San Pedro Sula, Honduras.
Después de desarticular organizaciones criminales con una batalla que duró cuatro años, ahora el Gabinete de Seguridad y Defensa prepara una nueva estrategia para pulverizar los remanentes y células en formación de carteles, bandas, maras o pandillas.
La nueva ofensiva tiene como gran objetivo reducir mucho más los homicidios por cada 100,000 habitantes (de 86.5 en 2011 pasó a 42.76 en 2017), desaparecer la extorsión y recuperar algunos espacios que aún son controlados por miembros de organizaciones criminales, como la MS-13 y la Barrio 18.
A finales de esta semana, el Gabinete de Seguridad y Defensa le presentará una propuesta de la estrategia al presidente Juan Orlando Hernández, la cual incluirá un plan de inversiones para expandir el nuevo sistema penitenciario y ejecutar operaciones contra extorsionadores y narcotraficantes.
La nueva maniobra plantea la terminación del centro pedagógico para menores infractores ubicado en la comunidad de Jalteva, a 60 kilómetros de Tegucigalpa, el cual es llamado popularmente El Pocito por cierta similitud con la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara.
En este nuevo centro pedagógico permanecerán recluidos los menores de 18 años (que ha cometido infracciones a ley) mientras participan en un proceso de
rehabilitación y reinserción social.
En este plan, el Gabinete tambié incluye la construcción de dos edificios para custodios y fuerzas de reacción de las cárceles de Ilama, en Santa Bárbara, y Morocelí, en El Paraíso, “y el complejo industrial penitenciario en Naco, que son tres cárceles en una”, adelantó en una entrevista con LA PRENSA Luis Suazo, subsecretario de Seguridad.
“Estamos trabajando en una nueva estrategia integral contra grupos criminales organizados, dentro de estos, la MS. No quiere decir que solo sea contra la MS. Es una estrategia integral que tiene una parte para maras y tiene otra parte contra el narcotráfico”, afirma.
Entre 2014 y 2017, la estrategia que le permitió al Gobierno someter a los grupos criminales tuvo como base la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional ( Fusina), puesto que en ese período desmanteló 425 bandas, capturó a 2,668 extorsionadores e incautó a 17,800 kilos de cocaína y más de 148,000 libras de marihuana.
La MS-13 y la 18, que en la década pasada eran organizaciones poderosas, “han perdido operatividad”, sin embargo, a juicio de Suazo, el Gobierno “hará un esfuerzo más para controlarlas”.
En 2016, el Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), creada dentro de la estrategia pasada, ejecutaron la operación Avalancha, que culminó con la captura de líderes y cerebros de la MS-13, entre ellos un alcalde, exmiembros de la Policía Nacional, abogados y estudiantes universitarios.
Estos individuos ahora se encuentran recluidos en las dos cárces de máxima seguridad (Ilama y Moroceli) y, por estar en condiciones de un verdedero confinamiento, perdieron la comunicación con miembros de sus organizaciones y, consecuentemente, la capacidad de maniobrar en las calles de las urbes.
La operación Avalancha sacudió y derrumbó el andamiaje de lavado de activos de esta poderosa mafia al incautarle bienes valorados en más de L500 millones.
Actualmente, las autoridades buscan a David Elías Campbell por considerarlo líder de la MS-13. A este sujeto le han incautado autolotes, hospitales, viviendas, entre otros bienes.
La siguiente semana, el presidente Hernández, una vez que realice el análisis del borrador con los otros miembros de su Gobierno y agregue algunos planes que él considere pertinentes, anunciará y pondrá en marcha la nueva campaña de seguridad.
Extorsión
En la próxima ofensiva, la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), la cual es parte de Fusina, potenciará las capacidades de investigación y acentuará sus operaciones en el sistema de transporte de pasajeros en las grandes ciudades.
Esa entidad tiene plenamente identificados a los actores de la extorsión, la logística y los sistemas de comunicaciones utilizados, incluidas algunas aplicaciones que usan para que, según ellos, las autoridades no los detecten.
De más de 2,000 extorsionadores que la FNA ha capturado, el 70% pertence a la pandilla Barrio 18 y el 30%, a la MS-13, esta segunda organización tiene una menor participación porque su actividad delictiva la ha replanteado hacia el narcomenudeo.
Con las aprehensiones, la FNA ha constatado que aproximadamente el 40% de los extorsionadores son menores de 18 años, quienes son considerados como infractores y no son recluidos en cárceles de máxima seguridad.
“El combate de las maras y pandilllas pasa por medidas integrales. Tienen que ver varios factores relacionados con la seguridad, como sistema. Hay que mantener el control del sistema penitenciario, atender el problema de los menores de edad, incrementar la medidades en el sector transporte que es uno de los rubros más afectados por el flagelo de la extorsión, vamos a seguir mejorando nuestras capacidades investigativas (...). Eso es parte de la nueva estrategia”, afirma Amílcar Hernández, jefe de la FNA. Hernández dice que la nueva ofensiva “seguirá cortando las estrategias de estos delincuentes”.
Después de desarticular organizaciones criminales con una batalla que duró cuatro años, ahora el Gabinete de Seguridad y Defensa prepara una nueva estrategia para pulverizar los remanentes y células en formación de carteles, bandas, maras o pandillas.
La nueva ofensiva tiene como gran objetivo reducir mucho más los homicidios por cada 100,000 habitantes (de 86.5 en 2011 pasó a 42.76 en 2017), desaparecer la extorsión y recuperar algunos espacios que aún son controlados por miembros de organizaciones criminales, como la MS-13 y la Barrio 18.
A finales de esta semana, el Gabinete de Seguridad y Defensa le presentará una propuesta de la estrategia al presidente Juan Orlando Hernández, la cual incluirá un plan de inversiones para expandir el nuevo sistema penitenciario y ejecutar operaciones contra extorsionadores y narcotraficantes.
La nueva maniobra plantea la terminación del centro pedagógico para menores infractores ubicado en la comunidad de Jalteva, a 60 kilómetros de Tegucigalpa, el cual es llamado popularmente El Pocito por cierta similitud con la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara.
| El año pasado, el Gobierno abrió dos cárceles de máxima seguridad para recluir a líderes de las maras.
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En este plan, el Gabinete tambié incluye la construcción de dos edificios para custodios y fuerzas de reacción de las cárceles de Ilama, en Santa Bárbara, y Morocelí, en El Paraíso, “y el complejo industrial penitenciario en Naco, que son tres cárceles en una”, adelantó en una entrevista con LA PRENSA Luis Suazo, subsecretario de Seguridad.
“Estamos trabajando en una nueva estrategia integral contra grupos criminales organizados, dentro de estos, la MS. No quiere decir que solo sea contra la MS. Es una estrategia integral que tiene una parte para maras y tiene otra parte contra el narcotráfico”, afirma.
Entre 2014 y 2017, la estrategia que le permitió al Gobierno someter a los grupos criminales tuvo como base la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional ( Fusina), puesto que en ese período desmanteló 425 bandas, capturó a 2,668 extorsionadores e incautó a 17,800 kilos de cocaína y más de 148,000 libras de marihuana.
| Con las nuevas cárceles se eliminaron los presidios de San Pedro Sula y Santa Bárbara y redujo la extorsión.
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En 2016, el Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), creada dentro de la estrategia pasada, ejecutaron la operación Avalancha, que culminó con la captura de líderes y cerebros de la MS-13, entre ellos un alcalde, exmiembros de la Policía Nacional, abogados y estudiantes universitarios.
Estos individuos ahora se encuentran recluidos en las dos cárces de máxima seguridad (Ilama y Moroceli) y, por estar en condiciones de un verdedero confinamiento, perdieron la comunicación con miembros de sus organizaciones y, consecuentemente, la capacidad de maniobrar en las calles de las urbes.
La operación Avalancha sacudió y derrumbó el andamiaje de lavado de activos de esta poderosa mafia al incautarle bienes valorados en más de L500 millones.
Actualmente, las autoridades buscan a David Elías Campbell por considerarlo líder de la MS-13. A este sujeto le han incautado autolotes, hospitales, viviendas, entre otros bienes.
La siguiente semana, el presidente Hernández, una vez que realice el análisis del borrador con los otros miembros de su Gobierno y agregue algunos planes que él considere pertinentes, anunciará y pondrá en marcha la nueva campaña de seguridad.
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En la próxima ofensiva, la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), la cual es parte de Fusina, potenciará las capacidades de investigación y acentuará sus operaciones en el sistema de transporte de pasajeros en las grandes ciudades.
Esa entidad tiene plenamente identificados a los actores de la extorsión, la logística y los sistemas de comunicaciones utilizados, incluidas algunas aplicaciones que usan para que, según ellos, las autoridades no los detecten.
De más de 2,000 extorsionadores que la FNA ha capturado, el 70% pertence a la pandilla Barrio 18 y el 30%, a la MS-13, esta segunda organización tiene una menor participación porque su actividad delictiva la ha replanteado hacia el narcomenudeo.
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“El combate de las maras y pandilllas pasa por medidas integrales. Tienen que ver varios factores relacionados con la seguridad, como sistema. Hay que mantener el control del sistema penitenciario, atender el problema de los menores de edad, incrementar la medidades en el sector transporte que es uno de los rubros más afectados por el flagelo de la extorsión, vamos a seguir mejorando nuestras capacidades investigativas (...). Eso es parte de la nueva estrategia”, afirma Amílcar Hernández, jefe de la FNA. Hernández dice que la nueva ofensiva “seguirá cortando las estrategias de estos delincuentes”.
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