios anticipos sin que hubiesen concluido las gestiones legales y se haya logrado sentencia.
Se detectó que las autoridades incurrieron en los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles y fraude.
